El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encontraría en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para concretar su entrega voluntaria y colaborar como testigo protegido, tras las acusaciones presentadas en su contra por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.La revelación fue hecha por el periodista y escritor especializado en crimen organizado, Jesús Lemus Barajas, quien detalló en entrevista que las negociaciones se canalizan a través de un abogado del mandatario sinaloense, quien estableció contacto directo con la fiscalía federal estadounidense desde el pasado fin de semana para evaluar los términos de un posible acuerdo.De acuerdo con las declaraciones del analista, la decisión de Rocha Moya responde al creciente aislamiento y a la presión logística y jurídica que enfrenta. Tras haberse separado de su cargo el pasado 2 de mayo —tres días después de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York formalizara cargos en su contra y de nueve funcionarios más por conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas de fuego de uso exclusivo—, el gobernador con licencia permanece resguardado en su domicilio bajo custodia federal. Pese a haber buscado el aval del Ejecutivo federal para reintegrarse a sus funciones, la postura oficial de aguardar el desarrollo de las investigaciones habría impulsado el acercamiento con las autoridades norteamericanas.A este escenario se suma el impacto de la entrega voluntaria de otros excolaboradores clave en Sinaloa, como el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez —actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn—, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega. Según Lemus, estos movimientos habrían dejado sin margen de maniobra al exgobernador, ante la inminencia de que las declaraciones de sus excolaboradores comprometan aún más su situación legal.De concretarse las negociaciones, el procedimiento requeriría que Rocha Moya acepte la responsabilidad de los cargos imputados y aporte información sustancial sobre escalafones superiores dentro de las redes de protección o de la estructura delictiva en la región.
