La crisis alimentaria de 2027 puede haber comenzado ya

Clave 360°

Durante meses, la atención mundial ha estado puesta en el petróleo, las guerras y las tasas de interés. Sin embargo, una amenaza menos visible comienza a formarse bajo nuestros pies: la escasez y el encarecimiento de los fertilizantes. JPMorgan ha advertido que las disrupciones en las cadenas internacionales de suministro, combinadas con tensiones geopolíticas y riesgos climáticos, pueden presionar severamente la producción agrícola mundial. Recuperar plenamente determinadas capacidades de producción de fertilizantes puede tomar años, mientras el encarecimiento de estos insumos puede trasladarse progresivamente al precio de los alimentos.   El mecanismo es sencillo, pero peligroso. Sin fertilizante suficiente —especialmente nitrogenado— los agricultores reducen dosis, cambian de cultivo o simplemente siembran menos. Y la agricultura tiene algo que los mercados financieros no tienen: el tiempo perdido no se recupera. Una ventana de fertilización desaprovechada hoy puede convertirse en menor rendimiento meses después.   El estrecho de Ormuz explica parte de esta vulnerabilidad. Por esa ruta circula una proporción significativa del comercio internacional de fertilizantes, gas natural y energía. La FAO ha advertido que una interrupción prolongada en este corredor podría incrementar los costos de producción agrícola y deteriorar todavía más la seguridad alimentaria en los países más dependientes de las importaciones.   Lo verdaderamente preocupante es el retraso con el que funciona esta cadena. La FAO ha señalado que el impacto de las materias primas sobre el precio final de los alimentos puede tardar entre tres y seis meses en trasladarse plenamente al consumidor. Esto significa que las presiones generadas durante 2026 podrían sentirse con mayor intensidad hacia finales del año y durante 2027.   Ésa es la paradoja: hoy todavía puede no parecer una crisis. En México, la inflación general se ha mantenido relativamente contenida, pero los precios actuales cuentan, en buena medida, la historia de cosechas e insumos contratados meses atrás. El verdadero riesgo está en lo que se sembrará —o dejará de sembrarse— en los próximos ciclos agrícolas.   México llega a este escenario con una doble vulnerabilidad: depende de las importaciones de fertilizantes y también de volúmenes importantes de granos básicos. Durante 2026 se han registrado reducciones en el volumen de fertilizantes importados, acompañadas por incrementos significativos en su precio promedio. Al mismo tiempo, las compras externas de maíz continúan en niveles históricamente elevados.   Si aumenta el costo de producir maíz en Estados Unidos y otros países proveedores, México puede terminar importando no sólo alimentos, sino también inflación y vulnerabilidad alimentaria.   Para Sinaloa, la advertencia adquiere una dimensión todavía mayor. El estado es uno de los principales productores agrícolas del país y mantiene una participación determinante en cultivos como maíz, tomate, chile verde y frijol. Millones de toneladas de alimentos que llegan a las mesas mexicanas dependen directa o indirectamente de la agricultura sinaloense.   Un choque simultáneo de fertilizantes, combustibles y disponibilidad de agua tendría efectos especialmente delicados sobre los costos de producción, la rentabilidad del agricultor y, finalmente, el precio que paga el consumidor. Cuando producir una hectárea deja de ser rentable, el problema deja de ser exclusivamente agrícola y se convierte en un asunto económico y social.   En este contexto, Sinaloa ocupa también un lugar relevante en el debate sobre la producción nacional de fertilizantes. En Topolobampo se desarrolla un proyecto para la construcción de una planta de amoniaco con capacidad proyectada de 800 mil toneladas anuales, cuya instalación ha generado durante años posiciones encontradas entre autoridades, inversionistas, comunidades y organizaciones sociales y ambientales.   Más allá de esa controversia —que debe atenderse con transparencia, rigor técnico y pleno respeto a las comunidades y al medio ambiente—, el proyecto pone sobre la mesa una discusión de fondo: hasta qué punto México debe fortalecer su capacidad interna de producir insumos agrícolas estratégicos para reducir su vulnerabilidad frente a crisis internacionales. El desafío consiste en conciliar seguridad alimentaria, desarrollo económico, protección ambiental y legitimidad social.   La lección es clara. Los fertilizantes deben dejar de considerarse un insumo cualquiera y comenzar a tratarse como parte de la seguridad alimentaria nacional. México necesita diversificar proveedores, fortalecer su capacidad productiva, garantizar disponibilidad de insumos críticos, ampliar el crédito oportuno al productor y acelerar tecnologías que permitan utilizar con mayor eficiencia tanto los fertilizantes como el agua.   Las crisis alimentarias rara vez comienzan cuando falta comida en los anaqueles. Comienzan meses antes, cuando producir una hectárea deja de ser rentable.   Si las advertencias internacionales terminan materializándose, 2027 no se decidirá en los supermercados: se está decidiendo ahora, en los campos.  
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