A nueve meses de la reforma a la Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios, los fraudes inmobiliarios no ceden en San Luis Potosí. La piedra angular de la crisis está en la Fiscalía General del Estado. El año pasado, por fraude inmobiliario, fueron abiertas 2 mil 262 carpetas de investigación. Para lo que va de 2026 la cantidad ya es de 1 mil 465, con incidencia concentrada en capital y Soledad.
La fiscal Manuela García Cázares, señaló que la mayoría de los casos son por suplantación de identidad de propietarios, venta sin documentación válida, poderes apócrifos y lotes con papeles falsos. Solo en 2025 fue detenida Aurea “N” por vender terrenos con documentación apócrifa tras múltiples denuncias.
La reforma que busca poner orden
Ante agentes apócrifos, el Congreso del Estado entro a legislar sobre el tema, el 24 de noviembre de 2025 el Pleno aprobó por unanimidad la iniciativa de los diputados Luis Emilio Rosas Montiel y César Arturo Lara Rocha. La reforma modificó los incisos b) y c) de la fracción II del artículo 6 y adicionó un párrafo segundo al artículo 7.
Con la reforma la ley ahora exige certificación de conocimientos especializados en corretaje con validez oficial y acreditar por lo menos 120 horas de capacitación en los últimos dos años. Además, obliga a exhibir en toda publicidad digital e impresa la licencia o número de registro de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). El objetivo, dijo el diputado Rosas Montiel, fue poner punto final a la informalidad porque la ciudadanía queda en riesgo de ser víctima de fraudes.
Registro mínimo frente a informalidad desbordada
La reforma no ha sido eficaz, pues el padrón sigue siendo mínimo; apenas 130 de un universo de poco más de 3 mil agentes está dado de alta en Sedeco. El dato oficial lo confirma la propia dependencia. En mayo de 2025 la directora de Mejora Regulatoria, Esther Muñoz, informó que solo 65 personas físicas y morales y seis asesores habían tramitado su licencia. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) reporta 110 inscritos formales y calcula que más de 3 mil 600 agencias operan solo en la zona metropolitana sin control. Ese nivel de informalidad eleva el riesgo de fraudes.
Sector exige sanciones severas
El sector exige sanciones severas contra quienes operan desde la informalidad. La AMPI en SLP, encabezada por Olga Espitia Lanuza, ha sido la más crítica. El registro ya está establecido, así como su reglamento, el problema es que no se está aplicando, advirtió. Mientras no se apliquen las sanciones previstas en la Ley, los fraudes seguirán ocurriendo. Para la AMPI con aplicar las vigentes sería suficiente. Espitia explicó que el grueso de las estafas ocurre en redes sociales, donde publican casas a precios muy bajos y la gente cae. Recomienda no entregar anticipos y operar solo en oficinas formales con contratos ante Profeco.
Por su parte la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en San Luis Potosí, presidida por Luis Fernando Lárraga Escobedo, ha planteado como eje la regulación responsable y la adecuación normativa para dar certeza jurídica. A nivel nacional Canadevi ha señalado que los desarrolladores fuera de la formalidad dañan a toda la industria porque provocan desconfianza pese a que las empresas afiliadas cumplen con los requisitos legales. Empresarios coinciden en que sin sanciones reales y sin que los ciudadanos exijan el número de licencia en cada anuncio, la reforma quedará en papel mientras las carpetas siguen sumándose.
Mientras las carpetas de investigación siguen creciendo en la Fiscalía y el padrón de agentes formales no supera el 5 por ciento del universo estimado, la reforma de noviembre corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Para AMPI, Canadevi y el propio Congreso, el reto ya no es legislar, sino hacer cumplir la ley: que Sedeco verifique, sancione y que el ciudadano exija ver la licencia antes de entregar su patrimonio.
