El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, rechazó de manera categórica las acusaciones de presunta triangulación irregular de fondos públicos en beneficio propio y de su familia, al calificar la denuncia penal como "infundada y temeraria".
La postura del mandatario quedó plasmada en un documento de 254 páginas remitido a la Comisión Anticorrupción del Congreso local, como parte de su defensa dentro del juicio político iniciado en su contra el pasado 12 de junio. Dicho procedimiento fue impulsado por una denuncia de Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena.
En su argumentación legal, el emecista sostuvo que una vez que la administración estatal realiza el pago a un proveedor por un bien o servicio efectivamente recibido, ese capital pierde su naturaleza pública y se transforma en patrimonio privado. Bajo esta premisa, afirmó que los particulares adquieren la propiedad plena de los recursos y mantienen total libertad para disponer de ellos, lo cual incluye el pago de honorarios a despachos jurídicos o de consultoría.
El caso tomó relevancia tras revelarse que Suministro MYR, un proveedor del Gobierno del Estado, presuntamente transfirió millones de pesos mediante su filial, Proveedor de Productos Mexicanos Jace, hacia la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, de la cual son socios el mandatario y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Por su parte, la diputada priista Armida Serrato, presidenta de la Comisión Anticorrupción, señaló que el escrito enviado por el Ejecutivo representa una admisión de los movimientos financieros hacia las firmas legales. Ante este escenario, la mesa de trabajo legislativa aprobó solicitar informes detallados a 69 dependencias federales y estatales sobre contratos con 12 empresas vinculadas, entre ellas Saga Tierras y Bienes Inmuebles, propiedad de la familia de García Sepúlveda.
