Opinión
A un siglo del cierre de templos
«Si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de fraile tejerán mis manos».
Con esa frase, pronunciada por el diputado constituyente Alfonso Cravioto durante los debates del artículo 3.º de la Constitución de 1917, comenzó una de las intervenciones más reveladoras del clima político que imperaba entre una parte importante de quienes redactaron la nueva Carta Magna. No se trataba únicamente de un anticlericalismo exacerbado. Detrás de aquellas palabras se encontraba una forma de entender el poder: la convicción de que una mayoría revolucionaria podía redefinir la vida nacional sin necesidad de persuadir, escuchar o construir consensos con la sociedad que decía representar.
Leer el Diario de los Debates del Constituyente produce una mezcla de admiración y desconcierto. Admiración por el momento fundacional que representó para el constitucionalismo mexicano; desconcierto porque, en muchas de sus páginas, el debate cedió su lugar a la consigna. Escasean los argumentos jurídicos o las razones sustentadas en hechos; abundan, en cambio, las descalificaciones y la certeza absoluta de quienes se asumían intérpretes exclusivos de la voluntad nacional.
Mientras el diputado Luis Manuel Rojas celebraba que se quemaran los confesionarios, se fundieran las campanas de los templos y hasta se colgara a algunos frailes, Cravioto no discrepaba del propósito, sino del método: «¡Hay que aplastar a los curas! Sí, señores. Bien está. Pero hay que aplastarlos con todas las reglas del arte y de la política...».
Más reveladora aún fue la intervención de Natividad Macías. Frente a quienes apelaban al sentir religioso de la inmensa mayoría de los mexicanos, respondió que precisamente la misión del Estado consistía en conducir al pueblo aun contra sus propias creencias. La representación dejaba así de entenderse como un mandato para escuchar a la sociedad y se convertía en una licencia para corregirla. El representante ya no era portavoz del pueblo; era su tutor.
Ese cambio de lógica ayuda a comprender lo que ocurrió después.
La Constitución de 1917 incorporó diversas disposiciones que restringían severamente la libertad religiosa, particularmente en los artículos 3.º, 5.º, 27 y 130. Durante algunos años su aplicación fue irregular, hasta que en 1926 el presidente Plutarco Elías Calles decidió endurecerlas mediante la reforma al Código Penal conocida como la Ley Calles. Enseñar catecismo, formar comunidades religiosas, establecer escuelas católicas o portar hábitos fuera de los templos podía convertirse en motivo de sanción penal. El Estado dejaba claro que estaba dispuesto a utilizar todo el peso de la ley para imponer una determinada visión de la vida pública.
La respuesta de los católicos fue, en un primer momento, profundamente cívica. Se organizaron campañas de resistencia pacífica y se reunieron cerca de dos millones de firmas solicitando la derogación de las medidas persecutorias. Aquella fue probablemente una de las mayores movilizaciones ciudadanas de la época. Sin embargo, quienes decían representar al pueblo decidieron no escucharlo. Las firmas fueron desechadas sin mayor discusión.
Ese episodio suele recibir menos atención que la Guerra Cristera, pero quizá sea más revelador. Antes que los disparos hubo una petición. Antes que la violencia hubo una demanda de diálogo. Antes que la rebelión hubo ciudadanos intentando utilizar los cauces institucionales. Fue el fracaso de esos cauces lo que terminó alimentando la confrontación.
El México posrevolucionario carecía prácticamente de contrapesos. La concentración del poder político, el predominio del caudillismo y la inexistencia de una oposición efectiva permitieron que las decisiones de un reducido grupo prevalecieran sobre el sentir de amplios sectores de la población. Cuando el poder no encuentra límites, fácilmente termina confundiendo la mayoría con la unanimidad y la legalidad con la legitimidad.
Tras agotarse todas las vías institucionales, el Episcopado suspendió el culto público el 31 de julio de 1926. El gobierno respondió endureciendo la persecución mediante encarcelamientos, confiscaciones y ejecuciones. Poco después comenzaron los levantamientos armados que desembocarían en la Guerra Cristera, uno de los episodios más dolorosos del siglo XX mexicano.
La Cristiada no fue solamente un conflicto religioso. Fue, sobre todo, el fracaso de la representación política. La violencia no nació porque existieran desacuerdos; los desacuerdos son propios de toda democracia. Nació porque quienes ejercían el poder dejaron de considerar necesario escuchar a quienes afirmaban representar. Cuando el diálogo desaparece, la imposición ocupa su lugar.
Por eso resulta tan actual la reflexión de Anacleto González Flores. Al describir la historia de la democracia mexicana escribió: «Primero se proclamó al pueblo rey; después se le coronó de espinas y de insultos; y al final se colocó un letrero afirmando: este es el rey». La paradoja sigue interpelándonos: invocar constantemente al pueblo no significa necesariamente respetar su voz.
Esa quizá sea una de las lecciones más valiosas del centenario del cierre de los cultos. Las circunstancias del México de hoy son distintas y sería un error establecer equivalencias mecánicas con el pasado. Pero las tentaciones del poder suelen parecerse. También hoy escuchamos con frecuencia que todo se hace en nombre del pueblo, mientras los consensos se consideran prescindibles, las mayorías legislativas sustituyen al diálogo y quienes disienten son descalificados antes que escuchados.
La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste también en reconocer que ninguna mayoría representa por sí sola a toda la nación y que gobernar implica escuchar incluso —y sobre todo— a quienes piensan distinto. Los contrapesos, el debate parlamentario y la deliberación pública no son obstáculos para la transformación; son las garantías que impiden que cualquier proyecto político termine identificándose con la única voluntad legítima.
A cien años del cierre de los cultos, la principal enseñanza de la Cristiada no es religiosa, sino democrática. Ninguna mayoría, por amplia que sea, sustituye el deber de escuchar; ningún proyecto político justifica la desaparición de los contrapesos; ningún representante puede arrogarse el derecho de hablar indefinidamente en nombre del pueblo mientras deja de escuchar al pueblo mismo. La democracia comienza a vaciarse cuando la representación deja de ser un mandato para servir y se convierte en una licencia para imponer.
