Consejeros de opacidad

Cinco de los seis consejeros del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes han solicitado la destitución de la presidenta del OPLE, Clara Beatriz Jiménez González. Pareciera uno de los episodios más críticos de la historia electoral local, el expediente está en manos del INE y si no actúa con celeridad, podría llegar octubre con una presidenta bajo procedimiento de remoción y un consejo dividido, un riesgo más a considerar en el próximo proceso electoral.

El documento que pide la remoción de Clara Beatriz Jiménez fue presentado el 13 de agosto ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), no es un simple desacuerdo administrativo: es una acusación que pone en duda la imparcialidad, la competencia y la legalidad de la titular del órgano que debe garantizar la limpieza de los comicios locales.

Las causales invocadas son graves y están tipificadas en la Constitución Federal y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se acusa a Jiménez González de atentar contra la independencia del instituto al subordinarse a terceros, de incurrir en notoria negligencia en el ejercicio de sus funciones y de realizar nombramientos ilegales. El procedimiento fue solicitado por cinco consejeros: Cindy Karina Barba Macías, Victor Manuel Dávila Leal, Hilda Hermosillo Hernández, Javier Mojarro Rosas, y Mariana Erendira Ramírez Velásquez, el único consejero que no acompañó la denuncia fue Fidel Moisés Cazarín Caloca.

Cuando los consejeros que deben vigilar la legalidad de los comicios se convierten en acusadores de su propia presidenta, la institución se fractura y la confianza ciudadana se erosiona. Lo que está en juego no es solo el futuro de una funcionaria, es la credibilidad del IEE como árbitro imparcial en un proceso electoral que definirá el rumbo político de Aguascalientes. 

La denuncia presentada contra Clara Beatriz Jiménez debe leerse con cuidado, no porque las acusaciones sean menores sino porque el documento enviado al INE no explica con precisión cuáles son los hechos concretos, enumera las causales jurídicas, pero no expone públicamente las conductas específicas que permitirían entender qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién resultó afectado.

Cinco consejeros anuncian que la situación es suficientemente grave como para pedir la remoción de la presidenta, pero en su posicionamiento del 18 de agosto sostienen que agotaron “todos los canales de diálogo con la Presidencia”, pero no informan cuáles fueron esos canales, qué reclamaron, qué respuestas recibieron ni por qué esas diferencias no fueron conocidas antes por la opinión pública. Afirman que existen actos presuntamente irregulares, pero no identifican los actos. Invocan la defensa de la independencia electoral, pero no explican de quién o de qué habría dependido la presidenta.

La denuncia, abre una investigación formal, pero no resuelve la pregunta central, ¿por qué una confrontación que se ha acumulado durante años estalla precisamente ahora? Esta es una crisis vieja presentada como emergencia, la presidencia de Clara Beatriz Jiménez ha conseguido por acción y omisión que el OPLE pierda centralidad pública. El instituto aparece poco en la conversación política, rara vez conduce el debate estatal y con frecuencia parece reaccionar a los acontecimientos en lugar de anticiparlos. Su presencia institucional se ha vuelto burocrática: administra procedimientos, emite acuerdos y cumple calendarios, pero no ejerce autoridad política ni pedagógica frente a partidos, gobiernos y ciudadanía.

El IEE vive las consecuencias de una ausencia de una política de comunicación, los hechos denunciados llevan años siendo rumores y chismes personales,  ¿por qué los cinco consejeros esperaron hasta este momento para acudir al INE? ¿Qué cambió en las últimas semanas? ¿Se produjo un hecho nuevo que precipitó la denuncia? ¿La proximidad del proceso electoral hizo imposible seguir ocultando una disputa que ya era conocida dentro del instituto?

La pregunta, entonces, no es únicamente si la presidenta incurrió en alguna causal de remoción. También es si los consejeros eligieron este momento porque consideran que el debilitamiento institucional les permite disputar la conducción del organismo, porque buscan evitar cargar colectivamente con los resultados del proceso electoral que se avecina o porque pretenden forzar al INE a intervenir antes de que comiencen formalmente los comicios.

Puede haber, incluso, varias motivaciones simultáneas. Una inconformidad real puede coincidir con una oportunidad política. Que exista una disputa legítima no significa que sus protagonistas carezcan de intereses estratégicos.

El INE es la autoridad que designa y, en su caso, remueve a las consejerías de los organismos públicos locales. La destitución de la presidenta no sería decidida por los cinco denunciantes ni por el Congreso del Estado, sino por el Consejo General del INE, mediante una votación calificada de ocho de sus once integrantes. El procedimiento se encuentra apenas en una etapa preliminar: la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debe determinar si existen elementos suficientes para admitirlo y continuar con la investigación.

Esto significa que todavía no hay destitución, ni siquiera admisión definitiva del procedimiento. Sin embargo, el solo hecho de poner la remoción sobre la mesa modifica el equilibrio interno del instituto. Clara Beatriz queda políticamente bajo sospecha; los cinco consejeros se presentan como una mayoría dispuesta a recuperar el control; y el INE se convierte en árbitro de una disputa que puede terminar alterando la conducción del proceso electoral local.

