¿Lo dije o lo pensé?
En Aguascalientes, como en otras partes del país, las campañas empezaron hace tiempo, aunque legalmente todavía no se les llame así. No hace falta ser experto en derecho electoral para darse cuenta. Basta salir a la calle, revisar las redes sociales o escuchar una entrevista. Ahí están los espectaculares disfrazados de portadas de revista, los volantes, los videos pagados y las publicaciones que buscan repetir un nombre hasta que resulte familiar.
La explicación casi siempre es la misma, nos dicen que no están pidiendo el voto, que solo informan o participan en una revista hablando de su trabajo o que solo recorren las colonias para escuchar a la gente. Todo está cuidadosamente armado para cumplir con las palabras exactas de la ley mientras se ignora su propósito. Porque si una persona paga publicidad para colocar su rostro, su nombre y sus supuestos logros por toda la ciudad, ¿de verdad debemos fingir que no busca una ventaja electoral?
Morena tampoco guarda ya demasiadas formas. Sus llamados coordinadores recorren calles, aparecen en medios, encabezan reuniones y se presentan ante la ciudadanía como si la contienda estuviera a unas semanas. El puesto cambia de nombre, pero la intención es bastante clara. Ya vimos esta práctica con las “corcholatas”, en la que primero se construye la candidatura en los hechos y después se cumple el calendario como mero requisito.
Lo más incómodo es que las autoridades electorales parecen haber aceptado este juego. A nivel local se reciben quejas, se abren expedientes y, mientras se resuelven, la publicidad ya cumplió su objetivo. Para finales de junio, doce de las 29 denuncias e impugnaciones acumuladas ante el IEE de Aguascalientes estaban relacionadas con posibles actos anticipados de campaña. A nivel nacional, incluso algunos consejeros del INE han reconocido las dificultades para sancionar estas conductas con los criterios vigentes. El resultado es una vigilancia tardía que puede cumplir el procedimiento, pero no protege de manera efectiva la equidad.
Aquí no se trata de limitar entrevistas, recorridos ni la libertad de expresión. El problema aparece cuando todo eso forma parte de una estrategia organizada, costosa y sostenida para posicionar aspirantes antes de tiempo. También convendría saber quién paga. Las portadas, los anuncios, la producción de videos, los equipos de redes y las giras no salen gratis.
Y luego las contradicciones. Quienes ayer denunciaban espectaculares y promoción anticipada hoy recurren a recursos parecidos en cuanto les conviene. La defensa cambia según el partido y según quién aparezca en la foto. Esto confirma que no estamos ante un problema ideológico, sino ante una práctica tolerada que beneficia a quien tiene más dinero, estructura o cercanía con el poder.
Esta permisividad también perjudica a quienes deciden respetar los tiempos legales. Mientras unos esperan el inicio formal del proceso, otros acumulan meses de exposición, presencia territorial y reconocimiento público. Cuando finalmente arranca la competencia, la ventaja ya existe.
Si la ley permite todo esto porque nadie pronuncia las palabras “vota por mí”, entonces resultó insuficiente. Si existen facultades y no se usan, la omisión es todavía más grave. El IEE y el INE no pueden seguir actuando como si la ciudadanía no entendiera lo que está viendo. Todos saben que la campaña comenzó. Los únicos que insisten en negarlo son quienes participan en ella y quienes deberían ponerles límites.
