Clave 360°
Existen momentos en la historia de una sociedad en los que el deterioro más peligroso no puede medirse únicamente en empleos perdidos, empresas cerradas o puntos del producto interno bruto. Hay un deterioro más silencioso: comienza cuando las personas dejan de salir, de opinar, de denunciar, de organizarse y finalmente de participar. El miedo deja entonces de ser una reacción frente al peligro y comienza a convertirse en una forma de vida.
México enfrenta ese riesgo. Sinaloa, particularmente, parece estar atravesando una preocupante normalización del miedo.
No debe confundirse prudencia con cobardía. El temor frente a una amenaza real es profundamente humano. Sería injusto exigir heroicidades individuales a quienes sienten amenazada su seguridad o la de sus familias. El verdadero problema aparece cuando una sociedad permanece demasiado tiempo bajo esas condiciones y paulatinamente comienza a considerar normal aquello que jamás debió serlo.
Thomas Hobbes comprendió hace siglos que el miedo constituye una de las fuerzas fundamentales de la vida política. Los seres humanos aceptan la autoridad del Estado, entre otras razones, porque esperan de él protección. Ése es uno de los fundamentos originales del contrato social: el ciudadano renuncia a ejercer por sí mismo determinadas formas de fuerza y deposita en las instituciones la responsabilidad de garantizar orden, seguridad y justicia.
¿Qué sucede entonces cuando el ciudadano cumple su parte del contrato, pero percibe que el Estado no cumple suficientemente la suya?
Ocurre algo profundamente dañino: el individuo se repliega.
Abandona paulatinamente el espacio público y se refugia en su esfera privada. Aprende qué lugares evitar, a qué horas no salir, qué temas no comentar, qué acontecimientos no cuestionar y ante cuáles situaciones resulta aparentemente más conveniente guardar silencio. El miedo termina imponiendo reglas que ninguna ley escribió.
Los datos recientes ayudan a entender la dimensión del fenómeno. En junio de 2026, 90.8% de los habitantes adultos de Culiacán consideró inseguro vivir en su ciudad, frente a 84.4% tres meses antes. En Mazatlán la proporción fue de 78.4%, mientras que el promedio nacional de las 91 áreas urbanas estudiadas por el INEGI fue de 59.8%.
Cuando nueve de cada diez ciudadanos de una ciudad manifiestan sentirse inseguros, ya no estamos únicamente frente a un problema policiaco. Estamos frente a un fenómeno capaz de modificar la economía, las relaciones sociales, la vida cotidiana, el consumo, la inversión y, sobre todo, la manera en que el ciudadano se relaciona con la comunidad y con el poder.
Alexis de Tocqueville sostenía que una democracia no vive exclusivamente de elecciones. Vive de ciudadanos capaces de asociarse para resolver problemas comunes. Hannah Arendt agregó una idea todavía más profunda: el verdadero poder surge cuando las personas actúan conjuntamente. Desde esa perspectiva, pocas cosas debilitan tanto a una sociedad como conseguir que cada persona se sienta sola frente a problemas que en realidad son colectivos.
Ésa es la consecuencia política más grave del miedo: atomiza a la sociedad.
El empresario posterga una inversión. El comerciante reduce horarios. El profesionista evita involucrarse. El vecino deja de organizarse. El ciudadano decide no denunciar. Las organizaciones civiles disminuyen su actividad y poco a poco se instala una frase extraordinariamente peligrosa: “mejor no meterse”.
Individualmente puede parecer una decisión comprensible. Colectivamente produce un resultado devastador: el espacio público comienza a quedarse vacío.
Y cuando los ciudadanos abandonan el espacio público, alguien termina ocupándolo.
Por eso la indiferencia, la resignación y el miedo sostenido nunca son políticamente neutrales. Allí donde disminuye la participación social también disminuyen los contrapesos, la vigilancia ciudadana y la capacidad colectiva de exigir cuentas.
