TransformAcción
México busca fortalecer su industria y recuperar el mercado interno, pero la empresa formal enfrenta mayores obligaciones, informalidad creciente, inseguridad, infraestructura insuficiente y una competencia global en plena reconfiguración.
México quiere producir más.
Quiere sustituir importaciones, fortalecer el mercado interno, elevar el contenido nacional, integrar a las MIPYMES en las cadenas de valor y aprovechar la reorganización industrial que está transformando la economía mundial.
El objetivo es correcto. El problema es que, mientras pedimos a la industria acelerar, buena parte del entorno productivo mantiene puesto el freno.
Producir formalmente en México significa enfrentar costos laborales crecientes, inseguridad, extorsión, financiamiento limitado, infraestructura insuficiente, disponibilidad desigual de energía y agua, incertidumbre regulatoria y una competencia informal que no asume las mismas obligaciones.
A ello se suman la negociación del T-MEC, una industria automotriz en plena reconfiguración y un nuevo proteccionismo global que está modificando las decisiones sobre dónde producir, abastecerse e innovar.
La contradicción resulta cada vez más difícil de ignorar: queremos una industria más fuerte, pero producir, contratar, invertir y crecer dentro de la formalidad se vuelve cada vez más complejo.
Proteger el mercado abre una oportunidad
México ha comenzado a modificar su política comercial. Los nuevos aranceles aplicables a productos provenientes de países con los que no tenemos acuerdos comerciales buscan contener prácticas desleales, reducir la dependencia de importaciones y recuperar espacios para la producción nacional.
De acuerdo con cifras presentadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, entre enero y mayo de 2026 las importaciones procedentes de China comprendidas en las 1,463 fracciones sujetas a los nuevos aranceles disminuyeron 28.4% en conjunto, respecto del mismo periodo de 2025. Al desagregar los resultados por sector, el funcionario reportó reducciones de 59% en calzado, 35% en automóviles ligeros, alrededor de 27% en electrodomésticos y 13.9% en textiles.
Es una señal relevante. Durante años, industrias nacionales como la textil, el calzado, la siderúrgica, la del vestido y distintos segmentos manufactureros compitieron contra mercancías subsidiadas, precios por debajo de referencias de mercado y esquemas de importación que erosionaron capacidades productivas y empleos.
Corregir esas distorsiones es necesario. Pero reducir importaciones no garantiza, por sí mismo, que la industria mexicana pueda ocupar el espacio que queda disponible.
Esa es la pregunta que debemos hacernos: si protegemos el mercado interno, ¿tenemos las empresas, el financiamiento, la tecnología, el talento y la infraestructura necesarios para abastecerlo competitivamente?
Los aranceles pueden abrir la puerta. La política industrial debe permitirnos cruzarla.
De lo contrario, corremos el riesgo de reducir importaciones sin desarrollar suficiente oferta nacional, trasladando el costo al consumidor o sustituyendo una dependencia por otra.
Una política comercial efectiva no termina en la frontera. Debe continuar dentro del país mediante financiamiento productivo, innovación, certificaciones, desarrollo de proveedores, compras nacionales estratégicas e infraestructura que permita a las empresas aumentar su capacidad.
Proteger no es aislar. Es generar tiempo y condiciones para competir.
La formalidad bajo presión
En pocos meses comenzará la reducción gradual de la jornada laboral. A partir del 1 de enero de 2027, la duración máxima pasará de 48 a 46 horas semanales; disminuirá a 44 en 2028, a 42 en 2029 y alcanzará las 40 horas en 2030, sin reducción de salarios ni prestaciones.
El propósito social es legítimo. Mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia una relación más equilibrada entre productividad, descanso y calidad de vida debe formar parte del desarrollo de cualquier economía moderna.
Pero una reforma de esta dimensión no ocurre en el vacío.
Las empresas deberán reorganizar turnos, contratar personal adicional, absorber más horas extraordinarias, automatizar procesos y rediseñar operaciones. Para una gran compañía, estos ajustes pueden representar inversiones importantes. Para una micro o pequeña empresa, pueden determinar su permanencia en la formalidad.
El mercado laboral también exige una lectura cuidadosa. La afiliación de trabajadores de plataformas digitales representa un avance en protección social, pero no necesariamente la creación de nuevos puestos, pues en muchos casos formaliza actividades que ya existían.
El desafío es mayor: de acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad, alrededor de 1.2 millones de personas se incorporan cada año a la Población Económicamente Activa. México necesita generar empleo formal, productivo y sostenible en una magnitud suficiente para recibirlas; de lo contrario, la informalidad seguirá funcionando como la principal válvula de escape del mercado laboral.
