La diputada local en Sinaloa, la priista Paola Gárate Valenzuela, obtuvo una suspensión de plano y de oficio por parte de una jueza federal, medida que obliga a las corporaciones de seguridad a instrumentar esquemas de protección urgentes para ella y su familia ante las amenazas de muerte recibidas en su entidad.
El mandato judicial es el resultado de un juicio de amparo indirecto promovido por la legisladora sinaloense.
La orden vincula de manera directa a la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para subsanar las omisiones preventivas en el caso.
A sus redes sociales, esta tarde subió un video grabado a las afueras de la Fiscalía General de la República, donde la representante popular formalizó una denuncia y confirmó la notificación de la suspensión de la judicatura federal.
"Tuvimos algunas dificultades, pero bueno, ya está firmada y está recibida (...) hacerles saber que muy contenta porque un juez de distrito ha otorgado la suspensión a través de un amparo que tuvimos que presentar el día de ayer", expuso.
Su equipo técnico detalló que el mandato implica la asignación de resguardo personal continuo, mecanismos de auxilio inmediato y patrullajes en su domicilio.
Gárate Valenzuela expuso que recurrió a la justicia federal debido a que la procuración de justicia en el ámbito estatal no mostró contundencia para salvaguardar su integridad física, situación que la obligó a trasladarse temporalmente a la capital del país.
"El miércoles 17 de junio, presenté una demanda de amparo indirecto, para que se me otorgaran medidas de protección urgentes, ante las amenazas e intimidaciones de las que he sido sido objeto en Sinaloa", comunicó.
La legisladora priista adelantó que interpondrá ampliaciones al juicio de amparo con la finalidad de que las medidas de bioseguridad ordenadas por la jueza federal se extiendan también a los integrantes de su equipo de colaboradores en el Congreso de Sinaloa.
"Y lo vamos a ampliar para que también el equipo esté protegido. Estamos haciendo lo conducente de manera legal. La razón nos asiste por eso vamos a estar defendiéndonos", advirtió.
La situación de riesgo para la abogada y legisladora escaló la noche del 10 de junio en Culiacán, cuando personas desconocidas dejaron un arreglo floral fúnebre con su nombre inscrito afuera de una vivienda, lo que motivó la intervención inicial de las fuerzas armadas.
El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, declaró el martes pasado desde Palacio Nacional que se había sugerido a la afectada formalizar las denuncias locales y que el trámite hasta ese día no se había registrado, afirmación que la diputada desmintió al asegurar denuncias previas.
La legisladora criticó que los primeros ofrecimientos de seguridad del Estado limitaran el acompañamiento a sus agendas oficiales o traslados, argumentando que el ejercicio de representación ciudadana en las comunidades no se rige bajo un horario de oficina.
Gárate Valenzuela cuenta con antecedentes de violencia en la entidad, entre los que se enlistan una privación ilegal de la libertad por civiles armados en el proceso electoral de 2021 y el despojo violento de su vehículo en el sector de La Costerita en octubre de 2025.