La economía tampoco permanece al margen. Durante el primer trimestre de 2026, la actividad económica de Sinaloa registró una contracción anual de 1.2%. Particularmente preocupante fue el comportamiento de las actividades primarias —fundamentales para la estructura productiva del estado—, que retrocedieron 16.6%, mientras las actividades secundarias crecieron 5.2% y las terciarias apenas 0.8%.
Una economía regional depende de múltiples variables: agua, agricultura, mercados internacionales, inversión, crédito, consumo y políticas públicas. Sería simplista atribuir toda dificultad económica exclusivamente a la inseguridad. Pero sería igualmente equivocado utilizar esa complejidad para minimizar el peso que un ambiente prolongado de temor tiene sobre la actividad productiva.
La inseguridad actúa como un impuesto invisible. Reduce horarios comerciales, afecta el consumo, eleva costos, desalienta inversiones, modifica decisiones familiares y empresariales, inhibe nuevos proyectos y deteriora probablemente la variable económica más importante de todas: la expectativa sobre el futuro.
Pero aquí debe establecerse una frontera fundamental.
No podemos convertir el llamado a recuperar la valentía ciudadana en una fórmula para eximir al gobierno de sus responsabilidades.
La seguridad pública, la aplicación de la ley y la preservación de las condiciones que permiten ejercer las libertades no son concesiones del gobierno: son obligaciones esenciales del Estado. El ciudadano puede colaborar, denunciar, organizarse y participar; pero no puede sustituir a las instituciones encargadas constitucionalmente de protegerlo.
Un gobierno no puede pedir confianza sin ofrecer resultados, exigir participación mientras el ciudadano siente temor ni invocar la corresponsabilidad social para diluir responsabilidades que le son propias.
La comparación internacional debería invitarnos a reflexionar. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, México ocupó el lugar 121 de 143 países y el 28 de 32 en América Latina y el Caribe. Uruguay, en contraste, ocupó el lugar 23 mundial. No se trata de idealizar otros países, sino de recordar que seguridad, instituciones, justicia y desarrollo están profundamente conectados.
Paradójicamente, México conserva una reserva importante de energía cívica. Una encuesta reciente de la OCDE encontró que 45% de los mexicanos considera que personas como ellos pueden influir en las decisiones gubernamentales, frente a sólo 25% en promedio entre los países latinoamericanos estudiados.
Eso significa que la sociedad mexicana todavía no está condenada a la resignación.
Ahí reside quizá nuestra mayor esperanza.
Sinaloa no necesita ciudadanos imprudentes ni héroes solitarios. Necesita instituciones capaces de proteger y una ciudadanía suficientemente organizada para exigir que lo hagan. Necesita empresarios, universidades, organizaciones sociales, medios, profesionistas y comunidades dispuestos a recuperar progresivamente el espacio público.
La valentía cívica no consiste en no sentir miedo. Consiste en impedir que el miedo termine decidiendo por nosotros.
Porque el mayor triunfo del miedo no ocurre cuando logra intimidar momentáneamente a una sociedad, sino cuando consigue transformar de manera permanente su conducta; cuando el silencio parece más sensato que la palabra, el aislamiento más seguro que la organización y la resignación más cómoda que la exigencia. Es entonces cuando una sociedad comienza, casi sin advertirlo, a renunciar a espacios de libertad que difícilmente recuperará si deja de defenderlos.
En ese punto, el miedo deja de ser solamente consecuencia del deterioro y comienza a convertirse en una de sus causas.
Por eso el desafío que enfrenta Sinaloa no es solamente recuperar seguridad o crecimiento económico. Es recuperar algo todavía más profundo: la convicción de que el espacio público también nos pertenece, que participar sirve, que exigir es legítimo y que vivir con miedo jamás debe convertirse en nuestra nueva normalidad.
La sociedad debe recuperar su voz.
Y el Estado, cumplir con su obligación de hacer posible que pueda ejercerla sin miedo.
