¿Lo dije o lo pensé?
Durante años hemos insistido, con toda razón, en que las escuelas deben contar con mecanismos para denunciar cualquier abuso, acoso o conducta indebida. Los estudiantes, especialmente cuando son menores de edad, necesitan espacios seguros y autoridades dispuestas a escucharlos. Sin embargo, esa obligación no puede significar que una acusación se convierta automáticamente en una sentencia contra el trabajador señalado.
El Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma al Código Penal y a la Ley de Educación para proteger a docentes, directivos y personal administrativo frente a denuncias falsas, amenazas y actos de hostigamiento. La medida parte del problema de queuna acusación sin fundamento puede destruir en unos días una trayectoria construida durante muchos años.
Cuando se señala a un maestro, la información suele circular primero entre padres de familia, grupos de mensajería y redes sociales. En ese momento, poco importa que todavía no exista una investigación o que no se hayan presentado pruebas. El nombre queda expuesto, aparecen los comentarios y se forma un juicio público. Si posteriormente se determina que la acusación era falsa, la aclaración rara vez recibe la misma atención que el señalamiento inicial.
Por eso, la reforma parece necesaria. Los trabajadores de la educación también tienen derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y a que su integridad personal y profesional sea protegida. Ser maestro no implica renunciar a esos derechos ni aceptar que cualquier inconformidad pueda convertirse en una acusación penal o en una campaña de desprestigio.
No obstante, la aplicación de la reforma deberá realizarse con mucho cuidado. Una denuncia que no logra comprobarse no necesariamente es falsa. Puede haber casos en los que una víctima no cuente con suficientes pruebas, tenga dificultades para explicar lo sucedido o enfrente miedo y presión durante el procedimiento. Para sancionar a una persona deberá demostrarse que actuó deliberadamente, que conocía la falsedad de los hechos y que buscaba perjudicar al trabajador.
También se debe de cuidar que estas disposiciones no sean utilizadas para intimidar a estudiantes o padres de familia que quieran presentar una queja legítima. Los canales de denuncia deben permanecer abiertos y ofrecer garantías para todas las partes. Proteger al maestro no puede significar desproteger al alumno, así como proteger al alumno tampoco debe justificar la condena anticipada del maestro.
La reforma atiende una problemática que afecta el ambiente escolar y el ejercicio de la docencia. Hoy muchos profesores sienten que una llamada de atención, una calificación baja o un conflicto cotidiano puede terminar fuera del plantel, amplificado en internet, sacado de contexto y presentado como una conducta grave. En esas condiciones, algunos optan por evitar cualquier decisión que pueda provocar una inconformidad, aunque sea necesaria para la formación del estudiante.
La educación necesita docentes responsables y autoridades que investiguen con seriedad. También necesita estudiantes protegidos y familias que puedan expresar sus preocupaciones. Alcanzar ese equilibrio será la verdadera utilidad de esta reforma. Ni impunidad para quien cometa un abuso ni tolerancia para quien invente una acusación. La justicia debe proteger a todos, pero también exigir responsabilidad a todos.
