Intersecciones en Clave de Género
Cuando una sociedad sustituye los tribunales por los trending topics, ya no busca justicia; busca culpables.
La muerte del maestro señalado por una denuncia de presunto acoso ha abierto una de las conversaciones más incómodas de los últimos años. No porque enfrente a hombres contra mujeres, sino porque nos obliga a mirar una pregunta que ninguna democracia debería eludir: ¿cómo protegemos a quien denuncia sin destruir a quien aún no ha sido juzgado?
Las redes sociales no tardaron en dividir el debate en dos bandos irreconciliables. De un lado, quienes aprovecharon el caso para sentenciar que “ya no se les puede creer a las mujeres”. Del otro, quienes sostienen que cualquier cuestionamiento a una denuncia constituye una nueva forma de violencia. Entre ambos extremos, la verdad quedó atrapada.
Durante décadas, las mujeres denunciaron violencia, abuso y acoso para encontrarse con una respuesta institucional devastadora: el silencio, la descalificación o la sospecha. La frase “¿estás segura?” sustituyó demasiadas veces a “¿cómo puedo ayudarte?”. Esa experiencia explica por qué surgió el llamado a creer en la palabra de las mujeres, con la famosa frase: “yo si te creo”.
Pasamos de no escuchar a las mujeres a reconocer que toda denuncia merece ser escuchada e investigada con seriedad. Escuchar no equivale a condenar. Creer en la dignidad de quien denuncia no significa renunciar al debido proceso.
Sin embargo, y lo mas importante es aclarar que el verdadero sentido de ese cambio nunca fue reemplazar la justicia por la fé.
El verdadero problema no es la discusión entre quienes dicen “yo sí te creo” y quienes responden “ya no les creo”. El verdadero problema es que seguimos depositando en las redes sociales una responsabilidad que corresponde exclusivamente a las instituciones.
Porque, y la verdad sea dicha el Estado falló en cualquiera de los escenarios posibles.
Si la denuncia era verdadera, falló por no ofrecer mecanismos eficaces para proteger a la víctima y esclarecer los hechos oportunamente.
Si la denuncia era falsa, falló por no garantizar que la investigación protegiera también los derechos de quien fue señalado.
Y si todavía no conocemos toda la verdad, volvió a fallar al permitir que el juicio ocurriera primero en el tribunal de la opinión pública, donde los algoritmos dictan sentencia mucho antes que los jueces.
En una época donde basta una publicación para destruir reputaciones o desacreditar testimonios, la justicia enfrenta un desafío inédito: llegar antes que el linchamiento digital.
Las denuncias falsas existen, pero representan una proporción reducida frente al universo de agresiones que nunca llegan a denunciarse. Al mismo tiempo, la presunción de inocencia no es un privilegio masculino; es una garantía constitucional que protege a todas las personas. Defender ambos principios no es una contradicción, sino una condición indispensable para que exista justicia.
Tal vez el mayor aprendizaje de esta tragedia sea que necesitamos instituciones más sólidas y conversaciones menos viscerales. No se trata de elegir entre creerles a las mujeres o proteger a los acusados. Se trata de construir un país donde ninguna víctima tenga miedo de denunciar y donde ninguna persona sea condenada antes de que la verdad haya sido demostrada.
Porque cuando la justicia llega después del linchamiento, todos perdemos. Las mujeres, porque sus denuncias se politizan. Los hombres, porque la sospecha puede convertirse en sentencia. Y la sociedad, porque termina confundiendo la verdad con la tendencia del día.
Una democracia madura no les pide a las mujeres que guarden silencio ni les pide a los hombres que renuncien a la presunción de inocencia. Les exige a sus instituciones que hagan su trabajo.
La justicia nunca debería decidirse por aplausos, hashtags o algoritmos. Su única obligación sigue siendo la misma: encontrar la verdad.
