Bajo presión
El caso de Fernando Farías Laguna, el excontralmirante acusado de liderar una red de huachicol fiscal, ha dejado de ser solo un expediente de delincuencia organizada y corrupción aduanera para convertirse en un campo de batalla político. En medio de esa disputa, el nombre de Andrés Manuel López Beltrán aparece como recurso narrativo: unos lo usan para denunciar supuesta impunidad en la cúspide del poder; otros, para defender la pureza del proyecto de la 4T. Pero en el ruido mediático se ha perdido una distinción elemental: la diferencia entre un señalamiento político y una responsabilidad jurídica.
Desde el punto de vista jurídico, lo que existe hasta ahora es claro: la Fiscalía General de la República ha negado de manera explícita que tenga una investigación abierta contra Andrés Manuel López Beltrán por delitos relacionados con el huachicol fiscal. La propia FGR ha dicho que no cuenta con testigos protegidos ni con datos de prueba suficientes que lo vinculen con la red de Farías Laguna. En términos procesales, eso significa que, al día de hoy, no hay imputación formal, ni orden de aprehensión, ni elementos públicos que permitan hablar de responsabilidad penal.
El “vínculo” con el caso Farías, en cambio, sí existe en el terreno político y mediático. La defensa de los hermanos Farías ha afirmado que en las carpetas de investigación hay testimonios que mencionan al hijo de López Obrador como parte de la red o como nombre usado para “autorizar” operaciones irregulares. Sectores de la oposición han retomado esos dichos para exigir investigaciones y construir una narrativa de corrupción de alto nivel. Pero hasta que esos testimonios no se validen en un proceso, con confrontación de pruebas y respeto a las garantías procesales, siguen siendo afirmaciones no probadas, útiles para el debate político pero insuficientes para fundar una condena social o jurídica.
Confundir ambos planos tiene costos. Por un lado, normaliza la idea de que basta con que un nombre aparezca en un testimonio para declarar culpable a alguien, erosionando el principio de presunción de inocencia. Por otro, alimenta la sospecha de que el sistema de justicia actúa con dos velocidades: uno para los aliados del poder y otro para sus enemigos. En un país donde la desconfianza en las instituciones es alta, esa ambigüedad no es un detalle técnico: es combustible para el cinismo y la polarización.
El caso Farías Laguna ya es grave por sí mismo: involucra a exmandos navales, funcionarios aduanales y una red que habría evadido impuestos por la importación ilegal de millones de litros de combustibles. Si en algún momento surgieran elementos sólidos que vinculen a figuras políticas de primer nivel, incluidos los hijos de expresidentes, la obligación ética y democrática sería investigar con transparencia y aplicar la ley sin privilegios. Pero mientras eso no ocurra, lo responsable es distinguir entre lo que es un arma política y lo que es un hecho jurídico probado.
En el México de la sobreinformación y la posverdad, la tentación de convertir cada señalamiento en sentencia es enorme. Pero la madurez de una democracia se mide, entre otras cosas, por su capacidad para resistir esa tentación. En el caso Farías, como en tantos otros, lo urgente no es solo saber quién está involucrado, sino recordar que sin pruebas, sin proceso y sin sentencia, los nombres siguen siendo, por ahora, solo nombres.
Investigar no es absolver. Señalar tampoco es probar. Esa diferencia debería ser demasiado elemental para tener que recordarla, pero en la política mexicana la verdad suele perderse entre la urgencia de encontrar culpables y la necesidad de defender a los propios. La justicia no puede funcionar con esa lógica. Si existen testimonios, que se investiguen; si aparecen pruebas, que se presenten; si alguien resulta responsable, que responda ante la ley. Pero mientras eso ocurre, convertir un nombre en una sentencia no fortalece la democracia: la debilita. Porque la presunción de inocencia no debería depender de quién sea el acusado, sino de qué tan seriamente nos tomamos la justicia.
Coda. En este país no hace falta condenar a nadie. Basta con dejar el nombre ahí, flotando, y que el tiempo haga el resto.
@edilbertoaldan
