La Administración Trump deportó a más de 4 mil 353 cubanos de Estados Unidos a México entre enero de 2025 y marzo de 2026, muchos de los cuales han quedado abandonados a su suerte en Tapachula y Villahermosa, sin acceso a servicios básicos, advierte un informe de Human Rights Watch (HRW).
El reporte "Nos abandonan aquí a morir" documenta los abusos del Gobierno estadounidense, en particular la violación del derecho al debido proceso, contra cubanos y nacionales de otros países deportados a México --que sumaron en el periodo más de 13 mil---, así como las precariedades de la estancia en este País.
"Muchos deportados cubanos se encuentran atrapados en un limbo legal, dado que el Gobierno cubano se niega a recibirlos y México no les ofrece vías efectivas para obtener la residencia permanente", indica.
"Las autoridades mexicanas no ofrecen prácticamente ningún apoyo institucional a estas personas, lo que deja a muchos en situación precaria de falta de acceso a vivienda, alimentación o atención médica adecuada".
Human Rights Watch entrevistó a 53 nacionales de terceros países deportados desde EU a Tapachula y Villahermosa, en el sureste mexicano, entre ellos 41 hombres cubanos.
La mayoría de los cubanos habían vivido en EU, principalmente en Florida, durante años o décadas. Muchos habían establecido negocios, eran propietarios de viviendas y habían dejado a sus familias en EU, tenían 60 años o más y padecían enfermedades crónicas.
"Los nacionales de terceros países deportados a México no cuentan con un estatus migratorio claro en el país, con acceso efectivo al sistema de refugio mexicano u a otras formas de protección, ni con una vía para la integración legal y social permanente en México", detalla el informe.
"Algunas de las personas entrevistadas se vieron obligadas a vivir en la calle al llegar y, al momento de la entrevista, dormían frente a hospitales o en parques".
Al continuar aceptando deportaciones sin ofrecer a estas personas un acceso efectivo al refugio u otras vías para obtener la residencia permanente en el país, remarca HRW, México los está dejando, en la práctica, en un limbo legal indefinido.
