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Más de la mitad de la población enfrenta precariedad laboral

Aguascalientes, AGS; Aguascalientes se ubicó entre las entidades con menor porcentaje de personas sin acceso a un trabajo digno en el país, aunque todavía 572 mil habitantes enfrentan condiciones de exclusión laboral o precariedad, de acuerdo con el más reciente reporte Observatorio de Trabajo Digno, elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2026-I.   El estudio señala que en la entidad 55% de la población en edad y condición para trabajar carece de un empleo digno, porcentaje que coloca a Aguascalientes en el lugar 25 del ranking nacional, únicamente por encima de Sonora, Querétaro, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.   A nivel nacional, el informe advierte que 57.6 millones de personas, equivalentes al 65% de la población potencialmente productiva, no cuentan con trabajo digno, considerando tanto a quienes permanecen excluidos del mercado laboral como a quienes laboran sin acceso a seguridad social.   En el caso de Aguascalientes, el reporte estima que 233 mil personas se encuentran en condición de exclusión laboral, es decir, desempleadas, disponibles para trabajar o imposibilitadas de hacerlo por dedicarse a labores de cuidado sin remuneración, lo que representa el 22% de la población potencialmente productiva.   Además, 175 mil personas están excluidas del mercado laboral por realizar labores de cuidado, de las cuales 94% son mujeres, reflejando el impacto que estas responsabilidades siguen teniendo sobre la participación femenina en el empleo remunerado.   El análisis también identifica que 339 mil trabajadores en Aguascalientes desempeñan actividades sin acceso al seguro social, lo que representa un 49% de la población ocupada y constituye una de las principales expresiones de precariedad laboral en la entidad.   Frente a ello, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza plantea tres acciones prioritarias: ampliar la oferta de servicios de cuidado, facilitar el acceso de jóvenes a su primer empleo formal y crear incentivos para incorporar al seguro social a personas que trabajan por cuenta propia o en micronegocios familiares. El organismo sostiene que estas medidas contribuirían a incrementar el empleo formal, fortalecer la productividad y mejorar la cobertura de protección social en el país.  
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