Bajo presión
Según Alejandro Moreno, el fallo del INE en su contra “evidencia una alarmante pérdida de la autonomía de la autoridad electoral. Es un acto grotesco de censura y una burda maniobra de intimidación política dictada desde el poder”. No, la resolución exhibe los excesos verbales del dirigente priista; y deja al descubierto una mutación profunda de la oposición mexicana. El problema no es que el PRI critique al árbitro electoral. El problema es que la defensa del INE se ha convertido en un recurso de supervivencia política.
Hubo un tiempo en que defender al INE era una causa comprensible incluso para quienes no militaban en la oposición. La amenaza de una reforma que debilitara su estructura activó una reacción ciudadana real, extendida, con una base que iba más allá de los partidos. La consigna era clara: proteger una institución que, con todos sus defectos, seguía siendo vista como un dique frente a la captura política del proceso electoral.
Esa primera defensa del INE se fue desfigurando. Esa gran marcha en defensa del instituto fue una reacción a la reforma electoral y al “Plan B”. El lema “El INE no se toca” condensó una preocupación real por la autonomía electoral, con participación amplia de ciudadanos y organizaciones, antes de que la consigna se transformara en marca política.
La Marea Rosa descubrió en la marcha ciudadana la posibilidad de volver a conectar a los electores con los partidos, conservó el lenguaje de sociedad civil y defensa institucional, pero fue creciendo como plataforma de articulación opositora, lo que se hizo evidente cuando figuras y estructuras partidistas asumieron su vocería o se colocaron a su sombra. No es que la movilización se partidizara, se oposicionó.
Tras la derrota de la oposición en la elección del 2024, la defensa del INE ya no opera como un acto de vigilancia democrática, sino como una identidad de oposición. No por nada la iracunda reacción de los opositores cuando el instituto pone límites a sus expresiones, aun cuando esas expresiones rozan la calumnia. No están defendiendo sólo la libertad de expresión; están defendiendo el derecho a seguir usando el escándalo como método político.
La reacción de Alito Moreno revela precisamente eso: una dirigencia que necesita convertir cada corrección institucional en persecución. Si el INE sanciona, hay censura. Si el INE ordena bajar publicaciones, hay autoritarismo. Si el árbitro pone un límite, el PRI responde con una puesta en escena de agravio que le permite evitar la discusión de fondo. La lógica es vieja, pero ahora se disfraza de defensa democrática.
Lo que Alito Moreno califica como “acto grotesco de censura” se reduce a la adopción de medidas cautelares respecto de 5 publicaciones realizadas desde cuentas del dirigente priista y 4 reposteos difundidos desde la cuenta del PRI, por considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena, al asociar a ese partido con actividades relacionadas con el narcotráfico sin prueba alguna. Entre las expresiones señaladas se encuentran “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “cártel de Morena” y “narcopropagandista”, por lo que el INE ordenó su retiro de las plataformas digitales.
El INE no es el instrumento del oficialismo que plantea Moreno Cárdenas, a propósito el dirigente pasa por alto que el instituto declaró improcedente la tutela preventiva solicitada por Morena al considerar que se basa en hechos futuros de realización incierta, es decir, simplemente no hay censura. Sin embargo, el priista insiste en que Morena pretende amordazar a la oposición porque el gobierno no soporta que se le recuerde su ineptitud y pacto con el crimen organizado así como su falta de resultados.
Lo más llamativo es que esa retórica se apoya en una causa que alguna vez fue genuina. El priismo no sólo intenta apropiarse de la defensa del INE; intenta reescribirla como si siempre hubiera sido una batalla partidista contra Morena. Así borra el matiz más importante: que la ciudadanía que salió a defender al instituto no marchaba necesariamente para hacerle campaña a la oposición, sino para contener una reforma que percibía como amenaza institucional.
El INE, que antes servía como punto de convergencia para una defensa democrática amplia, hoy es también la coartada de una oposición sin imaginación que se ha quedado sin relato propio. Cuando la oposición no logra construir una alternativa política, suele refugiarse en la indignación permanente: grita más fuerte, personaliza el conflicto y convierte cada episodio en una prueba de persecución.
El fondo de todo esto no es sólo si Alito Moreno exagera o si el INE se excede. El fondo es que la defensa del instituto, al ser arrebatada de la ciudadanía por la oposición, perdió parte de su densidad democrática y ganó volumen propagandístico. La discusión sobre el papel que el árbitro debe jugar deja de ser el problema principal: el verdadero problema es que la oposición ya no sabe distinguir entre cuidar una institución y usarla como escenario.
El riesgo de esa erosión no es sólo retórico. Si cada sanción se lee como atentado y cada límite como autoritarismo, la oposición pierde la capacidad de distinguir una agresión real contra el INE de la simple consecuencia de violar la ley electoral. Alito ya gritó lobo con el fallo del Tribunal Electoral, con las multas, con cada medida cautelar que le ha tocado. El día que el instituto enfrente una amenaza genuina a su autonomía, el aldeano que corra a advertirlo encontrará una plaza vacía: nadie sale ya, el propio PRI se encargó de enseñarle a nadie a no creerle.
Coda. En la fábula, el lobo termina por comerse las ovejas precisamente porque el pastor mintió demasiadas veces. Alito Moreno debería preguntarse qué le costará a la autonomía electoral el día que sí haya lobo y ya no le quede voz para advertirlo.
