Next energy: ni cárcel ni venganza

Next Energy volvió a la conversación pública con una noticia que parece nueva y vieja al mismo tiempo. Lo nuevo es que la Fiscalía General de la República investiga a cinco exfuncionarios del Ayuntamiento de Aguascalientes por el contrato firmado en 2019; lo viejo es la costumbre provinciana de siempre: la facilidad por condenar y la prisa, apenas un poco más disimulada, por absolver.

Publicaciones en El País y Milenio reactivaron el expediente para volverlo a conectar con Teresa Jiménez. Lo que suscitó la aparición de dos coros perfectamente coordinados en su diferencia: unos proclaman corrupción consumada y cárcel inminente; otros meten las manos al fuego por la inocencia total de todos los implicados.

Ambos coros, unos de chaleco guinda y otros de azul, comparten varios defectos: buscar venganza en vez de justicia; creer que el estruendo es política, confundir responsabilidad penal con responsabilidad política.

Si Teresa Jiménez hubiera cometido un delito, eso tendría que probarse en un tribunal; pero si su administración tomó una mala decisión pública, eso no desaparece aunque nunca exista una sentencia penal. La ausencia de imputación no es un certificado de buen gobierno, del mismo modo que una nota periodística no equivale a una condena.

El problema es que el caso Next Energy ha sido narrado como si fuera una sola historia lineal, cuando en realidad son tres expedientes distintos superpuestos.

Primero está el litigio mercantil. Un juzgado resolvió la rescisión del contrato y ordenó devoluciones millonarias. Las cifras varían según las fuentes (426 millones, más de 600 millones, montos proyectados mucho mayores), pero lo importante es entender que se trata de una vía patrimonial y contractual, no de una sentencia penal. Ese juicio responde a la pregunta de cuánto dinero debe recuperarse, no a quién debe ir a prisión.

Luego está la causa estatal contra Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, detenido a finales de 2025, seis años después de la firma del contrato. La cronología importa porque evita una trampa frecuente: presentar la detención como si fuera la consecuencia inmediata del convenio de 2019. La Fiscalía de Aguascalientes sostiene hipótesis de fraude, cohecho y otros posibles delitos; el empresario habla de persecución y venganza. Ninguna de las dos versiones sustituye una sentencia, sólo alimenta los incendiarios comentarios en Facebook de quienes gritan desde la comodidad del escritorio.

Lo más nuevo es la investigación federal contra cinco exfuncionarios municipales: Alfredo Martín Cervantes García, Rodolfo Téllez Moreno, Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Luis Alberto Rivera Vargas y Mónica Marcela Díaz Aranda. Aquí la propia cobertura periodística revela un problema: algunas notas hablan de citatorios, otras de imputación y otras de acusación formal. Esa inconsistencia no es un detalle técnico; es la prueba de que buena parte del debate público se construye sobre información incompleta.

La confusión entre estas tres vías no es accidental. Cuando todo se resume en “el caso Next Energy”, cualquiera puede trasladar la gravedad de una investigación a otra sin que el lector lo advierta. Así funciona la manipulación política: se toma una pieza cierta y se le pegan consecuencias que todavía no existen.

Por eso conviene separar lo jurídico de lo político.

Con la información pública disponible hasta hoy, no existe evidencia documentada de que Teresa Jiménez esté formalmente imputada por la FGR. Decir lo contrario sería especular, y esa especulación le basta a la oposición local, que prefiere hacer lives a recorrer el territorio.

Lo que no se puede pasar por alto es que la gobernadora firmó el contrato como presidenta municipal y su administración sostuvo el proyecto. Esa decisión la coloca inevitablemente en el centro del escrutinio político. La pregunta pendiente no es si mañana será detenida; la pregunta es qué sabía, qué autorizó y qué controles institucionales operaron mientras un contrato cuestionado seguía comprometiendo recursos públicos sin entregar los resultados prometidos.

Esa pregunta no desaparece aunque nunca exista una causa penal en su contra.

A la oposición local le conviene instalar desde ahora la palabra “corrupta”, porque el desgaste político no espera al calendario judicial. Pero al bando que defiende a la gobernadora le convendrá mañana, si la investigación federal no produce una condena, declarar el caso cerrado y presentar la falta de sentencia como absolución total. Es la misma pereza intelectual con dos disfraces distintos; eso ocurre cuando la discusión pública se reduce a levantar pancartas o publicaciones en Facebook.

Tampoco ayuda el periodismo que se limita a repetir nombres, cargos y la relación con la gobernadora sin explicar en qué etapa procesal está cada expediente. La repetición mecánica de datos incompletos no es neutralidad: es combustible para cualquiera de las dos propagandas.

Next Energy no necesita exageraciones para ser un asunto grave. Un contrato público cuestionado, obligaciones financieras de largo plazo, recursos comprometidos y una cadena de decisiones administrativas bajo investigación bastan para exigir explicaciones serias.

La justicia tendrá que responder una pregunta concreta: si hubo delitos y quién los cometió. Pero hay otra pregunta que ningún juez resolverá por sustitución: quién autorizó el modelo, quién lo justificó, quién lo supervisó y por qué un proyecto que prometía eficiencia energética terminó convertido en un expediente interminable.

En Aguascalientes tenemos una relación entrañable con los expedientes: los convertimos en telenovela antes de abrirlos y en leyenda antes de cerrarlos. Unos ya reparten esposas imaginarias; otros mandan imprimir certificados de inocencia todavía en blanco.

Mientras tanto, Next Energy sigue ahí, como esos anuncios de preventa donde prometían un futuro luminoso y terminaron entregando sólo el recibo de la luz.

Quizá por eso el caso incomoda tanto. Porque no habla únicamente de un empresario, de cinco funcionarios o de una gobernadora. Habla de una costumbre profundamente nuestra: confundir la propaganda con la justicia y esperar que, entre tanto ruido, nadie pregunte quién firmó, quién pagó y quién dejó encendido el interruptor de un negocio que nunca produjo la energía prometida.

Coda. Entre la cárcel anticipada y la absolución automática existe un territorio mucho más incómodo: el de la responsabilidad pública. Ahí es donde realmente empieza la discusión que Aguascalientes ha preferido evitar.

@edilbertoaldan