Transparencia sin intermediarios

Con la desaparición del INAI, la transparencia se volvió menos autónoma, más centralizada y más dependiente de la voluntad del gobierno; se movió de una lógica de contrapesos a una lógica de autocontrol del gobierno: antes existía un árbitro independiente que resolvía disputas de acceso a la información, con la Cuarta Transformación una parte sustancial de esa función quedó dentro del propio gobierno, lo que no elimina automáticamente el derecho a saber, pero debilita la idea de un contrapeso externo que obligue al Estado a abrirse cuando no quiere hacerlo; y en la práctica, la Plataforma Nacional de Transparencia siguió operando, pero con una experiencia más compleja para localizar y analizar datos.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para fortalecer la transparencia en todas las entidades del Gobierno de México.

“En la ley actual está establecido que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o del procedimiento en el que está la información. Con este Decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier secretaría”, explicó Sheinbaum. La presidenta añadió que en un mes se reforzará la Plataforma Nacional de Transparencia y que cada mes se informará sobre los contratos públicos: transparencia total, según su propia definición.

Más que una medida administrativa, el decreto se lee como un reconocimiento tácito del daño causado por la desaparición del INAI, presentado como un compromiso mayor en beneficio de la transparencia.

El gobierno asegura que ya no dejará la clasificación de información “al criterio” de ningún funcionario, pero el problema nunca fue sólo el criterio individual: era el sistema entero de incentivos para ocultar, fragmentar o retrasar el acceso a la información. Si la nueva arquitectura no crea contrapesos efectivos, lo único que habrá cambiado es el lenguaje con el que se administra la reserva.

La transparencia no es un regalo del gobierno: es una forma de distribuir poder. Cuando el Estado decide qué muestra y qué oculta, también decide qué puede discutir la ciudadanía y qué no. El decreto debe leerse como una reorganización del control político sobre la información pública. Si funciona, puede reducir márgenes de opacidad reales; si fracasa, se convertirá en una escenografía más del nuevo régimen de la rendición de cuentas administrada desde arriba.

Hay tres pruebas concretas que determinarán si el decreto es un avance real o una operación de imagen:

Si la publicación mensual de contratos facilita el escrutinio público o sólo multiplica documentos difíciles de procesar.

Si Pemex y CFE entregan información sustantiva sobre sus filiales, subsidiarias y operaciones, o si se refugian en formatos opacos y parciales.

Si la reserva de información queda realmente excepcional o si la noción de "seguridad nacional" termina siendo una puerta trasera para seguir ocultando lo incómodo.

Pero hay un elemento previo a esas tres pruebas, y del que depende su valor: quién verifica el cumplimiento. Sin un mecanismo independiente de vigilancia, la transparencia se convierte en una promesa que el poder se hace a sí mismo. De esa manera, la ciudadanía no gana información; gana propaganda con mejor formato.

Sheinbaum insiste en que la transparencia puede reconstruirse desde el Ejecutivo tras la extinción del INAI. Esa apuesta tiene una lógica política clara: con la desaparición del árbitro, el nuevo gobierno quiere ocupar el terreno de la legitimidad. Pero la legitimidad no se decreta. Se prueba.

La pregunta, entonces, no es si el decreto “suena bien”. La pregunta es si el gobierno está dispuesto a convivir con una ciudadanía que no sólo reciba información, sino que la use para cuestionar, incomodar y exigir. La transparencia auténtica no sirve para tranquilizar al poder; sirve para volverlo examinable.

La discusión de fondo no es si el Estado dice ahora que “abrirá más”, sino si existe una instancia independiente capaz de obligarlo cuando no cumpla, porque sin eso el derecho a la información queda más expuesto a la discreción del poder.

Todo lo demás es la forma en que este decreto se está discutiendo, y ninguna de las voces atiende el problema real. De nueva cuenta se intercambian acusaciones en lugar de argumentos. El oficialismo ni siquiera se toma la molestia de explicar de qué va la propuesta: repite que el INAI era caro y recuerda los casos de corrupción de algunos de sus funcionarios, como si eso agotara la discusión sobre qué lo sustituye.

La oposición tampoco lee el decreto ni analiza sus posibles virtudes como el acortamiento de plazos, el cambio de criterio, la promesa de mejorar la Plataforma Nacional de Transparencia; se limita a repetir que el gobierno quiere usar la medida para ocultar actos de corrupción. Ninguno de los dos bandos discute el fondo porque a ninguno de los dos le conviene: al oficialismo, porque explicar es exponerse; la oposición, porque leer con cuidado obligaría a reconocer los aciertos junto con los riesgos. Así, el debate público no fiscaliza el poder: lo protege, cada bando cuidando el flanco del otro sin querer.

Coda. El poder no necesita ocultar información cuando nadie se molesta en pedirla.

@edilbertoaldan