No se trata de enfrentar derechos laborales y competitividad. Se trata de reconocer que cada obligación que recae exclusivamente sobre el sector formal amplía la distancia frente a quienes no pagan seguridad social, no cumplen regulaciones, no asumen responsabilidades patronales y, aun así, compiten dentro del mismo mercado.
Si queremos reducir la jornada, también debemos elevar la productividad y disminuir el costo, la complejidad y los riesgos de formalizarse.
De otro modo, podríamos mejorar la legislación para quienes ya están protegidos mientras millones de personas permanecen fuera de su alcance. Una reforma laboral verdaderamente progresista no solo amplía derechos: también crea las condiciones para que más trabajadores puedan ejercerlos.
El T-MEC entra en una negociación diferente
El T-MEC ha entrado en una etapa decisiva. Después de la revisión conjunta celebrada el 1 de julio, México y Estados Unidos acordaron continuar durante septiembre, en Washington, con una cuarta ronda bilateral de negociaciones.
La agenda ya no se limita al intercambio comercial. Incluye reglas de origen, automóviles, acero y aluminio, agricultura, condiciones laborales, seguridad económica, semiconductores, cadenas regionales de suministro y la participación de países ajenos al tratado.
El propio secretario Marcelo Ebrard ha señalado que la geopolítica está influyendo cada vez más en las decisiones estadounidenses. La reducción de dependencias estratégicas —particularmente frente a China— se ha convertido en un componente central de la política económica norteamericana.
Esto significa que el T-MEC ya no será evaluado únicamente por cuánto comercio genera, sino por su capacidad para controlar el origen de lo que se produce, fortalecer industrias estratégicas y concentrar una mayor parte de las cadenas de valor dentro de la región.
Uno de los puntos más sensibles será la propuesta estadounidense de endurecer las reglas automotrices. De acuerdo con información reportada por Reuters a partir de fuentes conocedoras de la postura negociadora, Washington busca elevar de 75% a 82% el contenido regional requerido para que los vehículos reciban trato preferencial y pretende que, al menos, 50% de su valor sea generado específicamente en Estados Unidos.
Debe precisarse que se trata de una propuesta en negociación, no de una regla acordada. Sin embargo, su alcance sería profundo.
El T-MEC fue diseñado para fortalecer la producción norteamericana. Introducir una exigencia nacional dentro de una regla regional alteraría el equilibrio del tratado y podría modificar las decisiones de producción, proveeduría y expansión en México y Canadá.
Para la industria mexicana significaría competir no solo contra proveedores externos, sino por conservar dentro del país procesos que hoy forman parte de una cadena integrada.
México, por su parte, insistirá en la eliminación de los aranceles estadounidenses aplicados a vehículos, acero y aluminio. Mantener esos gravámenes mientras se exigen mayores niveles de integración regional plantea una contradicción evidente: se pide producir más en Norteamérica, pero se encarece el intercambio entre quienes ya producen dentro de ella.
Cuando el socio también se convierte en competidor
El escenario se vuelve todavía más complejo por el deterioro de la relación entre Estados Unidos y Canadá.
Washington impuso aranceles de hasta 50% sobre mercancías canadienses. En respuesta, el Gobierno de Canadá anunció contramedidas de 15%, 25% y 50% sobre productos estadounidenses por un valor de 27 mil 600 millones de dólares canadienses, con entrada en vigor prevista para el 8 de septiembre.
Las medidas alcanzan sectores como acero, lácteos, electrodomésticos, equipo agrícola, papel y electrónicos. A ello se suma una disputa particularmente sensible sobre el futuro de la industria automotriz canadiense.
Canadá ha advertido que no aceptará condiciones que reduzcan sus plantas de ensamble y proveedores a simples extensiones subordinadas de la industria estadounidense. Las conversaciones bilaterales se han deteriorado y, al inicio de septiembre, permanecían suspendidas.
Esto demuestra que la discusión no es únicamente México frente a Estados Unidos. También está en juego la capacidad de los tres países para preservar una visión regional en un momento en que crecen las presiones para privilegiar contenidos estrictamente nacionales.
El riesgo es que el T-MEC conserve su nombre trilateral, pero evolucione hacia una relación fragmentada, con negociaciones bilaterales, aranceles sectoriales y reglas cada vez más orientadas a concentrar producción en Estados Unidos.
Para México, el desafío es doble: preservar la integración norteamericana y asegurar que las nuevas reglas fortalezcan la región sin desplazar capacidades industriales ya desarrolladas en nuestro país.
Pero incluso el mejor resultado posible en la negociación será insuficiente si México no corrige sus debilidades internas.
La industria automotriz ya está cambiando
La negociación ocurre mientras la industria automotriz atraviesa una transformación global.
La electrificación, el software, la inteligencia artificial, la automatización y nuevos procesos de manufactura están modificando el número de componentes, las capacidades requeridas y la estructura completa de la proveeduría.
