Bajo presión
En apenas unas horas millones vieron el video de la influencer surcoreana Yoon Su-jin en la que se quejaba de discriminación. Un mexicano aparecía detrás de ella haciendo un gesto racista. En tiempo récord internet ya había encontrado su nombre, su ocupación, su cargo y su trayectoria profesional.
La sanción social fue inmediata. La condena pública también. La presidenta Claudia Sheinbaum intervino desde la conferencia matutina para condenar el racismo. El aficionado pidió disculpas. Renunció a la presidencia de una organización profesional. Caso cerrado.
No minimizo el acto, con todo y que solamente sea un jalarse los ojos, el racismo merece ser señalado y combatido. Me llama la atención otra cosa: la extraordinaria capacidad colectiva para identificar a una persona cuando existe voluntad social para hacerlo.
Si ciudadanos comunes pueden identificar a personas específicas mediante videos de celular, perfiles públicos y fotografías compartidas, ¿por qué las instituciones son tan torpes cuando se trata de investigar hechos mucho más graves? Como el llamado Bloque Negro.
Desde hace años participan en manifestaciones públicas. Son fotografiados, grabados, sus acciones aparecen en transmisiones en vivo. Existen cientos, quizá miles de horas de material audiovisual. Se les atribuyen actos de vandalismo, daños a inmuebles públicos y privados, enfrentamientos recurrentes con cuerpos de seguridad. Sin embargo, siguen apareciendo en el discurso oficial como una especie de fenómeno meteorológico.
El bloque negro aparece, rompe, desaparece, regresa, vuelve a romper, y nadie sabe quiénes son, mientras que un grupo que opera desde hace años en espacios públicos permanece rodeado por una conveniente neblina burocrática. Curioso, por decir lo menos.
No es un problema tecnológico. Es un problema de prioridades. El Estado mexicano, cuando le conviene, encuentra. Por eso resulta tan reveladora la declaración de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respecto a las madres buscadoras que viajaron a la Ciudad de México durante el Mundial: “Algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de estos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”. Sorprenden las prioridades, lo importante es identificar quiénes las apoyan antes que buscar forma de apoyar a estas víctimas en su propósito. Eso envía una señal.
En el Ángel de la Independencia, Madres buscadoras fueron agredidas por tres jóvenes. Les arrebataron una lona para protegerse de la lluvia. Las ofendieron. Un reportero que intentó intervenir fue golpeado.
México acumula más de 133 mil personas desaparecidas. Miles de familias buscan a sus hijos con recursos propios. Decenas de miles de cuerpos sin identificar bajo resguardo institucional. En este escenario, una de las preocupaciones inmediatas del gobierno fue averiguar quién financió el traslado de las madres buscadoras y, hay que recordarlo, señalar a quien se le hizo chistoso rasgarse los ojos.
Una realidad paralela. Las madres preguntan dónde están sus hijos y la autoridad cuestiona quién les pagó el autobús. Las madres preguntan quién desapareció a sus familiares, y el gobierno pregunta quién organizó la movilización. Un desplazamiento extraordinario del foco. La discusión deja de estar en las víctimas para concentrarse en quienes acompañan a las víctimas.
El problema para el gobierno no son los desaparecidos, es quién se atreve a recordarnos que existen desaparecidos. Ante la agresión violentísima que sufrieron por parte de tres jóvenes, de la que hay imágenes, videos, testimonios, el gobierno guarda silencio y, de nuevo, manda una señal, rasgarse los ojos es gravísimo, nos hace quedar mal con las visitas, a las víctimas las podemos esconder bajo el tapete.
Cuando Ulises Bernal hizo un gesto racista hacia una influencer surcoreana, las redes sociales lo identificaron en horas, lo obligaron a disculparse en 1 día y lo destituyeron en dos. Cuando Liel, Aarón y Abraham arrebataron la lona de madres buscadoras para cubrirse de la lluvia, las insultaron como “putitas buscadoras” y agredieron físicamente a un reportero que les reclamó, las redes también los identificaron en 24 horas... hasta ahora, sin consecuencias, una de las causas, la falta de empatía del gobierno, es evidente, no es lo mismo perder un hijo que hacer un chiste discriminatorio.
Antes que un comentario sobre la agresión a las madres buscadoras, un gesto mínimo empático, en la conferencia matutina, gracias a la lambisconería de un “periodista” aliado al régimen, la presidenta presume niveles de aprobación cercanos al 71 por ciento.
La cifra no importa, tampoco si refleja con precisión el respaldo ciudadano a su gobierno, hay preguntas que ninguna encuesta puede responder: ¿Por qué las redes sociales son más eficaces para identificar responsables que las autoridades encargadas de hacerlo? ¿Cómo llegamos al punto en que un escándalo viral recibe respuestas más rápidas que una agresión contra madres buscadoras? ¿Qué motiva el comentario sobre un gesto ofensivo en un estadio antes que sobre los agresores a quienes esperan encontrar a sus hijos?
El problema no es la velocidad de las redes, es que las instituciones se acostumbraron a reaccionar únicamente cuando internet les marca la agenda. Cuando eso ocurre, la justicia deja de obedecer a la gravedad de los hechos y sólo obedece, por conveniencia, a la intensidad del escándalo, la autoridad sustituye justicia por linchamiento digital, está perdida la dimensión de lo que juzgamos: un gesto discriminatorio no es moralmente semejante a una agresión física y verbal, pero las redes las tratan igual. Sin embargo, lo que decide atender la autoridad es lo llamativo, lo que atrae al usuario común y corriente, porque está urgido de su atención, porque considera prioridad subirse al a los trending topics.
Esto no es justicia social. Es política de comunicación institucional ante fenómenos que la rebasan.
El dato más inquietante de estas historias no es que las redes sociales identifiquen personas más rápido que las autoridades. Tampoco que un gesto racista provoque una reacción institucional inmediata mientras una agresión contra madres buscadoras apenas merezca silencio. Lo verdaderamente inquietante es la escala moral que estamos construyendo. Cuando la autoridad comienza a perseguir escándalos en lugar de perseguir delitos, deja de gobernar la realidad y empieza a administrar tendencias.
Tenemos un gobierno que encuentra tiempo para condenar un gesto, pero no para acompañar a unas madres buscadoras. Una autoridad más interesada en saber quién pagó un autobús que en explicar dónde están 133 mil desaparecidos. Una sociedad que iguala un acto discriminatorio con una agresión física porque ha perdido la brújula ética de lo importante y cuando la busca en la autoridad sólo recibe respuesta a lo chistoso y banal.
Coda. Cuando una presidenta encuentra tiempo para condenar un gesto, pero no para abrazar a unas madres buscadoras, el problema ya no es el racismo. Es la escala moral del poder.
@edilbertoaldan
