Aguascalientes y los campos de concentración salvadoreños

Hay ideas que llegan a una sociedad disfrazadas de solución. Se presentan como respuestas contundentes a problemas reales y explotan un sentimiento legítimo: el hartazgo frente a la delincuencia, la impunidad y el miedo. El problema comienza cuando, en nombre de la seguridad, se propone importar también la lógica que acompaña a esas soluciones.

En Aguascalientes ha comenzado a plantearse la posibilidad de replicar el modelo penitenciario de Nayib Bukele. El senador panista Juan Antonio Martín del Campo visitó en julio el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, y posteriormente sostuvo que una prisión de características semejantes podría instalarse en Aguascalientes. La propuesta forma parte de la agenda nacional del PAN para construir una megacárcel destinada a aislar a líderes del crimen organizado.

La discusión merece algo más que consignas.Porque una cosa es admirar la eficacia con la que un gobierno combate al crimen y otra muy distinta es importar un modelo de seguridad sin importar también sus costos institucionales, jurídicos y humanos.

I.- La seducción de la mano dura

El fenómeno Bukele tiene una explicación sencilla para su enorme atractivo: ofrece una imagen de Estado que recupera el control.

El CECOT es el símbolo perfecto de esa narrativa. Una prisión gigantesca, aislada, rodeada de muros y sistemas de seguridad, diseñada para concentrar a miles de personas consideradas integrantes o dirigentes de organizaciones criminales. El gobierno salvadoreño la convirtió, además, en una poderosa imagen política: el delincuente encerrado y el ciudadano finalmente libre.

Es una imagen políticamente irresistible.

Pero la política criminal no puede evaluarse solamente por la potencia de sus imágenes.

El gobierno de Bukele ha conseguido una reducción extraordinaria de la violencia homicida en El Salvador y ha debilitado severamente a las pandillas. Ese resultado explica su popularidad. Pero paralelamente, organismos de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y concentración del poder. Human Rights Watch señala que el gobierno salvadoreño profundizó la represión contra defensores de derechos humanos y críticos, mientras el régimen de excepción ha permitido una expansión extraordinaria del poder estatal.

Más recientemente, investigaciones periodísticas han documentado procesos judiciales masivos en los que abogados defensores denuncian dificultades para acceder a expedientes, pruebas insuficientes y audiencias sin las garantías ordinarias.

Ése es el punto que no debería perderse de vista.

II.- ¿Una cárcel o un campo de confinamiento?

Por eso resulta inquietante trasladar sin más el lenguaje del CECOT a México.

Una cárcel, en un Estado constitucional, no es un lugar donde desaparecen los derechos de una persona. La prisión restringe la libertad, pero no convierte al preso en alguien sin derechos.

Después de visitar el CECOT, se ha escuchado a funcionarios eststales decir que a determinados internos se les debe dar un trato especial y que, tratándose de personas que “se van a morir”, habría que “medio cuidar” sus derechos humanos. La frase debería provocar una reflexión profunda.Porque precisamente ahí se encuentra la frontera entre un Estado democrático y un Estado de excepción permanente: los derechos humanos no dependen de que una persona nos resulte simpática, ni siquiera de que haya cometido delitos terribles.La función del Estado es castigar conforme a la ley, no convertir el castigo en una zona donde la dignidad humana deja de existir.Por eso el título de este artículo es deliberadamente incómodo: Aguascalientes y los campos de concentración salvadoreños.

No porque el CECOT sea literalmente un campo de concentración en el sentido histórico del término. No lo es, y sería una comparación históricamente imprecisa. El término busca advertir sobre otra cosa: el peligro político de normalizar espacios de confinamiento masivo donde el individuo queda reducido a una categoría —“terrorista”, “pandillero”, “criminal”— y donde la seguridad termina justificando la suspensión de garantías.

III.- Aguascalientes no necesita importar el miedo.

Aguascalientes tiene problemas de seguridad. Nadie serio puede negarlo. Las autoridades estatales han reforzado en 2026 la coordinación entre policías, Fiscalía, Guardia Nacional y Ejército, particularmente en la zona limítrofe con Zacatecas.Pero combatir al crimen organizado no significa necesariamente construir una copia del CECOT.

El verdadero desafío está en otra parte: policías profesionales, investigación criminal, inteligencia financiera, ministerios públicos eficaces, jueces independientes, cárceles controladas por el Estado y no por los delincuentes, prevención social, atención a las adicciones, recuperación de territorios y, sobre todo, capacidad para evitar que las organizaciones criminales compren voluntades dentro de las instituciones.

Una megacárcel puede encerrar criminales pero no puede encerrar la corrupción que permite que el crimen llegue hasta las instituciones.Tampoco puede sustituir a una Fiscalía que investigue bien, a policías que sepan investigar o a jueces que tengan la capacidad y la independencia para condenar con pruebas.

IV.- El peligro de copiar solamente la parte espectacular

Hay una tentación frecuente en política: importar la fotografía y olvidar la película.La fotografía del CECOT es poderosa: miles de presos uniformados, rapados, sentados en filas interminables. Es la imagen de un Estado que aparentemente ha recuperado todo el poder.

Pero detrás de esa fotografía existe un modelo mucho más amplio: régimen de excepción, concentración de poder, debilitamiento de controles institucionales y cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos. Incluso otros países latinoamericanos han comenzado a mirar hacia ese modelo. Costa Rica, por ejemplo, inició un proyecto penitenciario inspirado en el CECOT, mientras Chile ha desarrollado recientemente operaciones penitenciarias que imitan elementos de la estética y estrategia salvadoreñas. La pregunta, entonces, no es si podemos construir una cárcel como la de Bukele.

Claro que podemos.

La pregunta es qué tipo de Estado queremos construir alrededor de ella.Porque un Estado democrático no demuestra su fortaleza cuando puede hacer cualquier cosa.

La demuestra cuando puede hacer justicia sin necesitar hacerlo todo.Aguascalientes debería aspirar a ser uno de los estados más seguros de México. Pero no debería aspirar a convertirse en un pequeño El Salvador.

No necesitamos campos de confinamiento para sentir que el Estado existe.

Necesitamos instituciones que funcionen.

Necesitamos una sociedad que no tenga que escoger entre seguridad y libertad.

Porque si para sentirnos seguros tenemos que renunciar a nuestros derechos, quizá terminemos descubriendo demasiado tarde que la cárcel que construimos para los otros también puede convertirse en el modelo de sociedad que un día nos toque habitar a nosotros.