Después de 7 años preso, Roberto Borge abandonó esta tarde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos y fue trasladado a una casa del Estado de México, para continuar en prisión domiciliaria el único proceso que hoy tiene pendiente por lavado de dinero.
A pesar de que desde hace casi tres años ya le habían concedido el cambio de medida cautelar en dicho procedimiento penal, fue hasta esta tarde cuando el ex Gobernador de Quintana Roo fue excarcelado, confirmaron fuentes judiciales.
Un Juez de control del Centro del Centro de Justicia de Tepic, Nayarit, llevó a cabo esta madrugada la diligencia de colocación del brazalete electrónico al ex Mandatario de Quintana Roo e instruyó su traslado.
Ante el Juez también se certificó que Borge cubrió una garantía de 10 millones de pesos, otra de las 5 medidas cautelares que le fijaron en el proceso de lavado, en sustitución de la prisión preventiva justificada.
El resto de las disposiciones impuestas son precisamente el resguardo domiciliario, la prohibición de salir del País con la entrega de pasaporte y visa, así como la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con autoridades, partes u ofendidos.
El pasado 28 de mayo el Juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, absolvió a Borge de delincuencia organizada, al concluir que ninguno de los testigos de la FGR declararon que él dirigiera un grupo criminal.
En el caso de lavado, donde aún no le dictan sentencia, desde el 29 de septiembre de 2023 el Juez de control Marco Antonio Beltrán Moreno, del Centro de Justicia de Nezahualcóyotl, le sustituyó la prisión preventiva justificada por las 5 medidas cautelares referidas.
Tras su absolución del mes pasado, en el proceso de lavado ya sólo debía hacer el trámite para cubrir la garantía, contratar la colocación del dispositivo geolocalizador y abandonar el Penal de Morelos para irse a la prisión domiciliaria.
Sin embargo, Carmen Nayelly Ortega Gutiérrez, la Juez de control de Nezahualcóyotl ahora responsable de la causa judicial, se declaró impedida para tramitar el caso por un posible conflicto de interés.
La excusa fue turnada por el juzgador al Tribunal Colegiado de Apelación de la misma ciudad, al que pidió resolverla con carácter urgente, al estimar que "las cuestiones pendientes de resolución podrían incidir en la situación de libertad de la persona imputada".
La juzgadora se declaró impedida con base en en el artículo 212, fracciones II y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La primera fracción señala que los jueces no deben conocer un asunto cuando tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas relacionadas al litigio, como son los abogados defensores.
La segunda establece que el Juez debe excusarse si fue agente del Ministerio Público, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto, o haberlo gestionado o recomendado previamente en favor o en contra de alguno de los interesados.
Al parecer, el Tribunal de Apelación consideró que la juzgadora no debía continuar con el procedimiento y la diligencia de excarcelación la llevó a cabo uno de sus homólogos en Nayarit.
A Borge le iniciaron dos procesos a nivel federal, uno por delincuencia organizada y otro por lavado, relacionados con el remate de predios de las reservas territoriales de Quintana Roo que ocasionaron un daño a las arcas estatales de más de 850 millones de pesos.
El ex Mandatario fue capturado el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero del siguiente año. Siete años y 22 días después, finalmente salió de la cárcel.
