Aguascalientes, AGS; El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes manifestó su preocupación por la reciente reforma aprobada en el estado que contempla sanciones para determinadas denuncias contra personal educativo y modifica el alcance de algunas medidas preventivas durante los procesos de investigación.
A través de un posicionamiento público, el OVSG consideró que los cambios podrían generar efectos negativos en el acceso a la denuncia y en la protección de niñas, niños, adolescentes y estudiantes que enfrentan situaciones de violencia dentro de los espacios escolares.
El observatorio señaló que durante años estudiantes, familias, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos han impulsado mecanismos para visibilizar conductas que históricamente fueron ignoradas o minimizadas dentro de las instituciones educativas, lo que ha permitido la creación de protocolos y herramientas para atender y proteger a las posibles víctimas.
Si bien reconoció que la presunción de inocencia constituye una garantía fundamental que debe ser protegida por el Estado, sostuvo que también es indispensable garantizar el acceso a la justicia y el derecho de las personas a denunciar hechos de violencia sin temor a represalias, estigmatización o procesos de revictimización.
De acuerdo con el posicionamiento, existe preocupación de que la reforma pueda inhibir la presentación de denuncias, especialmente en casos relacionados con hostigamiento sexual, acoso, violencia psicológica o abuso de poder, donde frecuentemente los hechos ocurren sin testigos y la denuncia representa el primer paso para activar mecanismos de protección e investigación.
La organización también defendió la permanencia de medidas preventivas contempladas en diversos protocolos de actuación, pues estas no constituyen sanciones anticipadas contra las personas denunciadas, sino herramientas destinadas a salvaguardar la integridad de quienes podrían encontrarse en situación de riesgo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Asimismo, el observatorio cuestionó que, en un contexto donde el sector educativo enfrenta problemáticas relacionadas con carga laboral, recursos limitados y otras necesidades estructurales, se impulse una reforma que podría debilitar la cultura de la denuncia en lugar de fortalecer las condiciones para garantizar espacios educativos seguros.
En el posicionamiento se sostuvo que la historia de la violencia en los entornos escolares ha estado marcada principalmente por el silencio, el miedo y la impunidad, más que por la existencia de denuncias falsas. Por ello, hizo un llamado a revisar los alcances de la reforma, reforzar los protocolos de atención a la violencia y asegurar que ninguna disposición limite el derecho de las personas a denunciar posibles conductas constitutivas de delito.
Finalmente, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes reiteró que la protección de niñas, niños, adolescentes y estudiantes debe mantenerse como eje central de cualquier política pública relacionada con los espacios educativos y advirtió que los avances alcanzados en materia de prevención y atención de violencias no deben retroceder.
