Imposición

Para garantizar la paridad de género en el proceso electoral del 2027, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes impuso a los partidos postular únicamente a mujeres en las candidaturas a las alcaldías de los municipios que jamás han sido gobernados por una mujer: Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María y Rincón de Romos.

En la misma sesión se aprobaron otros criterios también relacionados con la paridad de género, como que las fórmulas de las candidaturas se conformen con personas del mismo género, con la posibilidad de inscribir a una candidatura del género femenino como suplente de una candidatura propietaria asignada a una persona del género masculino; en las postulaciones a diputaciones locales se deberá garantizar que el 50% de las candidaturas sean destinadas a personas del género femenino; y en las plantillas para los Ayuntamientos deberán alternar los géneros de las personas inscritas, lo mismo en la integración de los listados de diputaciones por representación proporcional. Además, el IEE clasificará los 18 distritos electorales en bloques de competitividad (alto, medio alto, medio bajo y bajo) para que los partidos políticos postulen a mujeres en regiones de rentabilidad política para integrar el Congreso del Estado.

Los partidos políticos presentes en la sesión rechazaron los lineamientos acusando al IEE de ejercer una sobrerregulación que vulnera el derecho a la libre autodeterminación y conformación interna de los partidos, en defensa de estos lineamientos, la consejera electoral Hilda Hermosillo señaló que desde que “el principio de paridad de género fue elevado a rango constitucional, este ha avanzado a pesar de la resistencia partidista aferrándose al estado de las cosas, donde existe un monopolio del poder, dominado por el género masculino. Desde 1954, más de un centenar de hombres ha gobernado los municipios de Aguascalientes ¿saben cuántas mujeres lo han hecho desde ese año? solamente 10”.

En la sesión el IEE también aprobó auditorías periódicas a los partidos para obligarlos a cumplir con destinar el 3% de su presupuesto al fortalecimiento del liderazgo político femenino y la prevención de la violencia política contra las mujeres, la consejera Hilda Hermosillo indicó que hay un elevado índice de incumplimiento, tan sólo el año pasado, solamente 6 partidos de 10 cumplieron con esta norma.

El diagnóstico es acertado, la dominación del poder por parte del género masculino es innegable, sin embargo, la intención de remediar esa situación es burda e irresponsable ya que el análisis se limita a dividir por género, sin considerar cualquier otra diferencia que haya entre mujeres y hombres

La imposición de cuotas no desmonta por sí sola las estructuras que históricamente han excluido a las mujeres del poder, sólo las maquilla. El problema nunca ha sido únicamente cuántas mujeres llegan, sino bajo qué condiciones llegan, a quién representan y qué intereses terminan administrando. La política mexicana ya demostró que la simulación puede disfrazarse de avance: candidaturas colocadas para obedecer cacicazgos familiares, esposas, hermanas o hijas utilizadas como extensiones del poder masculino; mujeres obligadas a renunciar para devolver el cargo al suplente hombre; liderazgos auténticos desplazados por figuras decorativas seleccionadas desde las dirigencias partidistas, entre muchos otros problemas que se encubren por la ausencia de mecanismos para impulsar el liderazgo femenino.

Reducir la discusión democrática a una aritmética de género termina convirtiendo la paridad en una coartada burocrática. Los partidos no están formando cuadros femeninos ni transformando sus prácticas internas; apenas están administrando restricciones legales para conservar cuotas de poder. Por eso resulta ingenuo asumir que obligar candidaturas femeninas en ciertos municipios producirá automáticamente gobiernos más incluyentes o más sensibles a las desigualdades. La corrupción, el autoritarismo, el clientelismo y la incapacidad administrativa no distinguen género.

Peor aún, el criterio aprobado por el IEE parece partir de una lógica paternalista: como si las mujeres necesitaran una reserva territorial garantizada para competir. Y no. Lo que evidencia la ausencia histórica de alcaldesas en municipios como Calvillo o Jesús María no es incapacidad femenina, sino la cerrazón de los partidos políticos, que durante décadas han protegido intereses masculinos locales, grupos empresariales, cacicazgos regionales y pactos familiares. Para enfrentar ese problema se requiere  democratizar la vida interna de los partidos, transparentar sus procesos de selección y romper las redes de complicidad que convierten las candidaturas en herencias políticas. Eso es mucho más difícil que emitir lineamientos.

Además, existe una contradicción evidente, al mismo tiempo que el IEE presume criterios progresistas reconoce que los partidos incumplen incluso con el mínimo 3% destinado al liderazgo político femenino. Es decir, ni siquiera hacen lo básico para construir liderazgos reales y permanentes. Se castiga el síntoma mientras se tolera la enfermedad.

La paridad tendría sentido como instrumento para ampliar derechos, no como mecanismo para sustituir la decisión ciudadana o intervenir de manera excesiva en la vida partidista. Cuando la autoridad electoral deja de arbitrar para comenzar a diseñar candidaturas, el riesgo es terminar confundiendo representación con ingeniería electoral. Y eso también es una forma de imposición.

Podrías cerrar con algo así, para llevar la crítica hacia el vacío de fondo en la discusión pública:

Al final, el problema de la política en Aguascalientes no es únicamente quién ocupa las candidaturas, sino la mediocridad con que se seleccionan. Si el debate público se reduce a distinguir entre hombres y mujeres, se omite hablar de la preparación, capacidad, trayectoria, honestidad o resultados. Los partidos siguen postulando personajes improvisados, herederos de grupo, operadores electorales o figuras construidas desde la mercadotecnia, siempre que cumplan con la cuota requerida. La democracia termina convertida en un trámite estadístico donde importa más el género del candidato que sus méritos para gobernar. Esa es quizá la forma más peligrosa de simulación: aparentar progreso sin exigir calidad.

Coda. Una democracia donde el mérito es secundario y la simulación cumple con todos los requisitos legales, termina produciendo gobiernos perfectamente paritarios y perfectamente mediocres.

@aldan