Peces de ciudad
Cada cierto tiempo aparecen voces que prometen resolver los problemas de inseguridad mediante la mano dura. El discurso resulta atractivo porque ofrece respuestas simples a problemas complejos: más cárceles, penas más severas, menos derechos para quienes delinquen y una autoridad que actúe sin titubeos. En ese contexto, no sería extraño que algunos actores políticos de Aguascalientes intentaran importar el llamado “modelo Bukele”, presentándolo como la solución definitiva a la violencia y la delincuencia.
Sin embargo, el verdadero peligro no radica únicamente en la construcción de cárceles de máxima seguridad. El riesgo está en la normalización de una visión política que coloca los derechos humanos como un obstáculo, que convierte las garantías constitucionales en un lujo prescindible y que pretende sustituir las instituciones por el culto a un liderazgo fuerte.
La experiencia salvadoreña despierta admiración en muchos sectores debido a la drástica reducción de los homicidios y al debilitamiento de las pandillas. Ese resultado ha llevado a algunos a considerar que cualquier costo vale la pena con tal de recuperar la tranquilidad. Pero una democracia no puede medirse únicamente por sus índices de seguridad. También debe evaluarse por el respeto al debido proceso, la independencia judicial, la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales.
El riesgo para Aguascalientes sería que el debate público dejara de preguntarse cómo fortalecer las policías, mejorar las fiscalías, combatir la corrupción o prevenir la violencia, para concentrarse exclusivamente en quién puede construir la cárcel más grande o imponer el castigo más severo.
La historia demuestra que cuando las sociedades aceptan que las garantías individuales pueden suspenderse para ciertos grupos, tarde o temprano esa lógica termina alcanzando a otros sectores. Hoy pueden ser los presuntos delincuentes; mañana pueden ser los opositores políticos, los periodistas incómodos, los activistas o cualquier ciudadano que resulte incómodo para el poder.
La tentación autoritaria suele presentarse envuelta en discursos de orden, disciplina y eficacia. Es una narrativa poderosa porque apela al miedo y al legítimo deseo de vivir en paz. Pero precisamente por ello exige una ciudadanía crítica que no confunda autoridad con autoritarismo ni seguridad con la renuncia a las libertades.
Aguascalientes necesita políticas públicas firmes contra el crimen, mejores cuerpos policiales, ministerios públicos profesionales, inteligencia financiera y prevención social de la violencia. Necesita instituciones fuertes, no instituciones subordinadas a la voluntad de un solo proyecto político.
La seguridad y la libertad no tienen por qué ser objetivos incompatibles. El desafío consiste en garantizar ambas al mismo tiempo. Cuando un gobierno plantea que la única forma de conseguir seguridad es debilitando los contrapesos democráticos, lo que realmente está proponiendo es cambiar el Estado de derecho por un Estado de excepción permanente.
El verdadero peligro de la ultraderecha hidrocálida no sería únicamente la eventual construcción de cárceles inspiradas en modelos extranjeros. Sería la posibilidad de que, bajo la promesa de combatir la delincuencia, termine arraigándose una cultura política donde el poder deje de tener límites y donde las libertades ciudadanas dependan cada vez más de la voluntad de quienes gobiernan que de la fuerza de la ley.
La historia enseña que recuperar la seguridad puede tomar años. Recuperar las libertades perdidas suele tomar generaciones.
