Un Juez federal absolvió a Roberto Borge del delito de delincuencia organizada, por lo que el ex Gobernador de Quintana Roo (2011-2016) abandonará la cárcel y continuará su otro proceso por lavado de dinero en prisión domiciliaria, en un inmueble del Estado de México.
Gustavo Alonso Ortiz, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, con sede en Xochitepec, dictó ayer la sentencia absolutoria al ex Mandatario, al considerar que la FGR no acreditó el ilícito.
"Emití fallo de absolución a favor de Roberto Borge Angulo, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", dice el acuerdo de Alonso, quien emitió la sentencia en calidad de tribunal de enjuiciamiento.
El ex Gobernador priista abandonará el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) de Ayala, en Morelos, después de 5 años, 11 meses y 23 días de reclusión.
Con el fallo, el quintanarroense logró evadir el caso más grave que le imputaba la Fiscalía General de la República (FGR) pues, de haber sido hallado culpable, su condena habría ascendido de 20 a 40 años de prisión.
En contraste, en el otro proceso por lavado, en caso de demostrarse su plena responsabilidad, la pena oscilaría de los 5 a 15 años de cárcel.
Si bien el Juez Alonso Ortiz ordenó su inmediata libertad, Borge no gozará en lo inmediato de ese derecho, porque tiene otro proceso pendiente por lavado de dinero.
Desde noviembre de 2023, el ex Mandatario consiguió en esa otra causa penal la prisión domiciliaria con el uso de brazalete electrónico y el pago de una garantía de 10 millones de pesos.
Fuentes allegadas al caso indicaron que se espera que en las próximas horas Borge sea trasladado a un inmueble en un municipio del Estado de México, conurbado a la capital del País, donde cumplirá con la medida cautelar.
Borge fue capturado el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero de 2018. Desde entonces, estuvo internado en el penal de Morelos.
Las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero contra Borge, si bien se judicializaron y procesaron por separado, se basan en los mismos hechos.
La FGR sostiene en ambos asuntos que Borge se aprovechó de su investidura gubernamental para rematar a amigos y familiares 22 predios de las reservas del Estado en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, ocasionando un quebranto de 900.9 millones de pesos a las arcas de Quintana Roo.
Según la acusación, el valor real de los inmuebles era de mil 138.8 millones de pesos y el de venta fue de 238.7 millones de pesos. La diferencia es el monto que dejó de percibir Quintana Roo, lo que constituye un daño patrimonial.
El delito de delincuencia organizada fue fincado con base en la presunción de que Borge lideró una organización criminal para enajenar dichos bienes en forma ilegal, mientras que el lavado por presuntamente participar en las operaciones de los recursos provenientes de la compra de dichos terrenos.
En el fuero común, le iniciaron tres procesos, pero actualmente ya fue absuelto de todos.
