El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rechazó los señalamientos derivados de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que vincula a empresas encargadas de la seguridad de las terminales aéreas con presuntos integrantes de una red de tráfico de armas investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).
En una tarjeta informativa difundida este lunes, el Grupo Aeroportuario Marina negó "categóricamente" que en el AICM se permita la comisión de cualquier ilícito y aseguró que, tras revisar los expedientes de contratación, no encontró elementos que acrediten vínculos irregulares de las empresas señaladas al momento en que fueron adjudicados los contratos.
La respuesta surge luego de que MCCI reveló que las compañías SERPROSEP y Armour King, responsables de la vigilancia de puntos de inspección y salas de espera de las terminales 1 y 2 del aeropuerto, han tenido entre sus socios, accionistas o representantes a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias "Yoryi", y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga.
De acuerdo con la investigación, ambos fueron identificados por la FGR como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de armas e hidrocarburos y vinculada con Raúl Rocha Cantú, empresario dueño de Miss Universo. Alberts Ponce incluso cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos, según la acusación federal.
Los contratos para la seguridad de las terminales fueron otorgados por la Secretaría de Marina por más de mil 194 millones de pesos.
Ante estos señalamientos, el Grupo Aeroportuario Marina sostuvo que SERPROSEP fue constituida originalmente por Alberts Ponce y Sainz de la Maza, pero aseguró que ambos transmitieron la totalidad de sus acciones a terceros mediante una asamblea celebrada el 10 de septiembre de 2024, por lo que, afirmó, ya no formaban parte de la empresa cuando se realizó la contratación.
Respecto de Armour King, la autoridad aeroportuaria aseguró que no localizó referencias a dichas personas como accionistas, administradores o representantes sociales en la documentación revisada.
Además, señaló que existe una empresa adicional encargada de supervisar los servicios de seguridad contratados en el aeropuerto.
La Marina había adelantado el pasado 6 de junio que revisaría la información publicada y que, en caso de detectarse irregularidades, daría vista a los órganos fiscalizadores correspondientes. Sin embargo, en su posicionamiento de este lunes sostuvo que los procedimientos de contratación cumplieron con los requisitos legales y que permanecerá atenta a cualquier investigación que realicen las autoridades competentes.
