Bajo presión
El poder cree que controlar el relato equivale a controlar la realidad. Desde hace meses, el gobierno federal ha concentrado buena parte de su energía política en rechazar cualquier señalamiento que vincule al Estado mexicano con las desapariciones forzadas. La batalla no se libra en los territorios donde desaparecen personas ni en las oficinas donde se acumulan expedientes sin resolver. Se lucha en las conferencias de prensa, en los comunicados oficiales y en la disputa por las definiciones.
El gobierno se esfuerza en demostrar que México no vive una política de desaparición forzada atribuible al Estado, que los organismos internacionales exageran, que los colectivos de búsqueda magnifican la tragedia, que las cifras están manipuladas, que la oposición intenta convertir el dolor en un argumento electoral. La prioridad es preservar una narrativa antes que reconocer una crisis.
La realidad insiste en desmontar esos discursos.
Mientras el gobierno se concentra en demostrar lo que no es, los hechos revelan aquello que resulta imposible ignorar. Una cosa es establecer la responsabilidad penal de un servidor público y otra muy distinta preguntarse qué ocurre cuando las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos terminan colaborando con quienes los desaparecen.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez quedó registrado prácticamente en tiempo real. Un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio y se la llevó por la fuerza. En el video grabado desde dentro de la vivienda, se ve a los secuestradores rompiendo la puerta con un mazo mientras un hombre, les grita: Hay un menor de edad, hay una bebé, una frase que resume la brutalidad con la que opera el crimen organizado. Durante semanas se desplegaron operativos, promesas y declaraciones. Después llegaron la identificación científica de sus restos y las detenciones.
Lo verdaderamente perturbador no fue únicamente el asesinato de una periodista, fue descubrir que entre los ocho detenidos hay cuatro presuntos operadores del grupo criminal y cuatro detenidos identificados como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes presuntamente brindaron apoyo logístico a la célula criminal responsable del secuestro y del homicidio. La investigación ya no describe solamente a un grupo delictivo. Describe una estructura de poder donde la frontera entre autoridad y delincuencia ha desaparecido. El crimen organizado ya no necesita infiltrarse, cuenta con las condiciones para operar.
Eso es aquiescencia.
No es ordenar un crimen. No es necesariamente ejecutarlo. Es permitir que ocurra, tolerarlo, omitir la obligación de impedirlo o facilitar que otros lo cometan. En materia de derechos humanos, la diferencia entre acción y omisión puede ser determinante para un tribunal; para las víctimas, el resultado es exactamente el mismo.
Por eso la discusión pública ha terminado atrapada en una falsa disyuntiva. Se pretende responder únicamente si el Estado desaparece personas, como si de esa respuesta dependiera la comprensión del fenómeno. La pregunta es legítima, pero insuficiente. Hay otra, quizá más incómoda: ¿qué responsabilidad tiene un Estado que permite que sus propias instituciones colaboren con quienes desaparecen personas?
Ahí comienza el verdadero deterioro del Estado de derecho.
Un Estado no pierde legitimidad porque exista el crimen organizado, la pierde cuando deja de distinguirse con claridad de quienes desafían la ley; cuando algunos de sus agentes utilizan el uniforme para proteger delincuentes en lugar de ciudadanos; cuando la impunidad se vuelve norma y comienza a funcionar como una forma cotidiana de gobierno.
Roxana Guzmán no fue una víctima del azar, conocía ese riesgo. Años atrás había abandonado Veracruz por razones de seguridad. Regresó para fundar un medio de comunicación propio y continuó cubriendo la fuente policiaca en una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo. Su asesinato no fue un hecho aislado ni imprevisible. Ocurrió en un contexto ampliamente documentado de violencia contra la prensa, donde las alertas existían mucho antes que el crimen.
Por eso resulta insuficiente limitar la discusión a identificar quién secuestró, quién disparó o quién ejecutó la orden. Esa responsabilidad corresponde a los tribunales. La responsabilidad política es otra: explicar por qué las condiciones que hicieron posible el crimen siguen intactas; por qué los mecanismos de protección fracasan una y otra vez; por qué las advertencias de periodistas, organizaciones civiles y organismos internacionales terminan siendo más eficaces para describir el problema que las instituciones encargadas de resolverlo.
Entonces aparece una pregunta que las autoridades parecen empeñadas en evitar.
¿Por qué se insiste tanto en negar cualquier vínculo entre el Estado y las desapariciones forzadas?
Porque reconocer la aquiescencia implica aceptar que el problema ya no puede reducirse a la existencia de organizaciones criminales. Obliga a admitir que la crisis también alcanza a las instituciones encargadas de combatirlas. Significa reconocer que el deterioro del Estado mexicano no proviene únicamente de la violencia del crimen organizado, sino de la tolerancia institucional para impedir que esa violencia encuentre protección, complicidad u omisión dentro del entramado institucional.
La degradación del Estado mexicano no comenzó con este gobierno. Tampoco terminará con él, pero se profundiza cuando la prioridad institucional deja de ser corregir las fallas para concentrarse en negar que existen. Cuando se buscan justificaciones antes que soluciones. Cuando la obligación de rendir cuentas se desplaza por la defensa de un discurso.
Cada periodista asesinado representa una derrota para la libertad de expresión. Pero cuando las investigaciones revelan la participación o colaboración de servidores públicos, la derrota deja de pertenecer exclusivamente al periodismo. Se convierte en una derrota del Estado de derecho.
Coda. Mientras el gobierno discute categorías jurídicas, las madres siguen buscando fosas y los periodistas enterrando colegas.
@edilbertoaldan
