Este martes se cumple el plazo de 60 días señalado en la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por Estados Unidos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El Gobierno de México no ha ejecutado la orden ni iniciado una investigación en su contra.
De acuerdo con el columnista Salvador García Soto, en su columna: Rocha, prófugo de EU y lo que viene de Washington, la administración estadounidense podría declarar como «prófugos de la justicia» al mandatario estatal y a otros funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el grupo criminal de Los Chapitos, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
García Soto sostiene que la petición de Washington se basa en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, cuyo artículo 11 establece que, ante una solicitud urgente de detención provisional, el país requerido debe adoptar las medidas necesarias para obtener la aprehensión del reclamado.
El Gobierno de México ha rechazado que exista un plazo legal para responder a la solicitud estadounidense y ha insistido en que primero deben presentarse las pruebas que sustenten las acusaciones contra los funcionarios mexicanos.
Según Soto, además de no ejecutar las detenciones solicitadas, tampoco se abrió una investigación por parte de la Fiscalía General de la República para determinar si existían elementos que justificaran un proceso penal en México.
El columnista afirma que, de mantenerse esta situación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría declarar prófugos a los funcionarios que permanecen en territorio mexicano y adoptar nuevas medidas legales, entre ellas la posibilidad de ofrecer recompensas para facilitar su captura.
También señala que la negativa mexicana podría incrementar la tensión diplomática entre ambos países, especialmente en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump mantiene una estrategia de presión contra los cárteles mexicanos y ha anunciado acciones más agresivas en materia de seguridad.
Entre las versiones citadas por el columnista, se menciona que Washington analiza la conformación de una fuerza integrada por elementos de Colombia, El Salvador, Honduras y Ecuador, coordinada por Estados Unidos, para realizar operaciones contra organizaciones del narcotráfico en la región.
La publicación relaciona esta posibilidad con recientes declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que durante su administración los cárteles mexicanos serán considerados objetivos militares y los responsabilizó del aumento de la violencia en su país.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que cada nación debe atender sus propios problemas de seguridad y reiteró que la cooperación entre México y Colombia debe mantenerse dentro de los mecanismos institucionales existentes.
