El nombre del expediente

Al exhibir una lista con nombres de periodistas, medios, políticos y cuentas digitales en el programa Derecho de réplica, Luisa María Alcalde convirtió el monitoreo en señalamiento político. Todo gobierno tiene derecho a realizar seguimiento de medios, redes sociales y tendencias digitales, así como a ejercicios de escucha social, tanto para conocer las preocupaciones ciudadanas como para responder a los casos de desinformación, pero la presentación de la consejera jurídica de la Presidencia rebasó ese ejercicio legítimo y evidenció cómo se arma un expediente.

Cuando la escucha se convierte en vigilancia, el análisis de tendencias se transforma en un expediente de adversarios. En el momento en que periodistas, medios, opositores y cuentas anónimas son colocados en el mismo tablero como piezas de una conspiración, se deja a un lado la explicación técnica acerca de cómo operan los bots o las campañas y se construye, en cambio, la imagen del gran enemigo.

En un ambiente ya polarizado, la práctica revelada por Luisa María Alcalde muestra un patrón paranoico, incompatible con la defensa de la libertad de expresión que Claudia Sheinbaum sostuvo en 2021, y sugiere un intento de controlar la narrativa y disciplinar el discurso público.

La ironía es que la presidenta ya había hecho esta pregunta, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum cuestionó la elaboración de listas de adversarios y preguntó: “¿Quién hace listas?” y asoció esa práctica con el macartismo, el nazismo y el fascismo. Advirtió que las listas podían contener amenazas implícitas. Cinco años después, su propio gobierno exhibe una gráfica con nombres de críticos bajo una clasificación política y digital, y pide que no se le llame lista.

Antes, una lista de adversarios era considerada una práctica intimidatoria; ahora, una funcionaria del gobierno exhibe nombres bajo el nombre de “ecosistema”. Antes se defendía la libertad de expresión frente al señalamiento, ahora la crítica aparece incorporada a un supuesto mecanismo de ataque. No se trata de afirmar que ambos episodios sean idénticos en todos sus elementos, sino de exigir coherencia: si hacer listas de adversarios era inaceptable cuando el señalado era Morena, también debe serlo cuando el señalado es un conjunto de periodistas, medios y opositores críticos de la Cuarta Transformación.

Para defenderse, Alcalde sostuvo que no presentó una “lista negra”, sino un análisis técnico sobre un ecosistema digital, y después de la polémica negó que se hubiera acusado a los medios de financiar bots o trolls. Pero la denominación oficial no resuelve el problema: si un gobierno proyecta una gráfica con nombres de periodistas, medios, políticos y cuentas digitales dentro de una supuesta red de ataque, el efecto político es el de una lista, sin importar que se le llame ecosistema, mapa de amplificación o análisis de redes.

La presentación incluyó 54 cuentas de medios, periodistas y analistas, 32 cuentas de políticos, 34 cuentas anónimas consideradas de ataque, y un anillo de amplificación de más de 560 mil cuentas y 22 millones de publicaciones. La pregunta no es sólo cuántas cuentas fueron contabilizadas, sino qué prueba existe para afirmar que todas esas personas y organizaciones integran una operación coordinada contra el gobierno.

El punto más débil de la presentación es la mezcla de categorías: no es lo mismo un medio con línea editorial crítica, un periodista que publica información desfavorable, un político opositor que usa esa información, una cuenta anónima que insulta, un bot que multiplica artificialmente un contenido, y una organización que financia una campaña coordinada. Al ponerlos juntos, el gobierno produce una apariencia de estructura conspirativa, y la imagen importa porque sustituye la demostración por la insinuación.

La coincidencia narrativa no acredita coordinación: que varias cuentas publiquen sobre el mismo tema no demuestra una operación centralizada, que un periodista aparezca cerca de una tendencia digital no prueba que participe en una campaña, que un medio sea citado por opositores no lo convierte en parte de una red partidista. Un análisis serio tendría que explicar la metodología, definir qué entiende por ataque y amplificación artificial, acreditar los vínculos entre las distintas capas y distinguir entre actividad automatizada, actividad orgánica y trabajo periodístico. Sin esos elementos, la presentación opera más como una acusación política que como una investigación.

Esa es la lógica paranoica del poder, y la palabra debe usarse con cuidado: no como diagnóstico clínico, sino como descripción de una lógica política que aparece cuando el gobierno interpreta la crítica no como parte normal del pluralismo, sino como evidencia de una conspiración permanente. La prensa crítica deja de serlo  y se convierte en adversaria; la oposición deja de ser oposición y pasa a formar parte de un ecosistema; la inconformidad ciudadana es presentada como manipulación externa.

En esa narrativa el gobierno ocupa siempre el lugar de la víctima y sus críticos el de los operadores ocultos, el resultado es un patrón de comunicación defensivo y persecutorio: en lugar de responder a las preguntas de fondo, se intenta desacreditar el origen de la crítica; no se debaten los datos, se señala al emisor; no hay corrección de una política pública, se denuncia a quienes la cuestionan. La lista cumple ahí una función narrativa precisa: desplaza la conversación desde las críticas al gobierno hacia la supuesta existencia de una maquinaria enemiga, hacia la pregunta de quién está detrás de los ataques contra la 4T. Ese desplazamiento es útil para cualquier gobierno que quiera evitar rendir cuentas: si el problema no es la política pública sino la red que la critica, la respuesta ya no consiste en corregir, sino en desactivar, desacreditar y aislar.

La presentación de Luisa MaríaAlcalde ocurre, además, en un espacio público profundamente polarizado, y en ese contexto la autoridad tiene una responsabilidad adicional: no alimentar la estigmatización. Cuando un gobierno presenta a sus críticos como integrantes de una red de ataque, el mensaje no se queda en el debate discursivo; puede activar campañas de hostigamiento digital, amenazas, linchamientos públicos y presión contra medios y periodistas; en México, donde la violencia contra la prensa ya constituye un problema grave, el señalamiento desde el poder no es un gesto inocuo.

La exposición debe leerse, además, junto con otras prácticas de comunicación gubernamental: descalificar medios incómodos, negar legitimidad a periodistas críticos, privilegiar voces afines y utilizar el acceso a la información o a la publicidad oficial como mecanismo de recompensa y castigo. No es necesario demostrar que cada una de esas prácticas forme parte de un plan centralizado para advertir el patrón: el gobierno intenta administrar no sólo la comunicación institucional, sino también las condiciones de legitimidad del discurso público.

El problema no es que el gobierno escuche, sino que lo hace para clasificar. El problema no es que responda sino que lo hace señalando. El problema no es que detecte bots sino que coloca a personas reales, medios profesionales y cuentas anónimas dentro del mismo relato conspirativo.

Monitorear la conversación pública es una función democrática; convertir a quienes participan en ella en sospechosos es una práctica de poder incompatible con la libertad de expresión.

Coda. La democracia exige gobiernos capaces de soportar la crítica; el autoritarismo comienza cuando el poder necesita identificar a quienes la ejercen. Cambiarle el nombre a la lista no cambia su efecto: cuando un gobierno exhibe nombres para explicar sus problemas, el expediente ya empezó a escribirse.

@edilbertoaldan