Aunque los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocen el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas antes de la aprobación de leyes que les afecten directamente, la mayoría están dispuestos a avalar que las leyes sin consulta perduren si, a su juicio, son benéficas para la población.
La Corte está cada vez más cerca de matizar el derecho a la consulta previa a personas discapacitadas e indígenas, y dejar atrás el criterio de la anterior integración del Máximo Tribunal, para quien era un motivo para la anulación automática e inmediata de una norma.
"No estamos diciendo que no sea una obligación convencional y constitucional (la consulta previa), sólo que la invalidación de estas normas causaría más perjuicio a las personas con discapacidad", dijo la ministra Sara Irene Herrerías, en la sesión de este miércoles donde se discutieron tres acciones de inconstitucionalidad contra normas estatales que no fueron consultadas.
Los ministros, incluso quienes consideran que la consulta previa es un derecho sustantivo autónomo, por lo que su sola omisión invalida la ley, como Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa o Loretta Ortiz, votaron a favor de no eliminarlas de inmediato, a partir de mecanismo jurídico llamado "efectos diferidos" o "postergación de la invalidez", que le da 12 meses a los congresos locales para realizar las consultas.
Del otro lado, ministros como Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Lenia Batres, consideran que la falta consulta previa no es un motivo para la anulación automática, a pesar de que reconocen los compromisos internacionales y que se trata de un derecho humano.
"Tendríamos que hacer un análisis caso por caso del contenido normativo para no expulsarlo en automático. Si se expulsa esta norma, aun diferida 12 meses, (pero) si el legislador no hace la consulta, vamos a dejar a las personas con discapacidad sin este beneficio que la norma le puede generar", dijo el Ministro Presidente.
En octubre pasado, sin embargo, tras las protestas en contra del proyecto de Batres, que planteaba que la consulta previa solo es un "derecho adjetivo" de las personas con discapacidad, y por tanto no siempre se deben anular leyes en ausencia de dicha consulta, la Corte realizó una audiencia pública de tres días con colectivos que defendieron su derecho a ser consultados antes de la aprobación de una ley.
"¿Qué valor tuvo entonces ese ejercicio que realizamos?", ha reprochado el ministro Giovanni Figueroa, aunque también ha votado a favor de la invalidez diferida. El ministro Irving Espinosa Betanzo ha reconocido que la sola falta de consulta es motivo para la anulación automática, pero ha avalado también la invalidez diferida.
La falta de un nuevo criterio, sin embargo, ha ocasionado una amplia discusión y enredos en la Corte.
De las tres acciones de inconstitucionalidad por falta de consulta previa discutidos este miércoles, sólo fue avalado una contra Ley de Voluntad Anticipada de Chiapas, con proyecto de Yasmín Esquivel.
Con ocho votos, la Corte anuló los requisitos que exigían contar con "capacidad de ejercicio" y estar en "pleno uso de facultades mentales" para suscribir los documentos médicos sobre el final de la vida en Chiapas, por ser discriminatorias, pero en el caso de las medidas de accesibilidad sensorial para personas con discapacidad visual, auditiva y del habla sólo seis ministros votaron a favor de su anulación por no haber sido consultadas, pero concedieron un plazo de 12 meses para al Congreso.
En cambio, las impugnaciones contra la Ley para la Atención y Protección de las Personas con Condición de Espectro Autista de Morelos y la Ley de Educación del Estado de Durango fueron desestimadas porque sólo reunieron cinco votos, por lo que seguirán vigentes a pesar de que no fueron consultadas.
Durante toda la discusión, ayer y hoy, la Batres ha omitido participar, a pesar de que fue ella quien abrió el tema en octubre al proponer el abandono de la anterior jurisprudencia y la mantiene pese a la audiencia pública. La Ministra, sin embargo, busca conciliar ya que busca la presidencia de la Corte y la semana pasada acusó una "animadversión insana" en su contra.
