De cara a la próxima discusión del presupuesto de egresos, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) puso a consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa para que los municipios asuman el mantenimiento de las escuelas públicas.
El directivo de esa agrupación, el alcalde Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, la iniciativa, que también considera que cada plantel escolar reciba una bolsa anual de 1.4 millones de pesos para mantenimiento y obras de reparación.
La iniciativa tiene como objetivo garantizar que las escuelas públicas de educación básica cuenten con condiciones adecuadas de infraestructura, mantenimiento y seguridad, explicó Tabe.
Según la iniciativa, se propone fortalecer las capacidades de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, "por ser las autoridades más cercanas a las comunidades y las que pueden identificar y atender con mayor rapidez las necesidades de cada plantel".
La propuesta plantea reformas a los artículos 3º, 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de reconocer expresamente la participación de los municipios y las Alcaldías en la conservación, rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo de las escuelas públicas de educación básica.
"Se establece que estos gobiernos podrán ejercer directamente los recursos destinados a este propósito, sin depender de autorizaciones previas de los gobiernos estatales o de la Federación, manteniendo mecanismos de coordinación con las autoridades educativas para garantizar que las obras sean compatibles con las necesidades y programas educativos".
Se crearía el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa en la Ley de Coordinación Fiscal y contaría con recursos federales equivalentes al 6 % de la Recaudación Federal Participable. Para 2026 el monto del Fondo ascendería a 320 mil millones de pesos (Monto exacto: $320,378,040,000). En el país existen 230 mil escuelas de educación básica. Por lo que el monto a distribuirse por escuela ascendería a 1.4 mdp.
Los recursos del Fondo se entregarían de manera íntegra a los municipios y Alcaldías, y su distribución se determinaría mediante una fórmula basada principalmente en el número de planteles de educación básica y la matrícula de alumnos de cada territorio.
De esta manera, se busca establecer un mecanismo objetivo, transparente y predecible para financiar las necesidades de infraestructura escolar.
Los municipios deberán destinar el 66% del monto de los recursos a mejorar o ampliar la infraestructura educativa y un 34% al mantenimiento.
La iniciativa incorpora un componente de participación ciudadana al permitir que los municipios puedan delegar total o parcialmente la ejecución de los recursos en los Comités de Padres de Familia, Consejos Escolares de Participación u otras instancias comunitarias legalmente reconocidas, bajo reglas de operación y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
