Ante el último año de ejercicio municipal es importante que se brinden los recursos públicos contra desvíos con fines electorales, así lo señaló Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), "estamos ante un ejercicio fiscal clave, el último año de gobierno municipal, conocido como 'Año de Hidalgo', y la cercanía del proceso electoral nos obliga a extremar la vigilancia".Indicó que, "muchos alcaldes planean reelegirse o impulsar proyectos políticos de familiares, y eso eleva el riesgo de desvíos. Por eso, vamos a revisar el recurso con muchísimo mayor detalle, minuciosidad y eficacia. No vamos a permitir que el dinero de los potosinos se use para fines partidistas o de campaña. El uso de programas sociales, vehículos oficiales, obras públicas o personal del Estado para favorecer o perjudicar a cualquier candidato o partido es inaceptable y constituye una falta grave, incluso un delito. Si detectamos condicionamiento de obras, servicios o cualquier acto que oriente recursos hacia fines electorales, no quedará sin sanción. Promoveremos las responsabilidades administrativas, penales y políticas que correspondan, sin miramientos ni excepciones", explicó.Arranque de auditorías integrales al gasto federalizado 2025En cuanto al trabajo de auditorías, mencionó que "el convenio de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nos permite homologar criterios, metodologías y herramientas tecnológicas para auditar el 100% de los recursos federalizados ejercidos por el Gobierno del Estado y los 59 municipios de San Luis Potosí. Cada peso público debe comprobarse, justificarse y someterse a revisión".Continuó señalando que "no hay área, no hay fondo, no hay ente que quede fuera de nuestro alcance. Estamos hablando de miles de millones de pesos que la Federación transfiere a nuestra entidad para beneficio de la ciudadanía, y nuestra responsabilidad es vigilar que lleguen a donde deben: a obras, servicios, seguridad, salud, educación, no a gastos innecesarios ni a desvíos. El municipio de San Luis Potosí concentra más de la mitad de estos recursos, por lo que será objeto de una revisión particularmente exhaustiva, pero ninguno de los 59 municipios quedará al margen".Cumplimiento del salario mínimo para cuerpos de seguridad públicaAdemás, Lecourtois López indicó que, por mandato constitucional, los elementos de las estaciones policiales deben de percibir un ingreso mínimo de 14 mil pesos mensuales, "hemos detectado que varios municipios incumplen esta disposición, a pesar de recibir recursos federales específicos para el rubro de seguridad pública. Por eso, hemos establecido como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para que todos los ayuntamientos presenten la documentación que acredite el cumplimiento de esta obligación".Asimismo dijo: "No se trata únicamente de pagar el sueldo correcto, sino de entregar los informes, actualizar los tabuladores salariales y atender todos los requerimientos del IFSE y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si hay omisión con dolo, la calificaremos como falta grave y enviaremos los expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa para que se apliquen las sanciones que correspondan, sin importar el cargo de quien resulte responsable".Hallazgos en obra pública y prioridades de la fiscalizaciónEn lo referente a las auditorías a las obras públicas, indicó que "continúa siendo el rubro con mayor número de observaciones financieras y con mayor incidencia de faltas graves. En la primera etapa de revisión de las cuentas públicas 2025, detectamos irregularidades en proyectos de infraestructura de 35 municipios potosinos, algunas de las cuales podrían constituir faltas graves e incluso derivar en responsabilidades penales. Estamos hablando de obras que nunca se terminaron, que se pagaron a precios por encima del mercado, que carecen de documentos comprobatorios, o que simplemente no existen".También apuntó que "hemos encontrado retrasos injustificados en la ejecución, sobrecostos sin justificación y contratos asignados sin cumplir con los procesos de licitación adecuados. Ninguna observación queda archivada: cada una se sigue, se integra y se persigue hasta sus últimas consecuencias. La rendición de cuentas no es opción, es obligación".Sobre la modernización del IFSE y su independencia técnicaEl auditor superior indicó que "seguimos trabajando en la actualización de nuestros procesos y herramientas, con miras a implementar una fiscalización en tiempo real que nos permita detectar desviaciones antes, no después, de que el recurso se agote. El IFSE no es un organismo político; es un organismo técnico, autónomo e independiente. Nuestros auditores son profesionales certificados, capacitados y comprometidos con la verdad y con la ley. No respondemos a intereses de partido, ni a presiones de ningún tipo".En ese sentido señalo: "Exijo respeto hacia su trabajo, porque cada revisión, cada hallazgo y cada sanción que emitimos busca proteger el patrimonio de las y los potosinos. Quienes esperan que cerremos los ojos o que suavicemos la revisión se equivocan de organismo y de titular. Aquí se fiscaliza con transparencia, con equidad y con firmeza, sin importar colores ni afiliaciones".Próximos pasos y compromiso con la ciudadaníaFinalmente aseguró que "a partir de septiembre, intensificaremos las visitas de verificación física y documental en todos los municipios. Los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 se entregarán conforme a los plazos legales establecidos, y todas las observaciones, las sanciones y las denuncias correspondientes serán presentadas ante las autoridades competentes. A los funcionarios públicos les digo lo mismo que siempre: su obligación es comprobar, justificar y transparentar cada peso que gastan. Si lo hicieron bien, no tienen nada que temer. Si lo hicieron mal, nuestro deber es encontrarlo, señalarlo y actuar en consecuencia".
