Aguascalientes, AGS; El presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Salvador Farías Higareda, hizo un llamado a la ciudadanía para promover amparos en contra de la obligación de registrar las líneas telefónicas móviles, al considerar que la medida representa riesgos para la privacidad de las personas y genera dudas sobre la capacidad de las autoridades para proteger la información recabada.Durante una rueda de prensa organizada por el Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA), el abogado cuestionó la viabilidad de concentrar datos personales de millones de usuarios en una sola base de información, advirtiendo que en México existen antecedentes de filtraciones y uso indebido de datos sensibles.Farías Higareda señaló que la protección de la privacidad constituye un derecho constitucional y consideró que los ciudadanos cuentan con elementos legales para impugnar la disposición mediante la vía del amparo.Indicó que uno de los principales riesgos es la vulnerabilidad de las bases de datos gubernamentales o privadas, recordando casos en los que información personal ha sido obtenida de manera ilícita y posteriormente utilizada para cometer fraudes o engaños.Asimismo, cuestionó la efectividad de este tipo de registros como herramienta para combatir la delincuencia, pues en el país persisten deficiencias en otros sistemas de control e identificación de bienes y contribuyentes.Asimismo, expresó su preocupación por las posibles repercusiones económicas que una regulación de este tipo podría generar para las empresas de telecomunicaciones y para los usuarios que utilizan esquemas de telefonía de prepago.Farías Higareda sostuvo que antes de implementar mecanismos de control que impliquen la recopilación masiva de datos personales, las autoridades deben garantizar plenamente la seguridad de la información y la existencia de protocolos confiables para evitar filtraciones o usos indebidos.Finalmente, reiteró que desde el Colegio de Abogados se brindará orientación jurídica a las personas interesadas en promover recursos legales contra la medida, ya que existen argumentos constitucionales relacionados con la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios.