Si la presidenta fuera removida, la vacante no implicaría automáticamente que alguno de los cinco denunciantes se convierta en titular del IEE. El INE tendría que seguir el procedimiento de designación correspondiente y aprobar el nombramiento por mayoría calificada. En caso de una ausencia prolongada, el órgano puede establecer una presidencia provisional entre las consejerías en funciones mientras se realiza la designación definitiva.

Pero esa precisión jurídica no elimina la pregunta política: ¿quién tiene interés en que se abra esa sucesión? Un nuevo nombramiento siempre modifica redes de interlocución, equilibrios internos y márgenes de influencia. Puede beneficiar a la mayoría de consejeros que hoy enfrenta a la presidenta; puede beneficiar a partidos que busquen un árbitro más receptivo; puede beneficiar a grupos externos que pretendan colocar a una persona cercana; o puede beneficiar al propio INE, si considera que la crisis ofrece la oportunidad de recuperar control sobre un OPLE debilitado.

No hay elementos suficientes, por ahora, para afirmar que alguno de esos actores esté detrás de la denuncia. Sería irresponsable convertir una hipótesis en una acusación. Pero también sería ingenuo fingir que una remoción en la víspera de un proceso electoral carece de consecuencias políticas. El nuevo titular del IEE no solo administraría una oficina: conduciría la organización de las elecciones municipales y se convertiría en el principal interlocutor institucional de partidos, gobiernos y autoridades jurisdiccionales.

El comunicado de los cinco consejeros pretende transmitir responsabilidad. Dice que la denuncia busca proteger la vida democrática, que el procedimiento está en etapa preliminar y que los trabajos del proceso electoral continuarán bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Pero el lenguaje institucional no sustituye la información. Invocar la máxima publicidad mientras se ocultan los hechos centrales produce un efecto contrario al buscado. La ciudadanía no sabe qué nombramientos fueron ilegales, qué decisiones revelan negligencia, qué terceros habrían subordinado a la presidenta ni cuáles fueron los intentos de diálogo que supuestamente fracasaron. Tampoco sabe si los cinco consejeros denunciaron oportunamente cada una de esas conductas ante el Órgano Interno de Control, el Tribunal Electoral o el propio INE.

En un procedimiento que necesariamente tiene una fase reservada para proteger la investigación y el debido proceso, los consejeros no están obligados a divulgar pruebas ni detalles que puedan afectar el expediente. Pero sí pueden explicar el contexto político y administrativo de su decisión. Una cosa es preservar la confidencialidad de la investigación; otra, utilizar esa reserva para no rendir cuentas sobre una ruptura institucional de semejante magnitud.

La presidenta, por su parte, tiene derecho a defenderse y a que no se le condene mediáticamente antes de que el INE investigue. El procedimiento no prueba las acusaciones: únicamente las pone bajo examen. La remoción sólo puede ocurrir si la autoridad nacional acredita una causal legal, después de respetar el derecho de audiencia y valorar las pruebas. El INE ha resuelto recientemente procedimientos de este tipo y ha recordado que la remoción exige acreditar conductas previstas en la LGIPE, no simplemente demostrar que existe una mala relación entre consejerías.

La crisis no debería reducirse a escoger entre Clara Beatriz Jiménez y los cinco consejeros denunciantes. El problema de fondo es que el IEE ha perdido autoridad y relevancia mientras sus integrantes se acusan entre sí de poner en riesgo la función electoral.

Si durante años la presidencia ha conducido al OPLE hacia la irrelevancia, los cinco consejeros deben explicar por qué permanecieron dentro de esa dinámica y qué hicieron para corregirla. Si existieron nombramientos ilegales, negligencia o subordinación, ¿por qué no lo denunciaron cuando ocurrieron? Si la presidencia bloqueó el diálogo, ¿por qué no documentaron públicamente el conflicto? Y si el instituto se encuentra en riesgo, ¿por qué el comunicado ofrece garantías generales, pero no un diagnóstico concreto?

El IEE no puede pedir confianza mientras se comporta como una caja negra. La ciudadanía necesita saber si está ante una denuncia sustentada en faltas graves, una rebelión interna tardía o una operación de reacomodo antes de las elecciones. Las tres hipótesis no son equivalentes, aunque podrían coexistir parcialmente.

La intervención del INE será necesaria para determinar responsabilidades, pero no suficiente para resolver el problema político. Incluso si Clara Beatriz Jiménez permanece en el cargo, el IEE quedará marcado por una fractura que ya es pública. Y si es removida, el nuevo nombramiento no garantizará por sí mismo la recuperación de la institución. Cambiar a la persona al frente no corregirá automáticamente años de pasividad, opacidad o pérdida de autoridad.

