Clave 360°
Por Dr. José Antonio Quintero Contreras
México no está formalmente en quiebra, pero sus finanzas públicas muestran señales que ya no pueden minimizarse. El país mantiene acceso al crédito, cumple con el servicio de su deuda y conserva grado de inversión; sin embargo, detrás de esa estabilidad aparente se acumula una combinación cada vez más difícil de sostener: déficits persistentes, deuda en ascenso, obligaciones presupuestarias crecientes, bajo crecimiento económico y una capacidad recaudatoria insuficiente.
Al mismo tiempo, las familias mexicanas enfrentan un encarecimiento considerable de necesidades esenciales como alimentación, salud, vivienda y educación. El verdadero riesgo no es una bancarrota repentina, sino algo más silencioso: que el Estado pierda progresivamente capacidad para invertir y prestar servicios públicos de calidad, mientras los hogares destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos simplemente a vivir.
El Presupuesto de Egresos de 2026 asciende a aproximadamente 10.2 billones de pesos y contempla desde su origen un déficit presupuestario cercano a 1.4 billones. Además, el costo financiero de la deuda representa ya una de las mayores presiones sobre el erario. Las pensiones, participaciones, deuda y demás gastos prácticamente ineludibles reducen cada año el margen de decisión gubernamental.
Éste es uno de los mayores problemas de las finanzas públicas mexicanas: una parte creciente del presupuesto ya está comprometida antes de decidir en qué nuevas prioridades invertir.
La presión fiscal tiene además un reflejo directo en el bolsillo familiar. Tomando como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el nivel general de precios se ha incrementado alrededor de 45% respecto de la base de 2018. En términos sencillos, aquello que representaba un gasto de 1,000 pesos hace ocho años requiere hoy aproximadamente 1,450 pesos, en promedio, para adquirir una canasta equivalente.
Pero el impacto resulta todavía más severo en las necesidades básicas.
En alimentación, la referencia urbana de la canasta alimentaria pasó de alrededor de 1,544 pesos mensuales por persona en 2018 a más de 2,500 pesos en 2026, un incremento cercano a 65%. Para una familia de cuatro integrantes, esta referencia supera actualmente los 10 mil pesos mensuales solamente para alimentación.
En salud y cuidado personal, los precios acumulan un incremento cercano al 50% desde 2018. Las colegiaturas y servicios relacionados con la educación muestran aumentos acumulados superiores al 40%.
La vivienda presenta una presión todavía mayor. Datos de la Sociedad Hipotecaria Federal muestran que el valor promedio de los inmuebles habitacionales pasó de menos de un millón de pesos en 2018 a niveles cercanos actualmente a los dos millones de pesos.
La consecuencia es evidente: comer adecuadamente, atender una enfermedad, educar a los hijos o adquirir una vivienda exige hoy un esfuerzo económico considerablemente mayor que hace ocho años.
Es cierto que no todo el encarecimiento de la vida puede atribuirse a decisiones internas. La pandemia, las disrupciones globales, los conflictos internacionales y los choques en precios de alimentos y energía tuvieron efectos reales. Pero tampoco sería serio utilizar esos factores como explicación suficiente para lo ocurrido en México. Las decisiones nacionales en materia de política económica, inversión, energía, competencia, infraestructura, seguridad, regulación y manejo del gasto público también han influido en los costos que terminan pagando las familias. Los factores externos explican una parte del problema; la otra corresponde a decisiones —y omisiones— tomadas dentro del país. Y para millones de hogares el resultado es incuestionable: hoy se necesita mucho más dinero para mantener un nivel de vida semejante al de hace ocho años.
Frente a ello, la política social ha adquirido dimensiones históricas. Para 2026, los Programas para el Bienestar superan el billón de pesos anuales y llegan a decenas de millones de beneficiarios. Pensiones, becas y transferencias constituyen una importante red de protección social.
El problema no está necesariamente en su existencia. El verdadero riesgo aparece cuando obligaciones permanentes crecen más rápido que los ingresos permanentes destinados a financiarlas.
México, además, mantiene una debilidad estructural: recauda poco frente a las necesidades crecientes de gasto, y la diferencia se ha financiado cada vez más con deuda. Entre 2018 y junio de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda— pasó de 10.55 a 19.05 billones de pesos: aumentó alrededor de 8.5 billones, más de 80% en menos de ocho años, y pasó de 44.8% a aproximadamente 51% del PIB.
Pero quizá el dato más contundente sea el costo de sostenerla: para 2026 se presupuestaron aproximadamente 1.57 billones de pesos en costo financiero de la deuda y otras erogaciones relacionadas, alrededor de 4,300 millones de pesos diarios. Esa cantidad es más de 50% superior al billón de pesos destinado este año a todos los Programas para el Bienestar.
El endeudamiento ya no sólo compromete el futuro: está consumiendo recursos del presente que podrían destinarse a inversión, infraestructura, salud, educación o seguridad.
Y aquí surge una paradoja inquietante: los propios programas sociales que hoy buscan proteger a la población podrían enfrentar mañana restricciones financieras si no existe crecimiento económico suficiente para sostenerlos. Una transferencia puede reconocerse como derecho, pero ningún mandato legal genera por sí mismo los recursos necesarios para financiarla indefinidamente.
Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir obligaciones crecientes, cualquier gobierno enfrenta pocas alternativas: aumentar impuestos, reducir otros gastos, sacrificar inversión pública, contratar más deuda o limitar el crecimiento real de las prestaciones.
Por ello, el riesgo quizá no sea la desaparición inmediata de los programas sociales, sino que absorban una proporción creciente del presupuesto mientras disminuyen los recursos disponibles para hospitales, carreteras, seguridad, educación, mantenimiento e inversión productiva.
México no está en quiebra. Pero puede estar avanzando hacia una peligrosa trampa fiscal: un Estado con cada vez menos libertad presupuestaria y una sociedad para la cual vivir resulta cada vez más costoso.
La solución no consiste simplemente en gastar menos ni en desmontar la política social. Se requiere crecimiento económico, inversión, disciplina presupuestaria, evaluación del gasto, mayor formalidad, una reforma fiscal responsable y una estrategia de largo plazo para pensiones y deuda.
Porque existe una realidad económica imposible de eludir: ningún país puede financiar indefinidamente derechos permanentes con déficits permanentes; y ninguna política social será sostenible si antes no existe una economía capaz de generar la riqueza necesaria para pagarla.