Las empresas ya no compiten solamente por volumen. Compiten por tecnología, eficiencia, datos, propiedad intelectual y velocidad de adaptación.
De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, durante los primeros siete meses de 2026 México produjo 2 millones 298 mil 977 unidades, 0.7% menos que en el mismo periodo de 2025. En ese lapso se exportaron 1 millón 950 mil 779 vehículos, una disminución de apenas 0.3%; sin embargo, solo en julio las exportaciones cayeron 9.7% anual. Estados Unidos concentró 75.9% de los envíos, confirmando tanto la fortaleza de la integración productiva como la elevada exposición de México a las decisiones comerciales de su principal mercado.
Las cifras no anuncian por sí mismas una crisis, pero sí muestran nuestra exposición.
México sigue siendo una potencia manufacturera automotriz, aunque permanece estrechamente ligado a un solo mercado y a decisiones tecnológicas tomadas, en gran medida, fuera del país.
Además, los nuevos métodos de producción pueden reducir el número de componentes y proveedores tradicionales. La integración de piezas, la automatización avanzada y la simplificación de plataformas significan que parte de la cadena actual deberá transformarse o correrá el riesgo de desaparecer.
La pregunta ya no es únicamente cuántos vehículos producirá México. La pregunta es cuánto valor tecnológico, ingeniería, diseño, software, conocimiento y propiedad intelectual será capaz de generar alrededor de ellos.
Sin infraestructura no existe política industrial
México habla nuevamente de reindustrialización, sustitución de importaciones y contenido nacional. Es una conversación necesaria después de décadas en las que la política industrial fue reemplazada por la idea de que el mercado decidiría, por sí solo, qué producir y dónde hacerlo.
Pero una política industrial no puede limitarse a establecer aranceles, publicar objetivos o anunciar proyectos.
Reindustrializar significa elegir capacidades estratégicas y construir las condiciones para desarrollarlas. Significa articular energía, agua, logística, seguridad, financiamiento, innovación, formación de talento y desarrollo de proveedores.
También exige reconocer que las regiones compiten de manera distinta. El Bajío posee una base automotriz, metalmecánica, logística y agroindustrial de enorme valor, pero enfrenta presiones crecientes sobre sus carreteras, recursos hídricos, disponibilidad energética y formación de talento especializado.
La competitividad ya no depende únicamente de lo que sucede dentro de una planta.
Una empresa puede alcanzar estándares internacionales de productividad y perder esa ventaja fuera de su planta: en una carretera insegura, durante un bloqueo que paraliza el movimiento de insumos y mercancías, ante una interrupción eléctrica, por falta de agua, en un trámite impredecible o esperando durante meses el pago de una gran compañía.
La infraestructura también incluye instituciones capaces de ofrecer certeza, sistemas de financiamiento que acompañen a las MIPYMES y mecanismos efectivos para integrar a los proveedores nacionales en las cadenas globales.
No podemos exigir contenido nacional si no desarrollamos proveedores nacionales.
No podemos pedir más productividad sin facilitar inversión tecnológica.
No podemos combatir la informalidad haciendo cada vez más costosa la formalidad.
Y no podemos aspirar a liderar la nueva economía industrial con infraestructura diseñada para las necesidades del pasado.
Quitar el freno
México tiene una oportunidad real.
La política arancelaria puede recuperar espacio para sectores afectados por prácticas comerciales desleales. El T-MEC continúa ofreciendo un acceso privilegiado al mercado más importante del mundo. La reconfiguración automotriz puede atraer nuevas capacidades. Nuestra ubicación, experiencia manufacturera y red de tratados siguen siendo ventajas importantes.
Pero ninguna de ellas garantiza el resultado.
Para aprovechar esta ventana necesitamos una agenda productiva integral: acompañar la reducción de la jornada con incentivos para productividad, capacitación y automatización; facilitar la formalización; combatir la extorsión y la inseguridad logística; ampliar la infraestructura energética, hídrica y carretera; financiar a las MIPYMES; y vincular las medidas arancelarias con programas reales de sustitución competitiva de importaciones.
No basta con impedir que ciertos productos entren. Debemos ser capaces de producirlos mejor.
No basta con elevar los derechos de quienes ya trabajan dentro de la formalidad. Debemos lograr que más empresas y trabajadores puedan incorporarse a ella.
No basta con defender el T-MEC. Debemos construir las capacidades que nos permitan aprovecharlo.
La industria mexicana está preparada para hacer su parte. Lo que necesita es una política económica que deje de acumular exigencias aisladas y comience a construir condiciones integrales.
Porque ningún país puede pedirle a su industria que acelere indefinidamente mientras mantiene puesto el freno.
