Una presunta red de "aviadores" que operaba con plazas docentes del Gobierno del Estado de México dejó hasta ahora 26 personas vinculadas a proceso y un posible daño al erario superior a 96 millones de pesos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ejerció acción penal contra 33 ex servidores, servidores públicos y particulares señalados por manipular altas de personal para colocar en nómina a personas que no realizaban las funciones para las que fueron contratadas.
De acuerdo con la investigación, el esquema habría operado al menos desde 2021 mediante plazas de docentes asignadas de manera irregular en la entonces Secretaría de Educación, hoy Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, así como en otras dependencias.
Entre los investigados hay dos ex subsecretarios, ex directores generales, delegados administrativos, directores de área, subdirectores y capturistas que laboraron en Finanzas, Educación, Seguridad, la Oficialía Mayor y la SECTI.
La indagatoria inició tras denuncias presentadas por el Gobierno estatal, luego de detectar 459 movimientos de alta de personal docente en los que los supuestos trabajadores no acudían a laborar o no contaban con soporte documental para ocupar las plazas.
Según la Fiscalía, los involucrados daban de alta a falsos docentes, retenían sus tarjetas de nómina y retiraban los depósitos. A los titulares de las cuentas les entregaban cantidades mínimas, mientras que los operadores de la red se quedaban con la mayor parte del dinero.
En algunos casos, por cada 200 mil pesos cobrados por concepto de salario, los falsos docentes recibían apenas 6 mil pesos, de acuerdo con datos integrados en la carpeta de investigación.
La Fiscalía señaló que tan sólo entre enero de 2025 y febrero de 2026 el esquema permitió obtener ilícitamente más de 96 millones de pesos, aunque el monto podría incrementarse si se acredita que la operación se mantuvo desde 2021.
Como parte del caso, 27 personas fueron detenidas y se les impuso prisión preventiva justificada; 26 ya fueron vinculadas a proceso, una más está pendiente de que se resuelva su situación jurídica y cinco promovieron juicios de amparo contra órdenes de aprehensión.
Los delitos investigados son fraude y abuso de autoridad.
