La defensa de Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por huachicol fiscal, aseguró que los documentos hallados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el cateo a una bodega que el Vicealmirante rentaba no estaban firmados por él, sino por su tío político, el ex Secretario de Marina Rafael Ojeda.
La FGR informó el pasado lunes de una bodega en Ciudad de México allanada al mando de la Armada, en la que aseguró armas, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales, así como expedientes de altos mandos de la Marina.
El despacho de Epigmenio Mendieta, abogado de Farías, dijo este martes en un comunicado que insistirán en pedir que Ojeda sea citado a declarar como testigo en su proceso, en particular, para que aclare si recibió al Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo.
"Los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el ex Secretario de Marina", dijo la defensa.
"Rafael Ojeda Durán deberá comparecer, luego de que la defensa solicitara su declaración como testigo. La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al contralmirante Rubén Guerrero".
El abogado Epigmenio Mendieta informó también el lunes que sólo aseguraron una bayoneta modelo 1954, calibre 7.62, y un espadín que el Vicealmirante usaba en desfiles cuando era cadete.
En el comunicado, los defensores dijeron que la Fiscalía presentó como nuevo hallazgo el cateo de una bodega arrendada por Farías Laguna, aunque la orden judicial de allanamiento fue ejecutada el 1 de febrero de este año.
"La defensa solicita una carpeta de investigación íntegra y acceso a los documentos que obran en poder de la Secretaría de Marina. También pide revisar los criterios con los que se ordenaron las reservas o clasificaciones de seguridad nacional, particularmente respecto de aquella información que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos", agregó.
"La defensa sostiene que una estructura de contrabando de combustibles habría requerido superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de siete dependencias y entidades federales. Por ello, plantea que deben investigarse todas las líneas y determinarse la responsabilidad individual de cada involucrado, con debido proceso y acceso a la evidencia".
