Una llamada desconocida puede convertirse en una amenaza en segundos. Autoridades recomiendan no proporcionar información personal ni realizar depósitos ante una exigencia.
San Luis Potosí aparece entre las entidades con menor número de reportes de extorsión en México, con apenas siete casos registrados entre enero y mayo de 2026; sin embargo, detrás de esa cifra existe un delito que rara vez llega a las autoridades. En el estado, la extorsión también cambió de rostro: ya no necesariamente exige cuotas desde una esquina o un negocio, sino que puede aparecer en una llamada, un mensaje de WhatsApp, una amenaza con imágenes íntimas o el robo de una identidad digital.Entre el 24 de enero y el 25 de mayo de 2026, la entidad apenas registró siete denuncias ante el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE), lo que la coloca en el lugar 28 a nivel nacional con un promedio de 0.2 denuncias por día. El pico más alto se dio el 19 de mayo con dos reportes.A nivel nacional el contraste es enorme, con 4 mil 746 denuncias en el mismo periodo, de las cuales 2 mil 924 quedaron en grado de tentativa y mil 821 se consumaron. Estados como Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México concentran la mayor carga, mientras que San Luis Potosí se mantiene por debajo de la media incluso en el indicador de extorsiones contra mujeres.Un delito que ya no viene de números localesUn dato que resulta central para entender el fenómeno en el estado es el origen de las llamadas. De acuerdo con la información del CADDE, la mayoría de los intentos de extorsión que reciben los potosinos provienen de otros estados del país, no se han detectado números locales ni llamadas originadas desde prisiones estatales. El 100 por ciento de las denuncias en San Luis Potosí fueron por extorsión indirecta, es decir, a distancia, seis ingresaron por llamada telefónica y una por correo electrónico. De esos siete casos, cuatro se quedaron en tentativa y tres se consumaron.Así operan ahora en San Luis PotosíLas modalidades que hoy pegan en la entidad son mayormente digitales y distintas al cobro de piso que domina a nivel nacional. En el corte revisado se detectaron tres casos por robo de perfiles de WhatsApp o redes sociales, dos casos por amenazas de publicación de imágenes íntimas, un caso por amenaza directa de grupos de la delincuencia organizada y un caso por amenazas contra el denunciante o sus familiares. A nivel país las formas más comunes siguen siendo las amenazas contra la familia, la mención de grupos delictivos, el derecho de piso, las compraventas por internet, los préstamos gota a gota y el secuestro virtual.Sin embargo, una realidad contundente es la cifra negra de la extorsión, sin duda una de las más altas en el sistema de justicia, ya que la inmensa mayoría de estos delitos no se denuncian formalmente, ya sea por miedo, desconfianza o falta de información. De acuerdo con cifras de DataCoparmex revelados recientemente, el 97% de los casos de extorsión no se denuncian ni se registran.Tres historias reales que frenaron la extorsiónLos casos prácticos resultan especialmente reveladores porque muestran el mecanismo del miedo. El primero es el de un joven de 23 años que ingresó a una página de citas y compartió datos personales, días después recibió mensajes de un número desconocido con imágenes íntimas manipuladas con inteligencia artificial y la exigencia de un depósito para no publicarlas, sintió miedo y vergüenza pensando que su familia podría creer que eran reales, decidió no pagar, guardó conversaciones y capturas como evidencia, bloqueó el número y pidió apoyo a las autoridades.El segundo caso es el de un hombre de 37 años que estaba trabajando cuando recibió una llamada de alguien que decía pertenecer a un grupo delictivo y aseguraba tener vigilada a su familia, por unos segundos entró en pánico y sintió desesperación, antes de depositar decidió colgar y llamar a sus familiares para confirmar que estaban bien y luego denunció el intento.El tercer caso es el de un hombre de 45 años que recibió una llamada de un número desconocido donde conocían algunos de sus datos y comenzaron a preguntar por su familia para después exigirle una transferencia urgente, recordó las recomendaciones de prevención, no respondió preguntas, terminó la llamada, se comunicó con su familia y posteriormente reportó el número.¿Que se está haciendo para prevenir, el cambio legal que ya aplicaLa estrategia en San Luis Potosí se sostiene en la prevención ciudadana y la coordinación operativa entre los tres niveles de gobierno, con programas intensivos de asesoría por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado que han permitido bloquear números y cuentas vinculadas a fraudes y evitar secuestros virtuales.A esto se suma un cambio legal de fondo que ya está vigente en todo el país, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión establece un tipo penal único con penas de 15 a 42 años de prisión, permite la denuncia anónima y la extinción de dominio a favor de las víctimas.Además, el delito se persigue de oficio, lo que significa que las autoridades deben investigar sin necesidad de que la víctima ratifique una denuncia formal, aunque la denuncia sigue siendo clave porque aporta números telefónicos y cuentas bancarias que pueden ser bloqueadas para que no sigan extorsionando.El modelo nacional del CADDE opera recibiendo denuncias por el 089 y medios electrónicos, integrando expedientes, haciendo georreferenciación e inteligencia y canalizando los casos a las fiscalías competentes, lo que en el periodo reportado se tradujo en mil 171 expedientes enviados y 605 carpetas de investigación iniciadas a nivel nacional. Ante cualquier amenaza, la recomendación es mantener la calma, colgar de inmediato, conservar audios y mensajes como evidencia, no realizar pagos y denunciar al 089 de forma anónima las 24 horas o al 911 si existe riesgo inmediato para la integridad física.
