Bajo presión
El Estado siempre encuentra una forma elegante de decir que quiere cuidarnos. A veces lo hace con el lenguaje de la salud pública, otras con el de la seguridad nacional y, cuando se trata de medios, recurre a la palabra más dócil de todas: protección.
Nadie discute la necesidad de proteger a las audiencias, en lo que es indispensable poner atención es en lo que envuelve esa intención, lo que esconde esa protección cuando comienza a adjetivar un derecho, como el derecho a la información.
Sí, ahí está el derecho a la información, irrenunciable, ¿cuándo agregaron que esa información debe ser veraz, plural, clara o respetuosa? Sí, por supuesto, son adjetivos razonables, casi indiscutibles, sólo se respinga cuando se pregunta lo elemental: ¿Quién los interpreta? ¿Quién decide cuándo una información es suficientemente veraz, plural, clara o respetuosa? ¿Un funcionario, un comité, un regulador, una oficina con facultades de vigilancia? Ahí dejamos de hablar de audiencias, de derechos y se asoma la intencionalidad de quien gobierna y propone estas cosas.
La consulta pública sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en nombre de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en voz de Luisa María Alcalde, va a dar como resultado, se supone, una idea de cómo queremos regular a radio y televisión para que garanticen información veraz, plural y diferenciada entre información, opinión, propaganda y publicidad, también prevé mecanismos para el derecho de réplica y obligaciones para concesionarios y defensores de audiencias.
El detalle es que esta consulta se presenta como una corrección técnica, como si el problema fuera afinar un mecanismo administrativo y no abrir una puerta delicada. No es todavía una imposición, pero sí una señal de hacia dónde quiere moverse el Estado. El poder rara vez se anuncia como poder, suele presentarse como solución. Cuando una autoridad se coloca en el papel de árbitro del contenido, el riesgo no está sólo en la censura abierta. El riesgo es más sofisticado: la presión, la autocensura, la corrección preventiva, la prudencia excesiva, el miedo a incomodar a quien tiene la facultad de evaluar.
Nadie está obligado a creer que toda regulación es censura. Sería absurdo. Los medios necesitan reglas, transparencia, responsabilidad y mecanismos eficaces para atender posibles agravios de las audiencias. Pero una cosa es exigir rendición de cuentas y otra muy distinta es permitir que el Estado se establezca como el intérprete último del sentido de una noticia, una opinión o una publicidad.
Nadie podría oponerse, en abstracto, a que la información aspire a claridad, respeto, pluralidad, veracidad. Nomás que hay que ser muy ingenuo para pensar que la política se define por los ideales que enuncia, cuando en realidad se trata de las facultades que se quiere adjudicar, cuando eso ocurre, la línea entre proteger al público y tutelar el criterio editorial se diluye.
Antes de comenzar a gritar que quieren censurar o responder que se defienden privilegios, no hay que perder de vista de lo que se trata la discusión: el problema no es la nobleza declarada del propósito, sino el alcance de la herramienta. Un Estado que empieza por definir los adjetivos de la información declara el deseo de definir sus límites. Hoy puede decir que busca claridad; mañana podrá alegar equidad, pasado, respeto, luego, responsabilidad. La escalera siempre parece razonable vista desde el primer escalón.
La historia de la prensa mexicana ya conoce ese tipo de escaladas. Por eso hay que mirar con desconfianza cualquier intento de poner bajo tutela lo que se dice en nombre de las audiencias. No porque el público no merezca defensa, sino porque el Estado no debe convertirse en tutor de la conversación pública, ojo, sin importar el color o las siglas de un partido, simplemente no se debe. Sí, los medios pueden y deben ser cuestionados, pero por la crítica, por la competencia, por el escrutinio social y por su propia ética, no por una autoridad que decide si su información pasó o no pasó el examen del adjetivo correcto.
La consulta, en ese sentido, importa más de lo que parece. No por lo que ya impone, sino por lo que revela. El Estado rara vez llega de golpe: primero prueba el tono, luego prueba la norma, después la costumbre, y una vez instalada, ya nadie recuerda en qué momento se normalizó que la autoridad sea intérprete del contenido.
La defensa de las audiencias es una causa legítima. Lo que no debería normalizarse es que, bajo ese mismo argumento, el poder publique su interés por adjetivar el derecho a la información y se reserve la última palabra sobre su significado. La información puede requerir reglas; lo que no debería requerir es un adjetivo aprobado por el poder.
Coda. Las palabras “protección” y “vigilancia” a veces viajan en el mismo tren. La diferencia está en quién lleva la llave del vagón.
@edilbertoaldan
