En México solemos hablar de justicia como si todos estuviéramos diciendo lo mismo. Para unos, justicia significa castigo, para otros, significa captura. Para otros más, significa exhibición pública del culpable. El concepto ha sido usado hasta el cansancio, hasta vaciarlo. La pronuncian los gobernantes, los fiscales, los comentaristas, los operadores del poder. La pronuncian con solemnidad, con rabia, con cinismo, siempre con oportunismo. Para quienes han sufrido un daño, la justicia debería significar algo más elemental y sencillo: reparación, verdad y reconocimiento de la víctima. La justicia no debería ser el gesto altivo de señalar a un culpable, ni la ceremonia grotesca de exhibir a un detenido, mucho menos la satisfacción breve y sucia de una captura transmitida como si fuera redención. Eso es otra cosa: escenografía, propaganda, ruido.
La confusión no es casual. También es política. En contextos de crisis, la palabra justicia se usa como una bandera que intenta ordenar el discurso público, elegir enemigos convenientes y construir relatos de eficacia. Se persigue a unos delincuentes, se exhibe a otros, se presume una captura, y con eso se intenta cerrar una conversación incómoda sobre las causas del problema o sobre otros casos que siguen abiertos. Con una facilidad obscena, se pretende hacer pasar por justicia lo que muchas veces no es más que administración del escándalo. Se persigue a unos, se exhibe a otros, se captura a unos cuantos, y mientras tanto se apagan los focos sobre otros crímenes, otras víctimas, otros expedientes abiertos que incomodan demasiado. La justicia, entonces, corre el riesgo de convertirse en una estrategia de distracción.
La justicia no debería servir para distraer. No debería ser una cortina de humo, ni una escoba para barrer el problema debajo del discurso oficial. Su centro no es el culpable: es la víctima. Su finalidad no es el castigo por el castigo mismo: es la reparación del daño, el reconocimiento de la herida, la restitución posible de lo que fue quebrado. Cuando eso se olvida, la justicia se convierte en una máscara del poder.
No basta que busquen delincuentes si la búsqueda es selectiva; no nos basta que castiguen culpables si el castigo funciona como espectáculo; no basta que capturen a alguien si la captura sólo sirve para encubrir otro delito.
Como parece que está ocurriendo, otra vez, en este momento, durante estos días por la captura de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, fue detenido en Ensenada, Baja California por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Ruffo Appel gobernó Baja California entre 1989 y 1995 bajo las filas del Partido Acción Nacional. Es socio de Ingemar, empresa involucrada en una acusación de formar parte de la “red más grande" de contrabando de combustible detectada hasta el momento -según la fiscal Ernestina Godoy-, la cual utilizaba carros tanques de ferrocarril para desarrollar sus operaciones. La organización investigada habría usado 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas. El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la Hacienda pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión de las contribuciones correspondientes”.
Impresionante.
Omar García Harfuch ya declaró que la detención de Ernesto Ruffo “Es una investigación que parte después del aseguramiento de los 33 ferrotanques. El análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logra identificar esta red, que es de las más grandes de contrabando de combustible. Es una investigación de más de un año”, el mismo titular de Seguridad Pública que el 9 de septiembre de 2025, señalara que no se contaba con orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California.
Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras desde el oficialismo se aplaude la acción, una parte de la oposición demanda su liberación inmediata por tratarse de un perseguido político, una parte porque SomosMX calificó el arresto como un “inaudito atropello” y solicitó su inmediata liberación, mientras que la dirigencia nacional del PAN demandó apego estricto al debido proceso y la presunción de inocencia, sin meter las manos al fuego por la inocencia de Ernesto Ruffo. La opinión pública dividida: En plataformas digitales y redes sociales, los usuarios han debatido intensamente entre quienes ven la detención como un acto de justicia largamente esperado contra la corrupción y quienes la consideran una “cortina de humo” política; porque eso es, parte de una estrategia de distracción.
La investigación existe, los indicios son graves y, si los delitos se acreditan, deben sancionarse con todo el peso de la ley. Nada de eso está en discusión. Lo que sí merece ser discutido es el momento político en que esta detención ocupa el centro de la conversación pública. Porque la justicia también puede convertirse en un recurso de comunicación cuando el gobierno necesita desplazar la atención hacia un hecho que nadie pueda dejar de mirar.
Mientras se multiplican las preguntas sobre la entrega a Estados Unidos del piloto de la aeronave en que fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada; mientras siguen apareciendo filtraciones sobre Marina del Pilar; mientras se cruzan acusaciones entre actores políticos de Baja California; mientras la salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República deja más dudas que explicaciones, de pronto el país entero vuelve la mirada hacia la captura de un personaje emblemático. No cancela los otros asuntos. Pero sí modifica la conversación.
Ese es el problema cuando la justicia termina subordinada a la estrategia política: deja de ser un proceso para convertirse en un mensaje. Ya no importa únicamente que se investigue y se sancione un delito; importa el efecto que produce la imagen de la detención, el impacto mediático, el cambio de tema. La justicia deja de responder solamente a los tribunales y empieza a responder también a las necesidades del relato gubernamental. Cuando eso ocurre, incluso una investigación legítima termina contaminada por la sospecha.
Frente a esa manipulación del lenguaje, a los ciudadanos nos queda exigir justicia de verdad. No solo la persecución de responsables, no solo la punición de delincuentes, no solo la puesta en escena de la mano dura. Exigir justicia es exigir verdad, reparación, memoria y consecuencias. Es recordar que el centro no debe ser el culpable, sino la víctima. Y que el fin no es castigar por castigar, sino hacer posible una vida común menos dañada y menos cínica.
Cuando la justicia se utiliza para administrar la conversación pública, deja de ser justicia y se convierte en estrategia. Y un país gobernado por estrategias de comunicación termina acostumbrándose a vivir sin verdad.
Coda. Una captura puede cerrar un expediente. Nunca debería cerrar una conversación.
@edilbertoaldan
