Carlos Darío fue puesto en libertad el viernes 22 de mayo, luego de dos semanas dentro del reclusorio de Aguascalientes. El activista fue detenido el 8 de mayo, presuntamente, por delitos contra la propiedad privada durante las manifestaciones en contra de la visita de Isabel Díaz Ayuso; agentes de la Fiscalía acudieron a su domicilio y, sin orden de aprehensión, se lo llevaron con violencia; tres días después le informaron a su madre que estaba en el CERESO varonil con una acusación por posesión de drogas y nexos con el crimen organizado.
El domingo se tenía planeada una marcha para exigir la libertad de Carlos Darío, misma que fue cancelada tras su liberación; desde el momento de su detención, su familia y defensa denunciaron las irregularidades cometidas por la autoridad.
En el video en que su madre anunció la liberación de Carlos Darío se hicieron varios señalamientos graves: “Mi hijo está muy bien dentro de todo, pero tiene muchos daños psicológicos por tortura”, Rosa Elena afirmó que cuando lo torturaron le preguntaron por las personas que estuvieron en la manifestación, le sacaron su teléfono, sus contactos, lo cuestionaron sobre quiénes eran los del colectivo donde milita, “le dijeron que nos iban a descuartizar, ¿es posible tanta maldad de este gobierno?, ¿o de quién es esta maldad, del fiscal o de sus trabajadores, de los ministeriales?”.
La detención no tuvo nada que ver con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, se apuraron a señalar los defensores de oficio gubernamentales, el seguimiento a la protesta y denuncias de la familia por parte de la mayoría de la prensa fue más bien tibio, la mayor parte de las novedades se difundieron a través de las redes sociales de amigos y organizaciones de la sociedad civil; a la prensa tradicional le preocupa molestar al gobierno, así que minimizaron el asunto.
En el ámbito político no le fue mejor a estas denuncias, en Aguascalientes la oposición sólo sabe verse el ombligo y, desde hace mucho, no acompaña causas o movimientos que no se traduzcan en votos, desde las protestas estudiantiles hasta Salvemos La Pona, pasando por los animalistas; no por nada se dejó sola a la familia de Carlos Darío, mejor manipular a los ciudadanos que sufren por la calidad de los servicios, el estado de las calles y la falta de agua, consideran que es más simple traducir el malestar social en una pancarta e interrumpir sesiones de Cabildo que ofrecer los recursos con que cuentan al servicio de víctimas de otros delitos.
El panismo en la entidad lleva demasiado tiempo acostumbrado al servilismo, a recibir instrucciones acerca de lo que pueden decir o no, como partido han olvidado que se deben a la sociedad antes que al contentillo del grupo en el poder, ese partido lleva más de una década lejos del sentir ciudadano, confiado en la aplanadora electoral que levantó Teresa Jiménez Esquivel no trae el pulso de lo que ocurre en la calle, temeroso de que no les toque una rebanada del pastel, cualquier queja la convierten en crítica de la que se debe defender a la autoridad.
No por nada, Javier Luévano al referirse al caso de Carlos Darío señaló que había inconsistencias en los señalamientos de los familiares, según el dirigente del PAN porque no hubo concordancia entre el día de la manifestación y el de la detención, acostumbrado la defensa irracional, aseguro que era posible que existiera otro motivo de fondo y defendió que en Aguascalientes la libertad de expresión está garantizada; la pobre idea que Javier Luévano tiene sobre la libertad lo llevó a reducir ese derecho a los berrinche de la regidora Martha Márquez y sus constantes interrupciones en las sesiones de Cabildo.
En el video en que informaron sobre la liberación de Carlos Darío, fue inevitable que la madre hiciera referencia a esa lectura politiquera del dirigente panista, Rosa Elena subrayó que su hijo fue liberado por la presión social y al PAN le dejó claro que tienen pruebas de que fue torturado, que su detención fue por la manifestación, “y ni digan nada si no quieren que la gente deje de votar por ustedes” concluyó.
A varios días de la liberación de Carlos Darío, la Fiscalía General de Aguascalientes no ha ofrecido información oficial sobre los señalamientos realizados por los familiares del joven. Si bien hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para revisar el actuar de los policías ministeriales, ese organismo tampoco ha difundido información alguna que permita saber que sí está actuando y no es una comisión más al servicio del gobierno.
El silencio cómplice de la clase política exhibe la altura de miras de quienes detentan un cargo público, también de quienes aspiran un cargo público, porque el caso de Carlos Darío no tendría que dividirse entre simpatías partidistas o antipatías ideológicas. No se trata de si el joven es incómodo, radical o estridente; tampoco de si quienes marcharon contra Isabel Díaz Ayuso exageraron o se excedieron en las consignas. Es algo mucho más elemental: ninguna autoridad puede detener a una persona sin orden judicial, desaparecerla durante días, sembrar acusaciones, amenazar a su familia y después guardar silencio como si nada hubiera ocurrido.
Eso es lo que pretende esquivar la clase política local. Prefieren discutir las formas de la protesta antes que responder a las acusaciones de tortura. Les resulta más cómodo desacreditar a un activista que explicar por qué terminó en el CERESO acusado de delincuencia organizada para luego salir libre sin que nadie ofrezca una explicación convincente. Porque si lo que denuncian la familia y la defensa de Carlos Darío es cierto, entonces no estamos frente a un exceso aislado, sino ante el uso del aparato de justicia como mecanismo de intimidación política.
La apuesta es al desgaste, a que el tema desaparezca del ciclo de noticias y quede reducido a una discusión de redes sociales; las autoridades confían en que la mayoría de los medios harán lo de siempre: bajar la mirada, repetir boletines y esperar a que llegue el siguiente escándalo. La oposición sólo calcula costos electorales, por justa que sea, no van a pelear una batalla que no les produzca rentabilidad inmediata.
No acabamos de entender lo profundamente peligroso que es normalizar estos hechos. Hoy fue Carlos Darío, mañana puede ser cualquier ciudadano que incomode al poder, participe en una protesta o simplemente se encuentre del lado incorrecto de una autoridad acostumbrada a actuar sin rendir cuentas. Cuando el miedo sustituye a la legalidad, el mensaje es brutalmente claro: protestar tiene consecuencias.
La liberación de Carlos Darío no cierra el caso, apenas lo abre. La pregunta sigue intacta: ¿quién va a responder por las acusaciones de tortura, amenazas y detención arbitraria? En Aguascalientes ya se volvió costumbre que las autoridades exijan confianza ciega mientras esconden información, y que la clase política confunda gobernabilidad con silencio.
Coda. En Aguascalientes el poder no necesita justificar sus excesos, basta con esperar a que los de siempre los minimicen, los administren o los conviertan en disputa partidista. La impunidad también tiene voceros.
@aldan
