Bajo presión
Marina del Pilar ha confirmado que es su voz, que son sus palabras: “Estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
La respuesta oficial ha sido minimizar lo que a oídos de todos puede ser considerado el delito que ha puesto de moda la Cuarta Transformación para señalar a sus enemigos: traición a la patria.
En bloque el oficialismo, más que defender, parece encubrir a la gobernadora de Baja California. Desde la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el contenido del audio porque ni siquiera se sabe si la gobernadora está hablando con autoridades estadounidenses y, además, Marina del Pilar ya explicó y dejó en claro, a través de un comunicado, “no pone en riesgo absolutamente nada en la seguridad de Baja California”.
En esa misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana minimizó el alcance de la grabación al señalar que en el audio no se “infiere que se vaya a dar información confidencial en las mesas de seguridad de los Estados”, y reiteró que “no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando”, Omar García Harfuch le restó importancia a la información que pudiera ser compartida porque en esas reuniones “participan no sólo las autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria, más no hay una información, como tal, que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso”.
De acuerdo al periodista Juan Ortiz, el audio exhibe cinco puntos graves: 1) Marina del Pilar teme una posible extradición, 2) La gobernadora reconoce reuniones privadas con el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos; 3) Ofrece colaboración con ese país en todo lo que se pueda; 4) Promete información escuchada en las mesas de seguridad; y 5) Abre las negociaciones mediante su abogado Michael Nadler y propone reunirse en México.
Nadie en el gobierno morenita relaciona las conductas de Marina del Pilar con algún delito, no importa que se puedan inferir violaciones al artículo 123 del Código Penal Federal, el que establece qué es traición a la patria (acciones bélicas contra México, asistencia a un Estado extranjero, o privar ilegalmente de la libertad a alguien en territorio nacional para entregarlo a autoridades de otro país), así como a los artículos 54 y 70 de la Ley de Seguridad Nacional de México que establecen directrices sobre la reserva de información y la regulación de funcionarios frente a agentes extranjeros (la obligación de salvaguardar y no difundir información, registros o métodos derivados de operaciones de inteligencia o seguridad nacional; y la exigencia a los servidores públicos de reportar por escrito cualquier contacto o reunión con agentes extranjeros, apegándose a los protocolos de cooperación establecidos).
Ahí está el problema: el espionaje y las filtraciones alimentan la narrativa de que Morena es un narcogobierno. Esa percepción, independientemente de que pueda demostrarse judicialmente, es la que hoy condiciona la conversación pública. En ese contexto, declaraciones como las de Ariadna Montiel o Ricardo Monreal, son de relleno, porque no agregan explicación o justificación alguna a la conducta de Marina del Pilar.
Para desviar la atención, el mismo Ricardo Monreal sugiere a la gobernadora de Baja California que presente una denuncia penal por la filtración por espionaje, ya que augura que en días próximos saldrán más filtraciones, como la que hizo pública el periodista Héctor de Mauleón en El Universal y protagoniza Marina del Pilar; lo que debe ser entendido como una salida alterna para desviar la atención, porque una grabación obtenida mediante espionaje o intervención ilegal no puede ser utilizada por un juez para dictaminar un delito, por tanto, no se cuenta con los elementos suficiente para sentenciar de traidora a la patria a la gobernadora de Baja California.
El problema real no es Marina del Pilar. Si mañana apareciera una prueba irrefutable de su inocencia o, por el contrario, una evidencia que acreditara la comisión de un delito, el daño político ya está hecho. La conversación pública dejó de girar en torno a los programas del gobierno, las reformas o los resultados de la administración federal para concentrarse en una sucesión de filtraciones, presuntos vínculos con el crimen organizado y sospechas de espionaje. Hace mucho que la agenda ya no está en manos de Palacio Nacional; la imponen quienes revelan el siguiente audio, la siguiente fotografía o el siguiente expediente.
¿Quién? pregunta la presidenta, ¿quién es el responsable de las filtraciones?, ¿a quién le interesa? dijo Claudia Sheinbaum que debería interesarle a los periodistas, y sí, los medios, con la debida protección de sus fuentes, podría investigar quiénes están interesados desestabilizar al gobierno con estas revelaciones; pero el gobierno debería estar más interesado en la tarea de contención de ese golpeteo, de una respuesta institucional que no se base en el desmentido o en minimizar los hechos, porque el problema ya no es descubrir quién filtra, sino recuperar la capacidad de fijar la agenda. Cuando un gobierno pregunta quién está imponiendo la conversación, en realidad está reconociendo que dejó de controlarla.
Esa pérdida del control narrativo tiene consecuencias mucho más profundas que un desgaste de imagen. Un gobierno que deja de conducir el debate público comienza también a perder capacidad para ordenar a sus propios cuadros y transmitir certeza. La defensa automática de Marina del Pilar, las explicaciones contradictorias y la improvisación de sus dirigentes reflejan una administración que responde a los acontecimientos en lugar de anticiparlos. Cuando la narrativa deja de ser una herramienta de gobierno, la gobernabilidad comienza a erosionarse.
En ese contexto se entienden las decisiones espectaculares de seguridad. Los golpes contra células del crimen organizado, los operativos de alto impacto y las detenciones mediáticas cumplen una función inmediata: recuperar la iniciativa y demostrar que el Estado conserva el control. Pero esa estrategia tiene un costo previsible. Cada captura importante desencadena reacciones violentas, bloqueos, incendios, asesinatos y nuevas jornadas de terror para la población. Cuando la comunicación política deja de sostener la autoridad, la tentación es sustituirla por demostraciones de fuerza. Ahí es donde la crisis narrativa se convierte en un problema de gobernabilidad.
La oposición seguirá pidiendo licencias, Morena seguirá acusando campañas de desprestigio y los comentaristas continuarán intercambiando insultos. Nada de eso resolverá el problema de fondo. Lo verdaderamente preocupante es que un gobierno que hace apenas unos meses dominaba la conversación pública hoy parece sólo correr detrás de los acontecimientos.
Cuando un gobierno pierde la capacidad de explicar lo que ocurre, termina obligado a demostrar que todavía manda. Ese es el riesgo que enfrenta Claudia Sheinbaum, no el audio de Marina del Pilar, sino la pérdida de la narrativa que sostenía su autoridad. Porque el poder comienza a debilitarse mucho antes de perder las elecciones: empieza cuando deja de decidir de qué habla el país.
Coda. Ningún gobierno cae por una grabación. Tampoco por una filtración. Los gobiernos empiezan a debilitarse cuando cada nuevo audio, cada nueva fotografía y cada nueva revelación los obliga a explicar el pasado en lugar de conducir el futuro.
@edilbertoaldan
