Desde el Segundo Piso
Hace unos dias, Angela Davis estuvo en la UNAM.
La filósofa estadounidense, una de las voces más importantes del abolicionismo penal, llenó la Sala Miguel Covarrubias y desbordó otros espacios del Centro Cultural Universitario. Junto con Gina Dent presentó una idea provocadora: frente a sociedades que responden cada vez más al conflicto mediante policías, cárceles y castigo, necesitamos volver a imaginar qué instituciones podrían evitar que lleguemos hasta ahí.
Dent utilizó una frase particularmente pertinente para México: "colectivizar lo que se descolectiviza".
Porque quizá nuestra crisis no comienza en la cárcel. Comienza mucho antes.
En 2021 México registró 22 mil 654 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito. En 2024 fueron 35 mil 193: un incremento de 55.4 por ciento. Y la tendencia no se frena: solo entre 2023 y 2024 el aumento fue de 7.1 por ciento.
Aguascalientes terminó en el extremo de esa curva: 841 adolescentes imputados por cada 100 mil habitantes de 12 a 17 años, más de tres veces la tasa nacional de 259.
Imputado no significa culpable. Pero el crecimiento obliga a preguntar algo distinto de qué castigo merecen esos jóvenes: ¿qué ocurrió antes de que llegaran al Ministerio Público?
Aquí Davis resulta útil incluso para quienes no comparten la conclusión de abolir las cárceles. Su argumento central es que las sociedades terminan entregando al sistema penal problemas que antes fueron familiares, educativos, económicos, comunitarios o de salud mental. México debería escuchar esa advertencia.
Durante generaciones tuvimos una institución imperfecta pero extraordinariamente poderosa para producir pertenencia: la familia.
No una fotografía idealizada de padre, madre e hijos. La familia mexicana siempre fue más compleja: abuelos criando nietos, madres solas, tíos, hermanos, padrinos, vecinos y familias extendidas. Era una red.
Ahí alguien preguntaba por el joven que no regresaba. Los abuelos corregían, la tía cuidaba, los hermanos y primos acompañaban, y el vecino conocía al chamaco por su nombre.
También existían machismo, violencia y silencios que debían transformarse. Pero quizá cometimos un error: confundimos transformar la familia con volver innecesarias las funciones que cumplía. El dato es elocuente: ocho de cada diez adolescentes imputados en 2024 fueron hombres. Si la pertenencia y los límites no se construyen en otro lado, el viejo machismo que la familia debía desmontar encuentra hoy otras escuelas.
Mientras tanto, construimos otro ideal: el individuo autónomo, móvil, competitivo y productivo. “Aspiracionista”, quizá diría un ya clásico.
Un adolescente necesita sentir que pertenecer a una familia es importante.
Necesita descubrir que vale aunque todavía no produzca; que alguien lo espera; que existen límites porque existen vínculos. Y ahí aparece esa paradoja.
Mientras las redes familiares y comunitarias pierden tiempo y capacidad para acompañar, fortalecemos las instituciones que administran las consecuencias.
Por ejemplo, en Aguascalientes, mientras crecían los adolescentes imputados y persistían indicadores preocupantes de suicidio, la inversión estatal privilegió seguridad, patrullas, tecnología y equipamiento. La principal política pública del gobierno local ha sido "endurecer penas y crear nuevos delitos". El que la hace la paga, lo repiten como eslogan.
No significa que seguridad y cárcel sean innecesarias. Significa que llegan tarde.
El Estado no estuvo cuando el adolescente comenzó a aislarse. Cuando dejó la escuela. Cuando la violencia apareció en casa. Cuando desapareció la cancha.
Cuando encontró pertenencia en una pandilla o en una comunidad digital.
Pero finalmente aparece con una patrulla, deteniendo por el solo hecho de su apariencia y de parecer sospechoso.
Por eso resulta inquietante que en 2024 las lesiones desplazaran al robo como el delito más frecuente entre adolescentes. Hablamos, muchas veces, de conflictos interpersonales que terminan en golpes, amenazas y expedientes.
La discusión sobre seguridad tendría entonces que comenzar varios años antes del delito.
Una política familiar también es política de seguridad. Que padres y madres tengan tiempo para sus hijos es seguridad. Una escuela abierta por las tardes es seguridad.
Una cancha, cultura, atención psicológica y mediación comunitaria son seguridad.
Un abuelo disponible también puede ser seguridad. No necesitamos importar mecánicamente el modelo estadounidense ni el ahora tan admirado modelo Bukele. México tiene otra historia y otra violencia.
Antes de preguntarnos cuántos policías, delitos y años de cárcel necesitamos, preguntémonos qué instituciones tendríamos que reconstruir para necesitarlos menos.
Quizá esa sea la verdadera sutura mexicana. No regresar nostálgicamente a la familia de 1950, sino recuperar aquello que la modernidad no ha conseguido sustituir: cuidado, límites, responsabilidad, solidaridad intergeneracional y pertenencia.
Davis habló en la UNAM de imaginar una sociedad distinta. México podría comenzar con una pregunta mucho más sencilla:
¿Quién está encontrando primero a nuestros jóvenes?
¿La familia, la escuela y la comunidad?
¿O el algoritmo, la pandilla, el mercado y, finalmente, el Ministerio Público?
Sin duda, una sociedad que solo encuentra a sus jóvenes cuando tiene que castigarlos no tiene únicamente un problema de seguridad. Tiene un problema de pertenencia estructural que está arrojando a sus jóvenes a los abismos de la violencia.
Autor: Ricardo Heredia Duarte
