Rioverde, SLP.- Tras dos años de encontrarse "empantanado" el expediente de una denuncia por violencia familiar y amenazas, este viernes se llevó a cabo apenas la primera audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rioverde. Ante la dilución del proceso, familiares y colectivos se manifestaron a las afueras de las instalaciones para exigir justicia y demandar que se detenga el influyentismo.
Ruth Reyna Rosas, víctima directa y denunciante, solicitó de manera pública el respaldo de las autoridades estatales, acusando que su ex-pareja sentimental utiliza sus influencias como antiguo elemento de la Policía de Investigación (PDI) para bloquear la acción de la justicia.
“Interpuse la denuncia penal hace dos años por violencia familiar y amenazas. Debido a que mi ex-pareja trabajó en la Policía de Investigación, él presume tener muchos contactos y favores dentro de la corporación, lo que ha provocado que la carpeta no avanzara en lo absoluto”, denunció la afectada.
La afectada narró el calvario institucional que ha tenido que padecer solo para lograr que el juez citara a las partes a una audiencia inicial. A lo largo de estos 24 meses, tanto ella como su hijo menor de edad, familiares y amigos cercanos, han sido blanco de acoso constante e incertidumbre legal por parte del agresor.
“Él es una persona sumamente violenta. He vivido con miedo desde entonces, si es que a eso se le puede llamar vivir”, puntualizó con impotencia, al manifestar su profundo cansancio ante la apatía de las autoridades ministeriales.
Añadió que es sumamente desgastante para las víctimas tener que recurrir a la protesta social y a la toma de oficinas para ser escuchadas. "Mi vida corre peligro, la vida de mi hijo y la de mi familia están en riesgo. Yo también merezco ser escuchada; así como él anda libre y tranquilo por la calle, yo merezco recuperar mi tranquilidad, algo que desde hace dos años no conozco".
Reyna Rosas reveló una grave irregularidad procesal al interior de la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Media: las evidencias contundentes que presentó originalmente no fueron integradas al expediente, situación de la que se percató tras cambiar de asesoría legal.
“La carpeta estaba completamente detenida; de hecho, el agente fiscal la tenía archivada de forma oculta en su propio escritorio como para no ejercer la acción penal. Cuando tuve acceso directo al expediente físico, me di cuenta de que no tenía anexadas mis pruebas y que supuestamente 'no sabían dónde estaban'. Todo esto es derivado de los contactos y favores que mi agresor mantiene vigentes dentro de la Fiscalía”, concluyó.
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