Cruzando calles
Recientemente al impartir dos temas a nivel maestría: los contrapesos constitucionales —-formales e informales—- y, la figura del presidencialismo en el sistema político mexicano se polemizó en un tema: la comunicación política como factor de poder en el presidencialismo mexicano; aquí algunas de las reflexiones.
En la teoría constitucional clásica, el poder se estudia a partir de sus formas visibles: facultades, órganos, procedimientos, controles. La arquitectura del Estado se plasma en normas; sus límites, en principios; su legitimidad, en elecciones. Sin embargo, toda experiencia política revela una constante acerca de las formas reales de poder: no todo el poder está y consta por escrito. Existen capacidades de influencia que, sin figurar en el texto constitucional, condicionan de manera decisiva el funcionamiento del sistema. A estas se les ha denominado, facultades metaconstitucionales.
México conoce bien esa dimensión. Revisando a diversos autores e integrando sus aportaciones y análisis de diversos momentos históricos, consideran que la figura del presidencialismo conforme a su ejercicio ha evolucionado de la siguiente manera: 1. Etapa de construcción (1928-1940), 2. Etapa de consolidación (1940-1970), 3. Etapa de crisis y desgaste (1968-1994), 4. Etapa de transición y reequilibrio (1994-2018) y 5. Recentralización política y liderazgo presidencial reforzado (2018 a la actualidad).
El presidencialismo mexicano con el inicio de su consolidación por 1940 en adelante, no solo se sostuvo en atribuciones formales, sino en prácticas no codificadas como el control del partido, la disciplina legislativa, la conducción de la sucesión, la influencia en cualquier elite, ámbito o nivel sobre el destino de asuntos concretos, entre otras. Eran facultades no previstas en la Constitución, pero plenamente operativas en la realidad —cada titular de acuerdo con su personalidad y estilo las ejercieron en mayor o menor medida de acuerdo con la visión de su periodo—. El poder, en suma, por la construcción constitucional dominante de la figura del ejecutivo respecto de los otros poderes, se ejerció tanto en la norma como fuera de ella. Así se fue generando el matiz característico del presidencialismo clásico mexicano. Esa percepción común de la institución no se quedó solamente en el ámbito político y público, se trasladó incluso a la literatura y se difundió con escritores como Luis Spota con la novela en clave (roman à clef), principalmente en “Palabras Mayores” y “El primer día”, que lo describieron en su forma más cruda y ritual con pasajes y personajes de ficción simbolizando la realidad.
El presidencialismo ha seguido su curso, ejerciendo cada titular sus atribuciones en sus dos categorías. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, parece emerger un fenómeno que amerita ser observado con mayor detenimiento: la comunicación presidencial sistemática en su forma expresa y simbólica como instrumento de poder. No se trata únicamente de informar, ni de una práctica ordinaria de gobierno. Se trata de un dispositivo recurrente, estructurado y de amplio alcance que influye en la configuración del espacio público. En ese sentido, cabe preguntarse —con la prudencia que exige el análisis— si estamos frente a una nueva categoría metaconstitucional.
La hipótesis es sugerente: la comunicación presidencial, cuando es constante, directa y centralizada, puede adquirir efectos que trascienden la simple difusión de información. En primer lugar, porque ordena la agenda pública, al establecer diariamente los temas relevantes, jerarquiza problemas, delimita prioridades y fija marcos interpretativos. En segundo lugar, porque configura legitimidad: construye una relación directa entre el titular del Ejecutivo y la ciudadanía, reduciendo o desplazando intermediaciones tradicionales. En tercer lugar, porque influye a favor y en contra en el comportamiento de los actores políticos: funcionarios, legisladores, partidos políticos y medios ajustan sus posicionamientos en función del discurso presidencial.
Nada de esto, por sí mismo, resulta necesariamente problemático. La comunicación política es inherente a la democracia. Informar, persuadir, explicar y defender decisiones son funciones legítimas del gobierno. El punto de inflexión aparece cuando esa comunicación adquiere un carácter estructural, sistemático y permanente, y sus efectos inciden no solo en la opinión pública, sino en la dinámica institucional misma por ser también manifestación de las formas reales de poder, y en ocasiones desprende episodios que dejan de ser abstractos y se personalizan.
En ese escenario la comunicación aparentemente deja de ser un complemento del poder para convertirse en una de sus formas. No sustituye a las facultades constitucionales ni a las metaconstitucionales tradicionales, pero puede potenciarlas. Un mensaje reiterado puede consolidar una política; una narrativa consistente puede fortalecer una reforma; una posición sostenida puede aislar o desgastar posturas contrarias. La palabra, entonces, no solo describe la acción de gobierno: la acompaña, la refuerza y, en ocasiones, la condiciona; y en extremo, hasta puede debilitar procedimientos y posicionamientos de otras instancias públicas y privadas.
Surge aquí otra implicación relevante. Si el discurso fija marcos de interpretación dominantes, entonces las ideas contrarias enfrentan un entorno más exigente. No desaparecen —la pluralidad sigue siendo consustancial a la democracia—, pero requieren mayor densidad argumentativa, mayor evidencia y mayor consistencia ante la desigualdad de fuerzas para abrirse paso en un espacio público ya estructurado. El debate no se cancela, pero sí se reconfigura frente a nuevos escenarios y desafíos.
Conviene, no obstante, evitar simplificaciones. No toda comunicación presidencial es hegemónica ni toda narrativa implica concentración indebida del poder. Existen contrapesos reales: medios de comunicación diversos, redes digitales, órganos jurisdiccionales y administrativos, organizaciones de la sociedad civil, oposición política, actores externos del país, academia y ciudadanía más habituada a la comunicación global. El espacio público no es un terreno vacío. Precisamente por ello, el análisis, considero como sugerencia, debe centrarse más en la identificación de tendencias y menos en juicios categóricos.
Desde esta perspectiva, puede proponerse —como categoría analítica— a la institución del presidencialismo en su etapa contemporánea la idea de una facultad metaconstitucional de comunicación: entendida como la capacidad para influir de manera sistemática en la construcción del sentido y diálogo público, con efectos en la agenda, la legitimidad y la interacción entre actores políticos. No es una atribución jurídica en sentido estricto, ni pretende sustituir a las existentes; es, más bien, una forma contemporánea de ejercicio del poder que opera en el terreno simbólico y mediático.
Ahora bien, ¿Estamos frente a una transformación duradera de una nueva característica del presidencialismo mexicano? Es pronto para afirmarlo con certeza, ya que cada titular imprime su propio sello y hace suya la institución; y también, porque esa reconfiguración de la comunicación política irá construyendo sus contrapesos y respuestas. Si bien, siempre ha existido la comunicación desde sus distintas formas, herramientas y estilo impreso por cada mandatario, hay indicios de que esta práctica podría trascender personalidades y coyunturas para convertirse en un componente estable del ejercicio de gobierno para aventajar posiciones en el dialogo público. Si ello ocurre, el desafío no será su existencia —la comunicación es inherente a la política—, sino su equilibrio: cómo asegurar que la centralidad del discurso no desplace la deliberación plural ni debilite las mediaciones institucionales que sostienen al orden constitucional y la democracia.
Al final, la cuestión no es si el poder comunica —siempre lo ha hecho—, sino qué lugar ocupa la comunicación en la estructura del poder. Si pasa de ser instrumento para convertirse en categoría, entonces el constitucionalismo tiene ante sí un nuevo campo de reflexión. Porque, en efecto, hay poderes que se ejercen con normas… pero el PODER se encuentra en las palabras.
