Aguascalientes, AGS; El Colegio de Economistas de Aguascalientes presentó un diagnóstico sobre la precarización laboral en el estado, en el que advirtió que las renuncias forzadas se han convertido en un fenómeno que impacta la estabilidad económica de miles de familias, al trasladar a los trabajadores costos que, legalmente, corresponderían a los empleadores.
Durante la rueda de prensa, el organismo señaló que una de cada cuatro reclamaciones presentadas ante el Centro de Conciliación Laboral de Aguascalientes involucra presiones o simulaciones para obligar a los trabajadores a firmar su renuncia. Asimismo, estimó que esta práctica representa para las empresas un ahorro indebido de entre 70 y 80% del pasivo laboral, al evitar el pago de indemnizaciones constitucionales. Además, recordó que la Ley Federal del Trabajo contempla multas de 50 a 5 mil UMAs para este tipo de infracciones.
El estudio expuesto por los economistas sostiene que este comportamiento no ocurre de manera aislada, sino que responde a patrones identificados en determinados periodos del año, principalmente durante los cierres de año y al concluir proyectos en sectores como manufactura, autopartes y servicios de subcontratación, donde algunas empresas buscan reducir costos laborales.
El Colegio también identificó diversas prácticas que afectan a los trabajadores según el sector económico. Entre ellas mencionó la retención de finiquitos en micro, pequeñas y medianas empresas; la presión para firmar renuncias bajo el argumento del término de proyectos en empresas de outsourcing, y la firma anticipada de renuncias desde la contratación en algunos empleos temporales del sector manufacturero.
De acuerdo con la presentación, las consecuencias para las familias van más allá de la pérdida del empleo. El organismo explicó que las renuncias forzadas generan falta de liquidez inmediata, obligan a recurrir a créditos o préstamos para cubrir gastos básicos, provocan la pérdida temporal de cobertura del IMSS y pueden derivar en que los trabajadores acepten empleos con salarios entre 20 y 30% menores o se incorporen al sector informal.
En materia jurídica, los economistas señalaron que, aunque la legislación contempla sanciones e indemnizaciones para los despidos injustificados, persiste una brecha en su aplicación. Indicaron que algunas empresas recurren a tácticas dilatorias, como no acudir a las audiencias de conciliación, con el propósito de desgastar económicamente al trabajador antes de que venza el plazo legal para ejercer sus derechos.
Como parte de sus propuestas, el Colegio planteó un paquete de políticas públicas que incluye la creación de un seguro de desempleo con un fondo de garantía para adelantar finiquitos durante los litigios, créditos puente a tasa cero, la ampliación de la cobertura del IMSS para personas desempleadas y mecanismos que fortalezcan la justicia laboral mediante sanciones más efectivas contra quienes retrasen injustificadamente los procesos.
Finalmente, se concluyó que la renuncia forzada no debe entenderse únicamente como una infracción laboral, sino como un problema económico y social que deteriora el patrimonio de las familias y genera costos adicionales para el Estado, por lo que llamó a fortalecer los mecanismos de protección y cumplimiento de la legislación vigente.
