Finalmente el Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, en sustitución de Rubén Rocha Moya, para concluir el periodo constitucional que termina el 31 de octubre de 2027. Domínguez Nava rindió protesta ante el pleno y, en su primer mensaje, afirmó que su administración priorizará recuperar la paz, fortalecer las instituciones y reconstruir la confianza de la población: “Es tiempo de reconstruir la confianza, hacer de la paz y la justicia una tarea común”.
En redes sociales, la nueva gobernadora señaló que la paz deberá reflejarse en las calles, las comunidades, las escuelas, los negocios, los campos, las costas, los caminos y los hogares, y que debe ir acompañada de justicia, derechos, oportunidades e instituciones cercanas.
La sucesora del gobernador con licencia por tiempo indefinido aseguró que entre sus tareas están la atención a víctimas, la reconstrucción del tejido social, la atención a personas desaparecidas, el desplazamiento interno y el retorno a comunidades. Para lograrlo, dijo, el gobierno estatal deberá mejorar la relación con los municipios, mantener el diálogo con los sectores productivos y sociales, y atender al campo, la comercialización agrícola, la pesca, la ganadería y la minería.
Después, en un video difundido en redes sociales, la gobernadora adelantó que el gabinete hará “recorridos semanales por los distintos municipios del estado de acuerdo con sus temas”, bajo la consigna de “menos escritorio, más territorio”; ella misma, prometió, recorrerá las tres regiones del estado durante su primer mes. Prometió también presentar, la semana entrante, un Plan Integral para la Gobernabilidad y Seguridad.
Graciela Domínguez permanecerá en el cargo hasta el 31 de octubre de 2027.
El discurso parece hecho a la medida de la situación que atraviesa Sinaloa. No hay nada que objetar a la necesidad de recuperar la paz, atender a las víctimas, buscar a los desaparecidos, ocuparse de los desplazados y reconstruir el tejido social. Tampoco hay mucho que discutir sobre la importancia de acercar las instituciones a las comunidades.
La cuestión es que Sinaloa lleva demasiado tiempo esperando que esas palabras se conviertan en hechos.
En la conferencia matutina, a la presidenta Claudia Sheinbaum le hicieron dos preguntas sobre la entidad. La primera, si existe una ruptura política con Rubén Rocha Moya: tras un silencio largo y un gesto incómodo, respondió que no estaba de acuerdo con lo que hizo el gobernador al regresar al cargo, porque le pareció “imprudente, porque no es un asunto personal”; repitió que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo.
Más reveladora fue la segunda respuesta, sobre si hay “incertidumbre para la población de Sinaloa”. Sheinbaum contestó que el gobierno federal está presente en la entidad y que ahí están también los otros poderes: hay gobierno, dijo, y sobra. Para probarlo, reveló el número de efectivos desplegados: “Le pregunté al general secretario: ¿cuántos efectivos tenemos en Sinaloa? Son 15 mil, del Ejército y la Guardia Nacional; hay mil 500 de la Secretaría de Marina, particularmente en Mazatlán”. Claudia Sheinbaum agregó que el gobierno federal atiende la situación desde que se disparó la violencia, un incremento que atribuyó al conflicto interno de un grupo delincuencial detonado por la llegada de un narcotraficante a Estados Unidos.
Según Sheinbaum, todo está atendido, haya o no continuidad con el gobierno de Rocha Moya. El gobierno federal está presente, las Fuerzas Armadas están presentes, y ahora hay una nueva gobernadora que promete estarlo también; pero hay una diferencia entre la presencia del gobierno y la respuesta que la sociedad espera de él.
Tras el nombramiento, la discusión pública se dividió entre quienes ven continuidad y quienes esperan una ruptura con el modelo anterior. Eso es lo menos importante.
No importa demasiado si Graciela Domínguez es rochista, como acusan algunos empresarios de la entidad, ni si es de izquierda, ni si hay publicaciones suyas en redes que respalden a Rocha. Se pueden revisar sus antecedentes, sus declaraciones, sus afinidades; todo eso es secundario frente a una realidad que no cambia porque cambie el nombre de quien ocupa la gubernatura. Estos son los números que el empresariado y la sociedad civil han documentado sobre el gobierno de Rocha Moya:
? 3,724 homicidios dolosos.
? 4,303 personas privadas de su libertad.
? Más de 3 mil desaparecidos.
? 66 feminicidios.
? 173 niños fallecidos, considerados daño colateral.
