La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Durango denunció que integrantes de los sectores comercial, industrial y de transporte en el estado son coaccionados para vender sus bienes muebles e inmuebles a precios irreales, además de ser forzados a asignar ingresos y utilidades a "grupos alternos".
La cúpula empresarial en la entidad señaló que diversos sectores productivos han sido obligados a ceder sus patrimonios debido a un escenario de "cooptación institucional y el debilitamiento de instituciones y del Estado de Derecho".
"El despojo de propiedades y las ventas bajo amenaza no solo son delitos graves, sino que destruyen la confianza empresarial; ninguna economía prospera si la propiedad privada depende de la fuerza y no de la ley", indicó el organismo patronal en un pronunciamiento.
"Detrás de cada patrimonio arrebatado hay generaciones de esfuerzo que no debemos normalizar", señaló al sostener que las extorsiones y despojos han alcanzado una escala estructural.
De acuerdo con el documento, la reciente movilización de fuerzas de seguridad federales en el territorio estatal abre una oportunidad para romper el silencio sobre estas afectaciones patrimoniales "y dialogar sobre un problema largamente callado por temor".
Ante este escenario, el presidente de Coparmex Durango, Francisco Esparza Martell, convocó a cerrar filas en defensa del trabajo lícito.
"La sociedad civil organizada, cámaras, organismos de la sociedad civil y colegios de profesionistas a cerrar filas en defensa del estado de derecho, del trabajo lícito y el patrimonio familiar", es el llamado.
Asimismo, exhortó a los tres órdenes de gobierno a diseñar mecanismos de denuncia segura y confidencial, y urgió a las instituciones estatales a abrir mesas de diálogo para restituir los bienes a sus legítimos dueños.
"Las sociedades prosperan cuando la ley es más fuerte que el miedo. Coparmex Durango refrenda su compromiso de impulsar la justicia, la seguridad y la certeza jurídica para todos los duranguenses", afirmó.
El pronunciamiento empresarial se emite tras recientes acciones militares en la región, donde en los operativos del Ejército han sido aseguradas varias propiedades que fueron despojadas por el crimen organizado a sus propietarios originales.
Entre estos despliegues destaca el aseguramiento por parte del 78 Batallón de Infantería de la ex hacienda de San Lorenzo Calderón -un inmueble histórico de 30 hectáreas en el municipio de Durango-, cuyo propietario original, Jaime Muguiro Peña, había denunciado el despojo desde hace dos años. En dicho sitio se decomisaron armas y ocho vehículos de lujo abandonados por civiles armados.
A la par de las acciones del narcotráfico, las autoridades ministeriales indagan redes de cuello blanco dedicadas al despojo legal de propiedades.
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) confirmó la captura de Joaquín "N", notario público de la capital, y de Juan Antonio "N", Notario Público Número 15 de Gómez Palacio, ambos acusados de participar en esquemas de fraude inmobiliario, uso de documentos falsos y suplantación de identidad para concretar la venta irregular de inmuebles sin el consentimiento de sus dueños legítimos.
La presión del crimen organizado en el corredor que conecta la capital del estado con Parral también se ha visto reflejada en la captura de objetivos de alto perfil.
Entre ellos se encuentra Leonel García, alias "El 40", identificado como uno de los líderes de la organización delictiva "Los Cabrera", quien a inicios de este mes fue detenido por la Guardia Nacional en el poblado de Casa Blanca tras un enfrentamiento armado. Esta célula criminal es vinculada por agencias internacionales con el Cártel de Sinaloa y mantiene actividades ilícitas en la zona serrana y comercial de la entidad.
