¿Quién tiene derecho a contar la verdad?
Hay una batalla política que puede parecer menor frente a los grandes problemas de México: la discusión sobre el derecho de réplica en las conferencias presidenciales.
Pero quizá estamos mirando el lugar equivocado.
Porque detrás de la disputa entre Gobierno y oposición, detrás de las mañaneras, los medios y las redes sociales, existe una pregunta mucho más profunda:
¿Quién tiene derecho a contar la verdad?
Esta semana, el debate volvió a colocarse sobre la mesa luego de que la oposición planteara que las conferencias matutinas de la Presidencia estén sujetas al derecho de réplica cuando difundan información falsa o inexacta. El Gobierno, por su parte, ha defendido sus propios mecanismos para responder a lo que considera desinformación.
Y aquí conviene detenernos o empezar a mirar el lugar adecuado.
Porque el derecho de réplica no debería ser patrimonio de un partido, de un gobierno ni de un medio de comunicación. Es una herramienta para equilibrar el poder cuando una persona resulta afectada por información falsa o inexacta. De hecho, México cuenta desde hace años con una legislación específica que contempla incluso procedimientos judiciales para hacer valer ese derecho.
El problema comienza cuando confundimos derecho a responder o de replica con derecho a imponer una versión. Porque la democracia no necesita una sola voz. Necesita muchas voces capaces de confrontarse con información, evidencia y argumentos.
La presidenta Sheinbaum ni la consejera jurídica Luisa María Alcalde deberían olvidar que, durante siglos, las mujeres no solamente tuvieron menos poder político o económico. Tuvieron algo todavía más elemental: menos poder para contar su propia historia.
Otros explicaron nuestros cuerpos.
Otros interpretaron nuestras decisiones.
Otros decidieron cuándo una mujer era respetable, cuándo era exagerada, cuándo era víctima y cuándo era culpable.
Incluso cuando una mujer denunciaba violencia, muchas veces la primera pregunta no era qué había ocurrido, sino qué había hecho ella para provocarlo.
Por eso fue tan importante pasar de una sociedad que decía “no les creemos” a una que aprendiera a decir “te escucho”.
Pero escuchar tampoco significa convertir cada relato en una sentencia.
Como escribí la semana pasada: creer no es condenar.
Y ahora me gustaría agregar algo más:
ser escuchada tampoco significa tener el monopolio de la verdad.
Esta distinción es fundamental porque el debate público está entrando en una etapa distinta.
Hoy cualquiera puede publicar. Pero no todos tienen la misma capacidad para ser escuchados.
Una ciudadana puede escribir una denuncia en redes sociales.
Una periodista puede publicar una investigación.
Una organización civil puede presentar datos.
Un partido puede emitir un comunicado.
Pero cuando habla la Presidencia de la República, la dimensión es diferente: el poder institucional amplifica la voz. Y cuando una voz tiene millones de receptores, la responsabilidad sobre lo que afirma también debería ser proporcional a su alcance.
La libertad de expresión protege la crítica al Gobierno, pero también obliga a defender un espacio público donde las y los ciudadanos puedan distinguir entre hechos, opiniones, propaganda y especialmente desinformación.
Porque el verdadero riesgo para una democracia no es que existan versiones diferentes, sino que una sola versión llegue a convertirse en verdad oficial simplemente porque tuvo más presupuesto y micrófonos.
Por eso desde la presidencia de la república y desde la perspectiva de género no debería pedir que una voz sustituya a otra. Debería ser garante de que ninguna voz tenga que pedir permiso para existir.
Una mujer que denuncia merece ser escuchada.
Un hombre acusado merece debido proceso.
Una periodista merece investigar.
Un gobierno merece defenderse.
Una oposición merece cuestionar.
Y una ciudadanía merece conocer los hechos para formar su propia opinión.
No son derechos incompatibles.
Son las piezas de una democracia.
El desafío hoy por hoy es poder construir instituciones capaces de garantizar ese equilibrio.
En México donde el ejercicio periodístico es una profesión de alto riesgo, el señalamiento desde el gobierno hacia los medios de comunicación y comunicadores de alta relevancia, la política se ha convertido en una competencia desleal para controlar la narrativa.
Por ello, antes de compartir cualquier publicación, repetir cualquier acusación o convertir cualquier discurso en verdad sería muy valioso cuestionar: ¿Quién está contando esto? ¿Con qué evidencia? ¿Qué poder tiene esa persona o institución? ¿Y quién está quedando fuera de la historia? Porque una de las grandes tareas democráticas de nuestro tiempo es aprender nuevamente a escuchar, pero aún más importante aprender a verificar.
Y que no lo olviden las mujeres del gobierno: durante demasiado tiempo las mujeres luchamos por tener voz; ahora debemos luchar para que ninguna voz —masculina, femenina, política, empresarial o institucional— tenga el poder de sustituir la verdad por su propia versión de ella.
Claudia Sheinbaum y Luisa Alcalde quien controla la narrativa no necesariamente controla la verdad, pero sí puede controlar, durante un tiempo, lo que una sociedad cree que es verdad y ahí está el verdadero peligro que puede en breve dinamitar, además de estar violentando el derecho más elemental de una democracia que es la libertad de expresión
— Gwendolyne Negrete