La cuestión decisiva es si Aguascalientes tendrá un árbitro electoral capaz de confrontar a los partidos, resistir presiones externas, explicar sus decisiones y actuar con autonomía. Hasta ahora, el comunicado de los cinco consejeros no demuestra que esa reconstrucción está en marcha. Solo confirma que la disputa finalmente salió de los pasillos del IEE y llegó al INE.

Se pone peor, el IEE difunde un comunicado oficial en el que explica que el IEE se deslinda de cualquier comunicado que circule "por medios de los medios institucionales y oficiales", las redes sociales son esas vías.

La misma lógica que usan para acusar la usan para protegerse: exigen máxima publicidad de la presidenta, practican el máximo hermetismo con ellos mismos.

La opacidad y cobardía de los 5 consejeros que hoy se animaron a levantar la voz, usan esos medios, filtran sus intenciones a los medios, pero jamás aceptarán decirlo en entrevista, no veremos a estos consejeros que llevan años viajando en primera clase y con salarios de más de 80 mil pesos que se han incrementado sin pensar en quienes verdaderamente hacen su trabajo, porque para nadie es un secreto que el ambiente laboral en el IEE tiene graves desigualdades, estos consejeros que avientan la piedra y esconden la mano han encontrado en la estructura burocrática la forma de ocultarse por el ejercicio de un privilegio, sin preocuparse por sus colaboradores.

¿En qué están pensando los consejeros? Solamente en ellos, no hay brújula ética ni moral, es puro interés personal.

Los posicionamientos oficiales y los filtrados no aclaran las condiciones verdaderas en que se trabaja en el IEE. Esa falta de precisión es políticamente relevante. Creen que los deja en magnífica posición hacia afuera pero oculta las inconformidades internas. Así nadie pierde, los trabajadores del instituto siguen sobreviviendo las condiciones adversas mientras que los consejeros violan el precepto de la máxima transparencia pero aparentan que su queja es limpia y en honor a la democracia, cuando sólo están defendiendo su cargo y privilegios.

Una denuncia de remoción no es una carta de inconformidad ni una diferencia sobre el estilo de conducción de una presidenta. Es el mecanismo más severo para cuestionar la permanencia de una consejera electoral local. Por ello, quienes lo promueven tienen la obligación de explicar, con nombres, fechas, documentos y decisiones, cuáles fueron las irregularidades que los llevaron a romper públicamente con la presidencia.

La denuncia corre el riesgo de ser interpretada como un ajuste de cuentas interno presentado bajo el lenguaje de la defensa institucional. Nombran causales, invocan la ley, se envuelven en el vocabulario del INE, pero el vocabulario no es blindaje. Un ajuste de cuentas también puede estar fundado, también puede tener razón de fondo, y eso no lo convierte automáticamente en un acto de servicio público. La diferencia entre defender una institución y ajustar cuentas dentro de ella no la decide la intención declarada, la decide la transparencia del proceso. Y aquí, otra vez, no hay transparencia. Hay comunicado.

La oportunidad política de la denuncia no se agota en la sucesión que podría abrirse en la presidencia del IEE. Se juega también en algo más pequeño y más cínico: la oportunidad de aparecer, por una vez, del lado correcto de la historia sin pagar el costo de decirlo con nombre y cara. Firmar un oficio ante el INE cuesta menos que sostener una entrevista. Filtrar a los medios cuesta menos que rendir cuentas ante quienes llevan años cobrando una fracción de lo que ellos ganan mientras viajan en primera clase. La valentía que solo se ejerce por escrito, en privado, nunca frente a una cámara, no es valentía. Es gestión de riesgos.

Ahí está la irresponsabilidad de fondo: no en haber roto el silencio, sino en haberlo roto sin hacerse cargo de las consecuencias de romperlo. Cinco consejeros pusieron en entredicho a la presidenta de un organismo electoral a meses de un proceso, y lo hicieron sin ofrecer los hechos que sostendrían esa decisión ante la ciudadanía que tendrá que confiar en las elecciones que ellos mismos organizan. No es lo mismo denunciar que desestabilizar sin pruebas públicas. La diferencia entre una y otra la determina quien denuncia, no quien es denunciado y hasta ahora, los cinco han elegido quedarse del lado cómodo de esa diferencia.

Exigir la destitución de quien preside un árbitro electoral es un acto de máxima responsabilidad institucional o no es nada. No puede ejercerse a medias, con el expediente reservado y el posicionamiento vago, como si la gravedad de la acusación bastara para eximirlos de explicarla. Si tienen razón, la opacidad los perjudica: fortalece la sospecha de que actúan por cálculo y no por causa. Si no la tienen, la opacidad los protege de un costo que de otro modo tendrían que pagar en público.

Un consejo electoral que no puede transparentar por qué acusa a su propia presidenta tampoco puede exigirle transparencia a nadie más. Esa es la irresponsabilidad que no cabe en ningún comunicado: usar el lenguaje de la institucionalidad para evadir, precisamente, la institucionalidad.

Coda. Que los consejeros decidan defender una causa justa sin el valor de decirlo en público no los absuelve. Los hace previsibles.

@edilbertoaldan