Aguascalientes, AGS; El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) aseguró que la tortura continúa siendo una práctica vigente en la entidad y denunció que la Fiscalía Especializada en la materia estaría reclasificando carpetas de investigación por este delito como ilícitos de menor impacto, lo que, afirmó, impide su adecuada investigación y reduce las cifras oficiales.
A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta del Observatorio, Mariana Ávila Montejano, señaló que el caso de Samantha Jennifer Fierro y Erick Vázquez refleja los retos que persisten para garantizar el acceso a la justicia cuando existen denuncias por tortura, violaciones al debido proceso y presunta fabricación de pruebas.
La activista sostuvo que el caso representa una oportunidad para revisar la actuación de las instituciones encargadas de investigar este tipo de delitos y enfatizó que una investigación imparcial fortalece la confianza ciudadana y el Estado de derecho.
Durante el mismo mensaje, Erick Vázquez, quien se identificó como sobreviviente de tortura y víctima indirecta del caso, afirmó que en 2019 él y su pareja fueron privados de la libertad por agentes de investigación sin orden de aprehensión y posteriormente trasladados a instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde, según su testimonio, permanecieron varias horas sometidos a agresiones físicas, psicológicas y sexuales.
Vázquez aseguró que las denuncias presentadas desde 2020 continúan sin resolverse y acusó que, con la actual administración de la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura, diversas carpetas han sido reclasificadas como delitos de menor gravedad, entre ellos tratos crueles, inhumanos o degradantes, o bien se ha determinado el no ejercicio de la acción penal.
Asimismo, afirmó que esa práctica no sería exclusiva de su caso y sostuvo que el número de carpetas relacionadas con tortura ha disminuido debido a la reclasificación de expedientes y al archivo temporal de investigaciones, hecho que afecta a otras presuntas víctimas.
El denunciante también señaló que existen dictámenes del Protocolo de Estambul -uno elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otro por la propia Fiscalía General del Estado- que, según afirmó, concluyeron la existencia de tortura en el caso. No obstante, acusó que dichas pruebas no fueron valoradas dentro de la investigación y que incluso uno de los estudios habría sido cancelado.
Finalmente, Erick Vázquez solicitó la intervención del fiscal general del estado para revisar la actuación de la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura y afirmó que, mientras no existan sanciones contra los responsables, estas prácticas continuarán ocurriendo.
En el mismo video, el Observatorio recordó que, con base en datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), casi la mitad de las personas privadas de la libertad en Aguascalientes reportaron haber sufrido agresiones físicas después de su detención y antes de ser puestas a disposición del Ministerio Público, al tiempo que sostuvo que la tortura sigue siendo un problema vigente en la entidad.
