Clave 360°
“La única pista para saber de qué es capaz el ser humano es observar lo que ya ha hecho.”
La frase de R. G. Collingwood contiene una advertencia que ninguna sociedad democrática debería ignorar:la historia no sirve únicamente para recordar lo ocurrido, sino para reconocer los mecanismos mediante los cuales la libertad puede ser debilitada y, finalmente, destruida.
El nazismo no acabó con la democracia alemana mediante un solo golpe. Su avance fue progresivo y, en buena medida, revestido de legalidad. Adolf Hitler llegó a la Cancillería en enero de 1933 dentro de las instituciones de la República de Weimar. Tras el incendio del Reichstag, el decreto del 28 de febrero suspendió libertades fundamentales —expresión, prensa, reunión y privacidad— y permitió detener a opositores sin acusaciones concretas. Poco después, la Ley Habilitante facultó al gobierno para legislar sin el Parlamento y abrió el camino a la completa nazificación del Estado. Para julio de 1933, los demás partidos habían sido proscritos.
La oposición dejó de ser reconocida como una expresión legítima de la pluralidad política y pasó a ser presentada como una amenaza contra la nación. Socialdemócratas, sindicalistas, periodistas y críticos fueron estigmatizados, perseguidos y expulsados progresivamente de la vida pública. La propaganda reemplazó al debate, el partido se confundió con el Estado y la obediencia al gobernante desplazó la lealtad a la Constitución. Antes de eliminar físicamente a muchos de sus adversarios, el régimen procuró destruir su reputación, negarles legitimidad y despojarlos de toda protección política y jurídica.
Comparar ciertos procesos políticos contemporáneos con el nazismo no significa sostener que sean idénticos ni colocar en el mismo plano a cualquier gobierno autoritario y al régimen responsable del Holocausto. Hacerlo sería una simplificación histórica y una ligereza moral. Pero reconocer las diferencias no obliga a ignorar las semejanzas en los métodos,la descalificación sistemática del adversario, la captura de las instituciones, el debilitamiento de los contrapesos y la pretensión de convertir una mayoría electoral transitoria en un poder sin límites. La historia no se repite de manera exacta; suele regresar mediante mecanismos conocidos, adaptados al lenguaje y a las circunstancias de cada época.
El populismo autoritario comienza frecuentemente con una división moral de la sociedad. De un lado coloca al “pueblo verdadero”, cuya voluntad asegura encarnar el gobernante; del otro, a las élites, los traidores, los conservadores o los agentes extranjeros. Bajo esa lógica, la oposición deja de ser una parte indispensable de la democracia y se convierte en un obstáculo ilegítimo que debe ser neutralizado.
Nicaragua muestra hasta dónde puede conducir ese proceso. El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega anunció que no volvería a haber elecciones que permitieran a la oposición disputar el poder. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, comenzó después a preparar los cambios jurídicos para materializar esa instrucción. El anuncio no surgió de la nada, fue precedido por años de encarcelamiento de opositores, cierre de organizaciones civiles, persecución de voces críticas y concentración de los poderes del Estado.
México aún no ha llegado al extremo de Nicaragua ni constituye una reproducción literal del régimen nazi; pero esa diferencia de grado no invalida la analogía ni disminuye la gravedad de las señales. Los sistemas autoritarios no aparecen completamente formados, avanzan mediante la descalificación del adversario, la ocupación progresiva de las instituciones, el debilitamiento de los árbitros y la reducción de los espacios de competencia. Que todavía existan elecciones, partidos opositores y pluralidad política no demuestra que la democracia esté a salvo; demuestra, precisamente, que aún se está a tiempo de impedir que esos mecanismos terminen por vaciarla desde dentro.
En México se han promovido reformas que han despertado preocupación por la autonomía electoral, la independencia judicial, la representación de las minorías y la fortaleza de los contrapesos. En marzo de 2026, una reforma electoral impulsada por el Ejecutivo fue rechazada en la Cámara de Diputados, después de que legisladores y aliados del propio oficialismo cuestionaran sus efectos sobre la concentración del poder y la representación proporcional.
A ello se suma una práctica discursiva cada vez más inquietante: presentar a los opositores, periodistas, jueces, organizaciones civiles y autoridades autónomas como representantes de la corrupción, el privilegio o la traición. La crítica política es legítima; lo peligroso comienza cuando desde el gobierno se niega legitimidad a todo aquel que discrepa. En ese momento, una mayoría electoral deja de entenderse como un mandato temporal y comienza a utilizarse como justificación para apropiarse del Estado.
La democracia no consiste únicamente en votar. Exige árbitros independientes, separación de poderes, prensa libre, respeto a las minorías y la posibilidad real de que quienes gobiernan hoy pierdan mañana. Cuando el partido gobernante intenta debilitar esas condiciones, puede conservar la apariencia democrática mientras destruye gradualmente su contenido.
La lección de Núremberg no es que toda tensión política conduzca inevitablemente al totalitarismo. Es que ninguna sociedad debe esperar hasta la abolición formal de las elecciones para defender sus instituciones. Cuando el adversario es convertido en enemigo, la ley en instrumento del partido y el Estado en patrimonio de un movimiento, la democracia ya ha comenzado a retroceder.
Collingwood tenía razón:
«La única pista para saber de qué es capaz el ser humano es observar lo que ya ha hecho.»
Recordar el pasado no es vivir prisioneros de él. Es reconocer sus métodos antes de que regresen disfrazados de legalidad, voluntad popular o justicia histórica.