? 12,257 vehículos robados.
? Más de 5 mil empresas cerradas.
? 27 mil empleos formales perdidos.
No es una discusión sobre rochamoyismo o antirochamoyismo. No es una valoración ideológica, ni una publicación de redes sociales, ni una fotografía de políticos juntos. Son las cifras con las que una parte de la sociedad sinaloense intenta explicar lo que significa vivir bajo estas condiciones. Ante ellas, la pregunta no debería ser si Graciela Domínguez representa continuidad o ruptura, sino qué va a hacer el gobierno para que esas cifras dejen de crecer y para reparar lo que ya ocurrió.
Detrás de cada homicidio hay una familia que tuvo que seguir viviendo sin esa persona. Detrás de los desaparecidos hay familias que siguen buscando. Detrás de las personas privadas de su libertad hay historias que no caben en una estadística. Los feminicidios tienen nombres. Los niños no son una categoría: son cientos de vidas interrumpidas. Hay dolor. Hay una falta de empatía gubernamental que atraviesa todos los niveles.
Lo mismo ocurre con los vehículos robados, los negocios cerrados y los empleos perdidos. La violencia también se mide en la manera en que modifica la economía, obliga a abandonar comunidades, cambia las rutinas y convierte la incertidumbre en condición cotidiana.
Frente a esto, la respuesta del gobierno federal es la presencia de las Fuerzas Armadas: 15 mil efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, mil 500 de la Marina. La respuesta del gobierno estatal es también presencia, con otro lenguaje: recorridos semanales, visitas a las tres regiones, diálogo con los sectores sociales y productivos, “menos escritorio, más territorio”=campaña.
No hay nada malo en ninguna de esas cosas. El problema aparece cuando la presencia se confunde con la solución, porque estar en Sinaloa no significa resolver Sinaloa. Un gobierno puede tener miles de elementos desplegados y no conseguir que una familia encuentre a su desaparecido; puede recorrer todos los municipios y no lograr que una comunidad desplazada regrese a su casa; puede sentarse con los empresarios y no recuperar un solo empleo; puede presentar un gran plan para la Gobernabilidad y Seguridad y dejar intactas las preguntas sobre las investigaciones, las víctimas y la justicia.
Tampoco es suficiente reducir la discusión a si Morena encontró una salida ordenada, si Rocha Moya perdió influencia, si Domínguez representa a su grupo o si Sheinbaum marcó distancia. Nada de eso cambia la experiencia de quien vive en Sinaloa, porque tampoco hubo, en este relevo, un acuerdo con la sociedad civil o con el empresariado que permitiera pensar que responde a una exigencia planteada por quienes padecen la crisis directamente. El Congreso decidió, el gobierno federal confirmó que seguirá atendiendo la entidad, y la nueva gobernadora empieza a construir su propia relación con el territorio.
Esa es la paradoja: se habla de recuperar la confianza de la gente, pero la gente no participó en la decisión que ahora se presenta como oportunidad para recuperarla. Se habla de territorio, pero la primera decisión se tomó desde las instituciones, más que institucional, un escenario partidista. Se habla de paz, mientras las cifras siguen midiendo el tamaño de la violencia.
Los voceros del régimen seguirán señalando que los delitos bajan, que las cifras mejoran, que la estrategia funciona. Siempre habrá un indicador favorable convertible en argumento político, aunque la realidad cotidiana vaya por otro lado. El problema de Sinaloa es que esa realidad tiene memoria: la tienen las víctimas, las familias que buscan a sus desaparecidos, los desplazados que no han podido volver, los empresarios que cerraron sus negocios, quienes perdieron sus empleos y quienes aprendieron a cambiar horarios, rutas y costumbres porque la violencia se volvió parte de la vida diaria.
La confianza no se perdió por falta de recorridos semanales, ni porque los funcionarios pasaran demasiado tiempo detrás de un escritorio. Se perdió porque la población dejó de tener certeza de que el Estado podía protegerla, y porque todo indica que una parte de la clase política pactó, por acción u omisión, con las organizaciones criminales que hoy ocupan su lugar. Estar en el territorio es hacer campaña. Devolverle el territorio a la gente es gobernar. Sinaloa no necesita más presencia: necesita que esa presencia, por fin, signifique algo.
Coda. En Sinaloa, y en el país, antes de pedir confianza a la gente, tendrían que devolverle algo mucho más elemental: la certeza de que el gobierno está de su lado.
@edilbertoaldan
